España es el país de la Unión Europea que más expedientes tiene abiertos en estos momentos por infracciones a las normas medioambientales comunitarias. En concreto, la Comisión Europea mantiene activos en febrero 26 procedimientos. En ese listado de los más infractores a las directivas verdes, los siguientes puestos los ocupan Grecia (25), Polonia (25) y Francia (22), según el recuento realizado por EL PAÍS. En el lado contrario, los que menos procedimientos tienen abiertos de los 27 son Países Bajos (6), Estonia (4) y Dinamarca (3).
Que este febrero España encabece esta lista no es algo ni coyuntural ni una excepción. Porque el país ocupa desde hace años esos primeros puestos. Fuentes comunitarias achacan esa situación, en una parte, al periodo de inestabilidad política en la segunda mitad de la pasada década, cuando la sucesión de elecciones generales —hubo comicios en 2015, 2016, abril de 2019 y noviembre de 2019— y las dificultades para formar Gobierno hicieron que se acumulara un gran retraso en la trasposición de las directivas europeas medioambientales al ordenamiento español.
En efecto, varios de los expedientes abiertos en este momento están motivados por la no adaptación a las directivas comunitarias. Es el caso de los dos últimos procedimientos que inició la Comisión a principios de este mes contra España: una infracción por no haber aprobado los cambios legales necesarios para vetar la comercialización de una serie de productos de un solo uso de plástico como pajitas y cubiertos y otra por no haber modificado la regulación sobre el ruido para medir las emisiones de los coches, los camiones, los trenes, los aviones y las fábricas.
Pero lo cierto es que el bloqueo político de la década pasada y las dificultades para sacar adelante reformas legales en el Congreso no son ni mucho menos las únicas causas de la enorme cantidad de expedientes que acumula España. También hay bastantes casos abiertos por normas y estándares medioambientales europeos que se incumplen desde hace años —y en algunos expedientes, como el de los vertidos de aguas urbanas a los ríos y el mar sin tratar, desde hace más de tres décadas—.
La Comisión abre oficialmente los expedientes contra el España, pero los incumplimientos no son solo de la Administración central. Hay muchas infracciones que están motivadas por la falta de medidas y las malas prácticas de los Gobiernos regionales y los Ayuntamientos. Cuando los incumplimientos persisten y se llega al extremo de que España es sancionada, la Administración central obliga a las comunidades a hacer frente a la parte de la multa que le corresponde, como está ocurriendo con el caso de la falta de depuración de las aguas urbanas.
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Estos son algunos de los casos más importantes de los 26 expedientes que en estos momentos tiene abiertos Bruselas contra España por temas medioambientales.
DepuradorasUna millonaria multa que sigue creciendoVista áerea (con un drón) de la depuradora de Barbate (Cádiz)Marcos MorenoEl caso. Una directiva europea de 1991 establecía que todas las aglomeraciones urbanas de más de 15.000 habitantes del país debían dar un tratamiento adecuado a sus aguas residuales. España incumplió el primer plazo que se había dado: 2001. Y la Comisión le abrió un expediente en 2004. Bruselas fue concediendo prórrogas para que el país llegara al 100% de depuración, pero se fueron incumpliendo y en 2018 todavía quedaban nueve aglomeraciones sin depurar correctamente sus aguas. El Tribunal de Justicia de la UE, a instancias de la Comisión, multó ese año con 12 millones de euros a España por el incumplimiento hasta ese momento. Y añadió una sanción semestral de otros 11 millones mientras esas nueve aglomeraciones siguieran sin cumplir la ley. Lo pagado hasta ahora suma ya 63 millones (con lo que se ha convertido en la sanción europea más grande contra España hasta ahora). El problema es que, además de este expediente, Bruselas tiene abiertos otros cuatro más por mala depuración de las aguas urbanas que pueden terminar en multas en el futuro. Uno de ellos se refiere a los incumplimientos en 332 pequeñas aglomeraciones.
Situación. España seguirá pagando por incumplir la norma de depuración de las aglomeraciones de más de 15.000 habitantes hasta al menos 2025, admite el Gobierno. Los otros expedientes también podrían acabar en sanción.
Responsables. Ayuntamientos y, subsidiariamente, las Administraciones autonómicas y central.
Robo del agua en DoñanaRegadíos ilegalesInvernaderos en el entorno de Doñana, en Huelva. PACO PUENTESEl caso. Tras las denuncias de los grupos ecologistas por las extracciones ilegales de agua del acuífero del que se nutre Doñana, en Huelva, la Comisión Europea abrió un expediente en 2014 contra España. En 2019, Bruselas presentó una demanda y en el verano de 2021 el Tribunal de Justicia de la UE emitió una sentencia condenatoria en la que criticó la falta de control sobre esas extracciones desde el potente sector agrícola de la zona y desde el núcleo turístico de Matalascañas. La sentencia, al ser la primera, solo constata el incumplimiento y no acarrea sanción alguna. Si la Comisión entiende que el problema persiste podría denunciar de nuevo y, esta vez sí, pedir una sanción contra el país infractor.
Situación. La Comisión ha amenazado con presentar esa nueva demanda si sale adelante en el Parlamento andaluz una norma para amnistiar miles de hectáreas de regadío ilegal en el entorno de Doñana. La ley ha empezado a tramitarse con el voto favorable del PP, Vox y Ciudadanos y la abstención del PSOE.
Responsables. Gobierno central, Junta de Andalucía y Ayuntamientos.
Plásticos de un solo usoSin aplicar el veto a las pajitasContaminación por plásticos en una playa de Tarragona. GOOD KARMA PROJECTSEl caso. Las instituciones europeas aprobaron en 2019 una directiva que busca reducir la contaminación por plástico en la que, entre otras cosas, se establecía que a partir de julio de 2021 no se podrían comercializar en la UE una serie de productos de un solo uso de ese material (como pajitas, cubiertos y bastoncillos). Pero España no ha aprobado aún la ley de residuos en la que se incluye ese veto y este febrero la Comisión ha abierto un expediente de infracción. Además, en 2020 la Comisión abrió otros dos procedimientos por la falta de trasposición de otras dos directivas de envases y de residuos.
Situación. La ley de residuos se está tramitando ahora en el Senado y se espera que pueda estar definitivamente aprobada en el primer semestre de este año. Es la norma que servirá para trasponer las tres directivas por las que Bruselas ha abierto el expediente.
Responsable. Administración central.
ContaminaciónMadrid y BarcelonaContaminación del aire en Madrid. Óscar Carracosa (Getty Images)El caso. España tiene en estos momentos dos expedientes abiertos por la mala calidad del aire: uno por contaminación de partículas y otro por contaminación por dióxido de nitrógeno. Este último procedimiento es el que está más adelantado y se refiere al incumplimiento reiterado de los niveles máximos de dióxido de nitrógeno (un compuesto vinculado a los motores de gasolina y diésel de los automóviles) en Madrid, Barcelona y la zona de Vallès-Baix Llobregat. Desde hace más de una década, Madrid y Barcelona no cumplen con esos límites.
Situación. La Comisión denunció ante el Tribunal de Justicia de la UE a España por el caso del dióxido de nitrógeno en 2019 y se espera que la sentencia se dicte en las próximas semanas. En este caso, no llevará asociada una sanción de momento.
Responsables. Ayuntamientos.
Vertederos ilegalesDepósitos sin control Un vertedero ilegal en Madrid. JAIME VILLANUEVAEl caso. España acumula ya tres sentencias por vertederos ilegales de residuos, aunque todavía ninguna sanción. En estos momentos, está activo un procedimiento de infracción por la falta de cierre, sellado y regeneración de vertederos. Y según la última información que facilitó Bruselas, en 2018 había 1.513 vertederos irregulares sin regenerar, lo que causa una “degradación importante del medio ambiente”.
Situación. El procedimiento sigue abierto, aunque Bruselas todavía no ha llevado a España ante el Tribunal de Justicia de la UE por este caso.
Responsables. Gobierno central, comunidades y Ayuntamientos.
AVE a ninguna parte y otras infraestructurasSin respetar los espacios protegidosPlataforma del AVE Antequera-Sevilla a la altura de Marchena. JULIÁN ROJASEl caso. La Comisión Europea abrió un expediente contra España en 2011 por el impacto de las obras del tren de alta velocidad entre Marchena y Osuna, en Sevilla, en una zona de protección de aves. España recibió una primera condena en 2016 y, como se siguen sin aplicar medidas correctoras, Bruselas advirtió en septiembre pasado que tiene planeado llevar de nuevo al país ante la justicia y que pedirá una sanción. Se da la circunstancia de que esta obra, que se remonta a la primera década de este siglo, nunca se ha llegado a inaugurar y los 77 kilómetros de plataforma para un tren de alta velocidad entre Sevilla y Málaga no se usan. España tiene abiertos otros tres expedientes por infraestructuras que han causado daños en zonas protegidas medioambientalmente.
Situación. El procedimiento por el AVE a ninguna parte sigue abierto y Bruselas sopesa llevar a España de nuevo al tribunal para que sea sancionada.
Responsable. Junta de Andalucía.
Nitratos en el aguaFertilizantes y purinesGranja de cerdos en Castillejar, Granada. PEDRO ARMESTREEl caso. Bruselas demandó ante el Tribunal de Justicia de la UE a España en diciembre de 2021 por no tomar suficientes medidas para controlar la contaminación de las aguas por los nitratos procedentes de la agricultura y la ganadería (principalmente por el uso de fertilizantes y los desechos de las granjas). La Comisión lleva instando a España desde 2018 a que aplique las medidas de control de nitratos en la mayoría de las comunidades autónomas para proteger las masas de agua frente a esta polución.
Situación. La Comisión demandó a España el pasado 2 de diciembre, aunque de momento el caso no acabará en una sanción.
Responsable. Comunidades autónomas.
RuidoOtra directiva sin trasponer Un avión sobrevuela viviendas en San Fernando de Henares (Madrid). Santi BurgosEl caso. La Unión Europea modificó la regulación para medir el ruido que causan los coches, los camiones, los trenes, los aviones y las fábricas el 21 de diciembre de 2020. Los Estados miembros tenían que adaptar sus normas a la nueva forma de medir estos ruidos en un año. Sin embargo, España (y otros 13 países de la UE) no han hecho nada hasta ahora. El resto ya habrían traspuesto la norma, según los registros públicos de la Comisión Europea.
Situación. El 9 de febrero de 2022 la Comisión inició el expediente.
Responsable. La Administración central.
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