Más de tres años después de que EL PAÍS arrancara una larga investigación periodística sobre los casos de abusos sexuales silenciados durante decenios por la Iglesia católica, España seguirá al fin la estela de varios países de su entorno y tendrá una comisión independiente que investigará en profundidad las violaciones a menores realizadas en la más absoluta impunidad y jamás investigadas a fondo por los obispos.
Si el PSOE logra sacar adelante en el Congreso la iniciativa que ya tiene redactada, y que se registrará esta semana y se votará en las próximas, España podrá lograr el hito alcanzado en Francia, donde una comisión independiente estimó que al menos 216.000 menores habían sido abusados por unos 3.000 religiosos desde 1950.
La gran diferencia es que en Francia fue la propia Iglesia quien promovió esa comisión, y en España será La Moncloa, después de meses de publicaciones en EL PAÍS que concluyeron con un dosier con 251 casos inéditos que este diario entregó al Papa Francisco y al presidente de la Conferencia Episcopal, Juan José Omella. Lo hará a través de una proposición no de ley en el Congreso que encomienda al Defensor del Pueblo la elaboración de un detallado informe sobre “las denuncias por abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia católica y el papel de los poderes públicos”.
La iniciativa plantea que el Defensor tenga el respaldo de una “comisión independiente de asesoramiento”, que estará integrada por expertos, representantes de administraciones públicas, de asociaciones de víctimas y de la propia Iglesia. El informe, cuando esté concluido —en Francia la comisión tardó casi tres años en terminar los trabajos— se debatirá en el pleno del Congreso e incluirá recomendaciones de cambios para evitar que estos abusos se repitan en el futuro y sobre todo que puedan realizarse en total impunidad como hasta ahora.
Esta propuesta del PSOE, que espera contar con los votos necesarios para su aprobación en el Congreso, es diferente a la que está registrada en el Congreso por varios grupos progresistas, entre ellos el de Unidas Podemos, y que plantea una comisión de investigación en las Cortes. Los socialistas confían en convencerles de que su opción es mejor.
En Francia también hubo una petición para que hiciera algo similar el Senado, pero este lo rechazó porque algunos casos estaban judicializados y fue la propia Iglesia la que, ante la presión por los escándalos, decidió poner la cuestión en manos de expertos independientes. En Bélgica, por el contrario, sí se hizo en el Congreso aunque de forma descafeinada por la búsqueda del equilibrio de todo el arco parlamentario.
El equipo más cercano de Sánchez en La Moncloa, con Félix Bolaños a la cabeza, ha estudiado todos los casos en países cercanos y las posibilidades de investigación en España y ha llegado a la conclusión de que el Congreso no sería un buen lugar para un proceso tan delicado sobre todo para las víctimas, y menos en el actual ambiente de crispación política. El PNV ya planteó una salida similar, fuera del Congreso.
En La Moncloa creen que será mucho más útil y permitirá huir del espectáculo mediático y centrarse en las víctimas una comisión de expertos independientes amparada por una institución reconocida y pactada entre los dos grandes partidos como el Defensor del Pueblo, que tiene en la cúpula a un socialista como Ángel Gabilondo y dos adjuntos, uno promovido por el PP y otro por Unidas Podemos.
Uno de los debates internos en el Gobierno estos días era si la cuestión se debía ampliar a todos los abusos a menores para no centrarse solo en la Iglesia, pero finalmente han optado por concentrarse en las violaciones de religiosos que es una cuestión especialmente sensible y con características propias. En Francia de hecho se concluyó que era algo sistémico dentro de la propia Iglesia.
El PSOE no se sumará así a la iniciativa de la comisión de investigación en el Congreso que, por tanto, no tiene ninguna posibilidad de salir adelante, y tratará de convencer a sus socios de la mayoría de que investidura de que esta solución es mucho más eficaz y respetuosa con las víctimas.
Fuentes del Ejecutivo señalan que hay algunas que sí están dispuestas a hacer público su caso y estos días lo están contando en varios medios de comunicación, como el escritor Alejandro Palomas, a quien Pedro Sánchez recibió en La Moncloa el pasado jueves. Pero hay otras muchísimas que seguramente no querrían comparecer en un Parlamento con la presión mediática que eso supone y preferirán la discreción de una comisión de expertos amparada por el Defensor del Pueblo.
Evitar el circo
El Gobierno ya venía interesándose por la cuestión de los abusos en la Iglesia tras las investigaciones de EL PAÍS, y de hecho Félix Bolaños trasladó la preocupación del Ejecutivo al cardenal Omella, pero la sobrecogedora entrevista en la Cadena SER de Palomas, premio Nadal y reconocido escritor, ha sido decisiva para precipitar los acontecimientos. Unidas Podemos, ERC y Bildu presentaron su iniciativa de la comisión de investigación, y el PSOE admitió desde el principio que estaba estudiando alguna fórmula para investigar, pero evitando que la comisión se convirtiera “en un circo”.
Una de las cuestiones que también distingue el planteamiento del PSOE del de los grupos que promovieron la comisión de investigación en el Congreso es que La Moncloa, que ha inaugurado justo en estas semanas una nueva etapa de mejores relaciones con la Conferencia Episcopal, tiene mucho interés en incluir a la Iglesia en esta investigación. Quiere lograr que se implique a fondo y pueda salir de la opacidad con la que ha tratado el asunto hasta ahora para optar por una colaboración completa como la de los obispos franceses.
Para conseguirlo, la iniciativa que presentarán los socialistas incluye una propuesta a la Iglesia para que incorpore al experto que quiera a los trabajos de la comisión. Así podrá participar y aportar la información interna que ya tienen trabajada y no entender que se trata de una iniciativa contra la institución. Al contrario, la idea es que sirva para ayudar a que la Iglesia resuelva un enorme problema que tiene en su seno, algo que entendieron con claridad los obispos franceses.
En las conversaciones con el Gobierno, los obispos señalan que ellos tienen su propia investigación interna, aunque hasta ahora no ha habido ningún resultado significativo y varias diócesis mantienen una opacidad absoluta e incluso se negaron en todo momento a facilitar información a EL PAÍS al menos de cuántos casos estaban investigando.
Sánchez estuvo recientemente en la sede de la Conferencia Episcopal con el cardenal Omella, una visita inédita en un presidente del Gobierno, para tratar de fortalecer las relaciones con la Iglesia, perjudicadas por varios desencuentros.
Los expertos independientes que elaborarán el informe con el apoyo de la estructura del Defensor del Pueblo no están aún elegidos. Será un proceso cuidado, pero fuentes del Ejecutivo señalan que la idea inicial es que haya fiscales, psicólogos, y profesionales especializados en este tipo de casos. En España los números que han aparecido hasta ahora y los de las víctimas que se han puesto en contacto con EL PAÍS son muy bajos en comparación con esos 216.000 que se calcularon en Francia. Sin embargo, los expertos están convencidos de que las cifras serán similares en todos los países con gran implantación de la Iglesia católica.
Investigación independiente
El jesuita alemán Hans Zollner, uno de los mayores expertos mundiales en abusos y el hombre de confianza del papa Francisco en su afán por luchar contra ellos, señalaba ayer en EL PAÍS que la lógica apunta a que los números reales serán similares en España y Francia. “Con un cierto margen, en los últimos 20 años hemos tenido siempre investigaciones que sitúan a entre el 3% y el 5% de sacerdotes acusados, no condenados, de abusos cometidos en los últimos 75 años en varias partes del mundo”, aseguraba Zollner, que animaba a la Iglesia española a promover una investigación independiente que ahora hará el Defensor del Pueblo.
La proposición no de ley marca la línea de cómo debe ser esa comisión que asesorará al Defensor del Pueblo y cuáles serían sus objetivos. “El Congreso de los Diputados encomienda al Defensor del Pueblo, Alto comisionado de las Cortes Generales para la defensa de los derechos fundamentales, que proceda a elaborar un informe sobre las denuncias por abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia católica y el papel de los poderes públicos, con el apoyo de una comisión independiente de asesoramiento formada por expertos, representantes de las administraciones públicas, de las asociaciones en defensa de los afectados, así como de la propia Iglesia católica, con el objetivo de contribuir a la determinación de los hechos y responsabilidades, a la reparación de las víctimas, y a la planificación de las políticas públicas orientadas a la prevención y atención de los casos de abusos sexuales sobre niños, niñas y adolescentes en el seno de la Iglesia católica. Tal informe será finalmente remitido, con sus conclusiones y recomendaciones, a las Cortes Generales y al Gobierno de España, para la adopción de las medidas necesarias en orden a cumplir con aquel objetivo”, señala el texto.
Esta investigación se producirá por tanto al margen de los procesos judiciales que hay en marcha. De hecho, la fiscal general, Dolores Delgado, dio la orden a todos los fiscales de promover investigaciones sobre posibles delitos sexuales en el seno de la Iglesia. La comisión de investigación seguirá sus trabajos al margen del éxito de la justicia en la persecución de estos crímenes.
La coalición progresista promovió una ley, apelada Rhodes por el pianista británico residente en España abusado de niño, que amplía muchísimo la prescripción para evitar la impunidad. Aun así, desde el punto de vista penal son procesos muy complejos de hacer tantos años después de producirse el delito.
Por eso muchos expertos recomiendan una comisión independiente que analice todos los casos posibles y extraiga conclusiones. Después de años de silencio e impunidad, y tras una larga investigación de EL PAÍS que no se detiene —siguen llegando casos a la redacción— al fin España se colocará al nivel de los países de su entorno en este desgarrador episodio de su historia reciente.
Si conoce algún caso de abusos sexuales que no haya visto la luz, escríbanos con su denuncia a abusos@elpais.es
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