El Instituto Nacional Electoral (INE) entregó este jueves a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) una solicitud de mil 738 millones 947 mil 155 pesos para sumarlos a los recursos con los que ya se cuenta para realizar la revocación de mandato.
Durante una sesión extraordinaria de la Junta General Ejecutiva, el secretario ejecutivo del INE, Edmundo Jacobo Molina, señaló que se deberán hacer diversas adecuaciones a proyectos y tomar las decisiones que se requieren para cumplir, en la medida de las posibilidades institucionales y con los recursos disponibles, con la organización de la revocación de mandato, por lo que en la solicitud se pide que se responda antes del 31 de enero de 2022.
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En cualquier sentido que sea la respuesta de la SHCP dijo, ya sea negando la ampliación u otorgándola, o bien haciendo una ampliación parcial de los recursos que se le han solicitado, el INE tendrá que conocer y aprobar puntos de acuerdo para hacer efectiva la revocación, la cual “se hará con los recursos con que cuente finalmente el INE”, indicó.
El oficio de notificación firmado por el secretario ejecutivo del INE, propone a la Secretaría de Hacienda una calendarización para la ministración de los recursos que va de febrero a mayo de 2022.
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Ayer miércoles, el consejo general del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó por unanimidad solicitar a la Secretaría de Hacienda mil 738 millones de pesos que necesita para llevar a cabo la revocación de mandato.
En sesión extraordinaria se dio a conocer que el INE tiene un plan para reducir los costos del ejercicio 588 millones de pesos, lo que se suma a una bolsa de ahorros que ha realizado la autoridad electoral y que ya cuenta con mil 503 millones de pesos.
“Derivado de todos estos ajustes que se proponen se ahorrarían 588 millones de pesos adicionales para el proceso de revocación de mandato, que junto con casi mil 503 millones de pesos que se tenían previstos suman un total de dos mil 91 millones de pesos; resultado esto de múltiples esfuerzos institucionales que implican un aumento en las cargas de trabajo en las diversas áreas del instituto”, dijo la consejera Dania Ravel.
A pesar de esto, el árbitro electoral requiere mil 738 millones de pesos para llevar a cabo el ejercicio.
El consejero José Roberto Ruiz Saldaña dijo que ya no hay tiempo para mayores modificaciones presupuestales ni para otros cambios, pues “se comprometería ya de manera significativa el éxito de los resultados, hasta el momento no están comprometidos, pero podría decir que estamos operando al límite”.
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El consejero Ciro Murayama dijo que la ampliación servirá para garantizar que se instalen 161 mil casillas, pero si el gobierno “se rehúsa a dar recursos, no va a ser posible tener las 161 mil casillas. Con las suficiencias propias del INE estaremos en alrededor de un tercio de esa cifra”.
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