Pablo Iglesias, entonces líder de Podemos, en un acto público en un polideportivo de Gijón, el 5 de abril de 2019.J. L. CEREIJIDO (EFE)
El caso Neurona afronta otra fecha clave. Antes del 28 de enero, el magistrado Juan José Escalonilla debe decidir si amplía el plazo máximo previsto para la instrucción abierta contra Podemos, que vence ese día. Según fuentes jurídicas, el juez ha preguntado a las partes su posición sobre la prórroga de unas pesquisas que mantienen imputado al partido y que se han desinflado. Tras nacer como una macrocausa, esta se ha reducido de forma drástica: solo queda activa una de las siete líneas de investigación que acumuló. Y, sobre esa única parte a la que no se ha dado carpetazo, que se centra en la contratación de la consultora mexicana Neurona para las elecciones generales de abril de 2019, la Fiscalía comienza también a dejar caer sus reticencias.
En un escrito del 3 de enero, el ministerio público considera ya acreditado que Neurona desplazó a empleados a España para ayudar con la campaña y que ejecutó trabajos encargados por Podemos, de cuya existencia dudó el juez en un primer momento al calificar el contrato como “simulado”. De hecho, el magistrado ha dado por probado también que se prestaron parte de esos servicios y encargó ahora una pericial —cuyo resultado está pendiente— para ponerles un precio y compararlo con los 363.000 euros que se abonaron. Una iniciativa a la que no se ha opuesto la Fiscalía, que respalda agotar la investigación, pero a la que ve escaso futuro: “Entendemos que la formación puede contratar con los proveedores que considere oportuno y es posible que no pueda determinarse con fiabilidad el coste”, dice.
De esta forma, la acusación pública pincha aún más la burbuja del macrocaso Neurona, que infló un antiguo abogado de Podemos, José Manuel Calvente, en verano de 2020, cuando se plantó ante Escalonilla para relatar toda una batería de supuestas irregularidades que la justicia ha ido descartando. Un testimonio que el ministerio público siempre ha cuestionado por basarse solo en “rumores, sospechas o suspicacias”.
El contrato bajo sospecha. Tras escuchar a Calvente, el juez dio luz verde a unas amplias pesquisas con diversas líneas de investigación. Pero, en año y medio, el ministerio público solo ha apoyado indagar acerca de una de ellas: la del contrato con Neurona, la única que sigue abierta. Y nunca por lo dicho por el exabogado del partido, sino por los recelos que mostró el Tribunal de Cuentas después de que el partido lo presentase como gasto electoral. La Fiscalía admite en su extenso escrito del 3 de enero que existían “dudas fundadas sobre la realidad del contrato”, pero en ese mismo documento repasa todas las pruebas practicadas en este tiempo y la mayoría de las cuales respaldan la tesis defendida por el partido.
Por ejemplo, la acusación pública descarta que se contratase a otros proveedores para ejecutar el trabajo de campaña que se pagó a la consultora. También destaca un informe de la policía sobre los metadatos de 304 vídeos, 709 imágenes y 69 documentos que concluye que la mayoría se crearon y modificaron en campaña, por trabajadores de Neurona y en husos horarios del continente americano. La fiscal enumera, a su vez, declaraciones de empleados de Podemos que afirmaron que la empresa mexicana “trasladó trabajadores a España para prestar servicio”, que también considera acreditado de forma paralela por las pesquisas sobre sus llegadas en avión y los lugares donde se hospedaron. Y, además, basándose en otro informe de la policía sobre los chats de Telegram de K. G., el ministerio público afirma que esta empleada fue designada por la formación para la intermediación diaria con Neurona y que mantenía una “comunicación fluida” con dicha compañía.
La inexistente caja b. Tras abrirse la investigación, Podemos denunció que se le trataba de equiparar con las prácticas corruptas del PP que la justicia da por probadas. Calvente narró al juez el supuesto desvío de dinero de la caja de solidaridad del partido, un fondo al que los cargos donan parte del sueldo para fines sociales y que la derecha calificó como caja b; aseguró que se pagaron sobresueldos a la gerente y al tesorero; y afirmó que se inflaron los costes de la obra de la nueva sede. Sobre todo ello se abrieron diferentes líneas de investigación y, tras la práctica de numerosas indagaciones, el juez terminó por archivarlo todo por no encontrar ningún tipo de indicio de delito. Una conclusión que la Fiscalía ya había avanzado desde el principio.
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No se ha acreditado “distracción del dinero destinado a la ejecución de las obras de rehabilitación”, acabó concluyendo Escalonilla sobre la reforma de la nueva sede en enero de 2021, apenas un mes antes de que el PP se sentara en el banquillo de la Audiencia Nacional por pagar con dinero negro de su caja b las obras de Génova 13, como consideró probado el tribunal el pasado octubre. El magistrado también dio carpetazo a otras tres líneas de investigación: sobre el contrato firmado con la consultora ABD Europa para las elecciones de abril de 2019; sobre el supuesto desvío de los fondos que el partido destinaba al proyecto Impulsa, a través del cual ayudaba a colectivos sociales; y sobre el presunto acceso de la cúpula sin permiso al disco duro de una empleada. No había nada.
El partido pedirá el cierre de la causa tras año y medio
Podemos pedirá al magistrado Juan José Escalonilla que, tras año y medio, no prorrogue el plazo de instrucción, según confirman fuentes del partido. La formación sostiene que la ley permite al juez dar por acabada la investigación y quedar a la espera de practicar y recibir las indagaciones que ya se aprobaron —como la pericial sobre los trabajos de Neurona y la comisión rogatoria que la Audiencia de Madrid ha ordenado enviar a México para interrogar a dos empleados de la consultora—. Todo ello, antes de decidir si archiva el caso o procesa a alguien. Por ejemplo, en esa situación se encuentra actualmente la investigación abierta en la Audiencia Nacional sobre el pago de mordidas a la caja b del PP por parte de empresarios a cambio de adjudicaciones de obra pública: el juez Santiago Pedraz decidió cerrar estas pesquisas el pasado julio pese a que aún le faltan por llegar informes de Hacienda. En este sentido, de querer seguir adelante, fuentes de Podemos defienden que el juez debería especificar qué indagaciones faltan que justifiquen la prórroga del plazo.
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