Las protestas de centenares de camioneros canadienses contra la vacunación obligatoria que mantienen bloqueados la capital del país y que han cortado el principal paso fronterizo a EE UU se han convertido en una patata caliente para el Gobierno de Justin Trudeau. La presión también llega desde Estados Unidos, donde la Administración de Joe Biden insta a Ottawa a adoptar medidas urgentes para poner fin a una crisis en la que también participan grupos diversos que se oponen a las restricciones derivadas de la pandemia. El autodenominado convoy de la libertad está provocando pérdidas millonarias para los dos países vecinos y está afectando especialmente a la industria automotriz.
Canadá impuso el 15 de enero la vacunación obligatoria para los camioneros que cruzan frecuentemente a Estados Unidos; Washington puso en marcha la misma medida una semana después. Centenares de transportistas condujeron hasta la capital para mostrar su rechazo, mientras distintas agrupaciones apoyaban sus reclamaciones. Las protestas también tuvieron lugar en algunas capitales provinciales (como Quebec, Toronto o Winnipeg), pero solo Ottawa —donde se declaró el estado de emergencia el pasado domingo— ha quedado paralizada.
La revuelta ciudadana en Canadá ha inspirado la convocatoria de protestas similares en Francia, Bélgica o Australia, donde las autoridades tratan de evitar a toda costa esas marchas.
La mayoría de expertos coincide en que las autoridades de Ottawa cometieron un grave error al autorizar el acceso a zonas céntricas de centenares de camiones. Más de 400 vehículos de gran tonelaje permanecen en la ciudad, bloqueando distintas vías, y los comerciantes afectados exigen ser indemnizados. La policía de la capital ha detenido al menos a 25 personas e impuesto cientos de multas de hasta 1.000 dólares canadienses (690 euros). Los agentes de seguridad tratan de encontrar un modo de evitar que los camioneros reciban los suministros necesarios para poder permanecer instalados en la ciudad. El jefe de la policía municipal, Peter Sloly, ha afirmado que necesita en torno a 1.800 agentes más para poder controlar la situación. La Policía Montada de Canadá ha enviado a 250 de sus miembros a Ottawa, que se suman a los 120 que ha desplegado la Policía Provincial de Ontario. El alcalde, Jim Watson, ha explicado que ninguna compañía de remolques ha querido ayudar a retirar los camiones por miedo a sufrir represalias.
El jueves, Trudeau convocó al gabinete de crisis (Grupo de Respuesta de Incidentes) para acabar con “los bloqueos ilegales”. El primer ministro liberal ya advirtió el miércoles de que haría “todo lo posible para poner fin” a las protestas. El viernes, aseguró a Biden que su Gobierno “va a poner punto y final” al bloqueo del principal paso terrestre entre los dos países.
En Washington, los secretarios de Estado de Seguridad Nacional y Transporte, Alejandro Mayorkas y Pete Buttigieg, respectivamente, han reclamado a sus homólogos canadienses que empleen “todos los recursos federales necesarios” para desbloquear los pasos fronterizos afectados por la protesta. La Casa Blanca también ha ofrecido que funcionarios estadounidenses ayuden a Ottawa a poner fin al bloqueo, que está teniendo “graves efectos en la economía estadounidense” y causando “una creciente preocupación” en Estados Unidos.
Los manifestantes han mantenido bloqueados tres pasos fronterizos con EE UU, entre ellos, el puente Ambassador, que une Windsor (Ontario) con Detroit (Míchigan) y que es la principal vía comercial entre los dos países norteamericanos. En la tarde del viernes, un Tribunal de Ontario ordenó el levantamiento del bloqueo de ese cruce, según anunció el alcalde de Windsor, Drew Dikens. “Se concede el requerimiento judicial. El juez dictaminó que los manifestantes deben marcharse antes de las 19.00 (hora local)”, escribió en su cuenta de Twitter. Más del 25% del comercio bilateral pasa por este puente (entre 8.000 y 10.000 camiones al día); una infraestructura neurálgica sobre todo para la industria automotriz. Toyota suspendió la producción en sus instalaciones de Ontario, mientras que Ford la ha ralentizado en su fábrica de Míchigan. La gobernadora de Míchigan, Gretchen Whitmer, ha reclamado que el Ejecutivo de Trudeau “haga todo lo necesario para resolver la situación de manera rápida y segura”. Este viernes, Ontario también declaró el estado de emergencia.
La Alianza Canadiense de Camiones, opuesta al convoy de la libertad, calcula que más del 85% de los transportistas que cruzan regularmente a territorio estadounidense están vacunados. Sin embargo, los camioneros reacios a la inmunización no bajan la guardia. Además, el movimiento de protesta está integrado por grupos heterogéneos. Frédérick Nadeau, investigador del Centro sobre Fundamentalismos Religiosos, Ideologías Políticas y Radicalización, comenta la notable presencia de grupos de extrema derecha entre los autores de los bloqueos: “Hay varias corrientes. Por ejemplo, movimientos de corte identitario, cristianos fundamentalistas, militantes a favor de la independencia de la provincia petrolera de Alberta, adeptos a teorías de la conspiración”. Nadeau añade que estos colectivos llevan años difundiendo sus ideas, pero que “la pandemia y las medidas sanitarias han sido terreno fértil para ellos”. Edwin Hodge, profesor de Sociología en la Universidad de Victoria, declaró a la radiotelevisión pública (CBC): “Grupos extremistas están capitalizando la frustración de las personas que se oponen a la vacunación de los camioneros”.
La policía de Ottawa ha señalado que algunas tácticas empleadas por los manifestantes reflejan “un grado de organización inquietante”. La cadena CTV News mostró que algunas personas que han actuado en las redes sociales como portavoces del movimiento son exmilitares. Los organizadores del convoy de la libertad no han respondido a las preguntas formuladas por este diario.
Otro asunto que plantea muchas preguntas es la financiación de las protestas. GoFundMe —una plataforma digital para recaudar fondos— retiró una campaña que había superado los 6,9 millones de euros, con el pretexto de evitar mayores molestias para los residentes de Ottawa. Sin embargo, se han abierto otras vías de financiación online. Un comité parlamentario que investiga la recaudación de fondos para el convoy de la libertad ha señalado que existen indicios de que gran parte del dinero proviene del exterior, sobre todo de donantes estadounidenses. “Es una cuestión que tiene que ver con interferencia extranjera y la seguridad nacional”, afirmó Marco Mendocino, ministro de Seguridad Pública.
Este jueves, Candice Bergen, líder interina del Partido Conservador de Canadá, pidió por primera vez que terminen los bloqueos. La crisis también ha sacudido estas semanas a la formación tory, principal partido de la oposición. Erin O’Toole fue destituido como líder del partido el pasado día 2, en parte por las críticas a su tibieza con las demandas de los camioneros. Varias formaciones, como el Nuevo Partido Democrático y el Bloque Quebequés, han criticado a Trudeau por haber tardado en enviar refuerzos.
La policía de Ottawa ha señalado que contempla la posibilidad de que intervenga el Ejército. Sin embargo, Trudeau ha descartado esa opción por el momento. Los manifestantes sostienen que no recularán hasta que se levanten todas las restricciones. Nadeau comenta que “las autoridades tienen la opción de la represión o de la negociación. Reprimir puede incrementar la radicalización. A su vez, negociar puede rebajar las tensiones, pero podría dar el mensaje de que los manifestantes están en posición de fuerza”. El reloj avanza y la paciencia se agota.
Varias caravanas se dirigen hacia París
Unos 2.600 vehículos de todo tipo se dirigían este viernes hacia París en diferentes caravanas partidas desde varias regiones de Francia. Las autoridades han prohibido ya una movilización en la que los organizadores tratarán de protestar en la capital contra las medidas para hacer frente a la covid, así como expresar su oposición al Gobierno del presidente Emmanuel Macron.
Los convoyes los forman grupos heterogéneos de ciudadanos que se han organizado en las redes sociales para mostrar su descontento, siguiendo la estela de las caravanas surgidas hace dos semanas en Canadá. Protestan para que se retire la obligatoriedad del pasaporte covid o por el encarecimiento de la vida y del precio de la energía.
La movilización, que está convocada a dos meses de que el país acuda a las urnas en los comicios presidenciales, cuya primera vuelta tendrá lugar el 10 de abril, recuerda a la protagonizada por decenas de miles de personas entre 2018 y 2019 bajo el movimiento de los chalecos amarillos.
El primer ministro, Jean Castex, ha advertido de que van a tratar por todos los medios de impedir que los manifestantes bloqueen París. “La vacunación es una forma de respetar a los otros”, dijo en una entrevista en la cadena France 2.
Los manifestantes tienen la intención de seguir hacia el norte y alcanzar Bruselas el lunes, algo que las autoridades belgas ya han anunciado que no autorizarán.
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