Los contratos de formación se blindarán para evitar que sean una vía de precarización


En el transcurso de las últimas semanas, la contratación ha sido uno de los temas principales sobre los que ha versado la negociación de la reforma laboral. De entre las distintas modalidades, la relacionada con la formación ha centrado los encuentros más recientes, como el de este miércoles. Sin embargo, según confiesan fuentes cercanas al diálogo social, tanto protagonismo no tiene que ver con lejanía alguna entre las posturas de Gobierno, sindicatos y patronal, sino más bien todo lo contrario. Las mismas fuentes confirman que solo restan algunos flecos para terminar de acordar el esquema final de estos contratos, y que este nunca ha sido uno de los puntos de mayor fricción entre las partes.

Los de formación representan una modalidad de contratación de uso casi residual en comparación con los indefinidos y los temporales. Según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), en 2020 se contabilizaron 155.100, apenas el 0,96% del total. ¿Por qué tanto revuelo entonces? ¿Para qué tanta reunión? Desde el comienzo de las negociaciones en la bancada sindical ha existido el temor de que las empresas, una vez vieran limitadas las circunstancias en las que poder contratar de manera temporal, pudieran utilizar los acuerdos formativos como vía de flexibilización laboral. Sin embargo, desde Trabajo aseguran que ese temor es infundado, ya que en ningún momento de las conversaciones se han dado pasos que permitieran ningún tipo de precarización de estos acuerdos laborales. “Sería, además, instrumentalmente muy complicado para las empresas”, detallan. “Lo que estamos intentando es que se asimilen lo máximo posible al resto de contratos”, añaden.

En la última propuesta sobre tipos de contratos, los formativos ―regulados en el artículo 11 del Estatuto de los Trabajadores―, se determinan una serie de requisitos para su utilización y que han suscrito conjuntamente sindicatos y Gobierno. Es el caso de la limitación a un máximo de dos años —la mitad de lo que se establece en estos momentos—; que el tiempo de trabajo efectivo no sea superior al 65% de la jornada (el primer año) y que las empresas que se acojan a esta modalidad tengan que inscribirse en un registro público.

Algunos flecos

A pesar de que no han trascendido los detalles finales del marco definitivo, fuentes conocedoras de la negociación reconocen que “solo quedan algunos flecos”, alrededor de cuestiones periféricas sobre estos contratos y esperan que estas se resuelvan próximamente. La siguiente reunión de la mesa para la modernización del mercado de trabajo en la que se dirime la derogación de la reforma laboral de 2012 está programada para el viernes. Pese a esta cercanía, teniendo en cuenta que la negociación se ha de resolver como un todo, es decir, no valen acuerdos puntuales sobre apartados concretos, es probable que una vez superada la pantalla de los contratos formativos se continúe adelante sin necesidad de trasladar la consolidación de esta materia.

Aunque los contratos formativos ocuparon gran parte de la reunión del miércoles, en ella se abordó de nuevo el problema de la temporalidad, aunque en este punto las diferencias son todavía notables. De hecho, fuentes cercanas al diálogo social indican que las negociaciones sobre cómo remediar el abuso de la eventualidad siguen adelante, y aunque el tiempo para determinar el nuevo marco de relaciones laborales es cada vez menor ―Europa exige que esté listo antes del 31 de diciembre― hay margen para lograr un pacto.

Desde que el Gobierno presentó hace dos semanas su propuesta para los nuevos ERTE estructurales ―que recibió el rechazo unánime de sindicatos y empresarios― no se han puesto encima de las mesas nuevas propuestas referentes a este apartado o a ningún otro. Fuentes cercanas al diálogo social señalan que las modificaciones que se recogen desde todas las partes se amparan en los textos ya presentados y “sobre ellos se van realizando anotaciones”.


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