Navarra fue la primera comunidad autónoma en renovar el concierto educativo de la etapa de Primaria tras la aprobación de la Lomloe, la ley educativa del Gobierno de Pedro Sánchez que no permite la financiación pública de los centros que segregan por sexo. En aquel momento, en el primer trimestre de 2021, los centros navarros afectados se comprometieron por escrito a mezclar a todo el alumnado para poder recibir la financiación, pero no lo han cumplido. Sin embargo, el Gobierno foral aprobó ayer sendos acuerdos que permiten seguir dando fondos públicos a estas escuelas pese a separar en sus aulas a niños y niñas.
El Gobierno foral, formado por los socialistas, Geroa Bai y Podemos, alega que no tiene ni medios ni recursos para reubicar a los más de 1.700 estudiantes afectados en otros centros públicos o concertados de la comarca de Pamplona. Los colegios afectados son Miravalles-El Redín e Irabia-Izaga, ambos en la capital. Cada uno de ellos reparte a su alumnado en centros independientes, ubicados incluso en barrios distintos: las niñas en Miravalles e Izaga, los niños en El Redín e Irabia.
El Servicio de Inspección Educativa argumenta que no solo no hay plazas ni espacios suficientes para los afectados, sino que sería imposible reubicar a este alumnado en el modelo y programa lingüístico elegidos, respetando además que todos los hermanos estudien en la misma escuela. En un informe alega asimismo razones pedagógicas para justificar que no se fragmenten los grupos de escolares ya formados y que se respete la elección de centro realizada por las familias.
El año pasado las direcciones de las escuelas llegaron a emitir un comunicado público asegurando que “como siempre y es lo habitual en un Estado de derecho” cumplirían “el marco normativo actual”. Sin embargo, el Servicio de Inspección Educativa constató en septiembre, con el inicio del curso escolar, el incumplimiento de la norma porque, si bien alumnas y alumnos se habían mezclado en primero de Primaria, el resto de los cursos seguía segregando por sexo.
Educación ha extinguido los conciertos renovados el año pasado y ayer el Gobierno foral aprobó sendos acuerdos para prorrogar en condiciones diferentes la financiación a estos centros hasta el curso 2026/2027. Las escuelas deberán acabar con la segregación de forma escalonada. Es decir, mantendrán la financiación siempre y cuando el alumnado de primero, ya en aulas mixtas, pase a los siguientes cursos en las mismas condiciones y así cada nuevo año sucesivamente hasta llegar a sexto de Primaria.
Navarra es la única comunidad autónoma de España que puede emplear este mecanismo legal gracias a la Ley Foral 17/2012, que establece que los conciertos educativos con los centros que segregan a su alumnado por sexo “podrán ser prorrogados por acuerdo motivado del Gobierno de Navarra a los solos efectos de garantizar la continuidad del alumnado actualmente matriculado en estos centros hasta la finalización de las etapas educativas obligatorias”. Esta disposición fue impulsada por IU y aprobada por la entonces oposición en 2012, cuando era presidenta Yolanda Barcina (UPN).
El Gobierno foral alega que este sistema terminará con la educación diferenciada en cuatro cursos escolares más y sin vulnerar el derecho de los menores ya matriculados en el centro a estudiar en el modelo elegido por sus padres —segregado y gratuito— antes de que entrara en vigor la Lomloe.
Uno de los principales argumentos utilizados por Educación para justificar esta decisión es que si suprimiera directamente los conciertos, no se conseguiría la medida deseada, pues estos centros pasarían a ser privados y la gran mayoría de las familias no podrían costearse las tasas de escolarización. De esta forma, sostiene, se garantiza la continuidad del alumnado matriculado actualmente hasta su paso a la etapa de Secundaria.
El consejero de Educación, el socialista Carlos Gimeno, defiende que “no tiene por qué dudar” del compromiso de los centros, pese a que hace un año estos colegios ya aseguraron que cumplirían la normativa para obtener fondos públicos y no lo hicieron. En cualquier caso, ha hecho constar que la vigilancia de este acuerdo la realizará cada curso escolar el Servicio de Inspección Educativa.
Los efectos de otro incumplimiento por parte de las escuelas podrían ser todavía más perjudiciales para la red educativa navarra, pues afectarían a la renovación de los conciertos educativos para las etapas de Secundaria y Bachillerato, donde también se mantiene esa segregación. Entre los dos colegios suman más de 4.200 escolares. La supresión de los conciertos en todas las etapas afectaría a un número de estudiantes imposibles de recolocar en otros centros.
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