La Unión Europea va a “pagar un precio” por las sanciones que está imponiendo a Rusia por la invasión de Ucrania. Nadie lo duda. Tampoco se cuestiona que la guerra frenará la salida de la crisis del coronavirus. Y con este nuevo y dramático elemento en el escenario, la Comisión Europea plantea prorrogar un año más la cláusula que suspende las reglas fiscales del Pacto de Estabilidad, cuyas reglas están suspendidas desde que en 2020 explotó la pandemia. “Esperamos que se desactive la cláusula en 2023, pero continuamos vigilando la situación y ajustaremos la política si es necesario”, ha aclarado prudente este viernes el vicepresidente de la Comisión, Valdis Dombrovskis. Otras fuentes del Ejecutivo europeo, fuera de micrófono, vas más allá y y apuntan que el debate está muy decantado del lado de quienes dan por hecho que las reglas fiscales seguirán suspendidas.
Este debate no se ha puesto sobre la mesa este viernes, como apuntan la vicepresidenta primera y ministra de Economía, Nadia Calviño, y el comisario de la misma área, Paolo Gentiloni. La reunión del Ecofin, los ministros de finanzas de los Veintisiete, celebrada en París, habría estado centrada en las consecuencias que puede tener la guerra recién abierta en el Este y la respuesta en forma de sanciones de la Unión Europea. “La defensa de nuestros valores tiene un precio”, ha declarado el ministro de Finanzas francés, Bruno La Maire. “Un precio limitado”, ha apuntado Gentiloni, y siempre mucho menor al que pagaría Rusia, a quien se pretende aislar financieramente y hundir su economía. Para justiciar esto, el italiano ha explicado que mientras las exportaciones al país gobernado por Vladimir Putin suponen un 4% del volumen total de la UE, a la inversa es del 38%.
No obstante, el precio a pagar habría empezado a cuantificarse ya: en el peor de los escenarios y si Rusia cortara el suministro de gas, la Comisión calcula que el crecimiento quedaría este 2022 un punto porcentual por debajo de los previsto, ahora un 4%, y que la inflación podría aumentar un punto más desde el 3,5% pronosticado, según apuntan fuentes comunitarias. Desde la Comisión se recuerda que todas esas cifras en este momento son muy “especulativas” porque, como dijo Dombrovskis y la presidenta del BCE, Christine Lagarde, es “prematuro” porque apenas hace un día que ha comenzado el conflicto, no se sabe su duración ni la reacción de Rusia a las sanciones europeas y estadounidense.
Consecuencias sobre Italia
El precio es un argumento más para quienes defienden las reglas del pacto de estabilidad, esas que Romano Prodi calificó de “estúpidas” cuando era presidente de la Comisión, estén suspendidas un año más. Con un discurso tan cauteloso como el de Dombrovskis, el italiano Gentiloni ha señalado que los tiempos para tomar la decisión empiezan pronto: “Un primer paso lo haremos con la comunicación de la próxima semana”. “En principio, no debería prolongarse la suspensión [de la cláusula de escape] más allá de 2022, pero naturalmente valoraremos esta situación en los próximos meses”, ha apuntado.
Precisamente Italia, su evolución y el impacto que podría tener en este país la crisis ucraniana y la reacción de Moscú, es uno de los elementos que más pesará en esta decisión. Está más expuesto que los otros Estados miembro. Goldman Sachs calcula que el golpe para este país de un potencial corte de gas restaría unos tres puntos al valor añadido bruto de su economía, en cambio, a Francia o Alemania solo le supondría un recorte de un punto. Eso explica su actitud reticente con las sanciones y que su primer ministro, Mario Draghi, llegara a pedir que el castigo no afectara a la energía y que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y la presidenta de la Comisión, hayan cuidado la relación con el romano. Además, el país transalpino es uno de los que más sufriría si la Unión Europea decide que se vuelve ya a las reglas del pacto de estabilidad, que se resumen en fijar un límite máximo del 3% del PIB para el déficit presupuestario, y un tope del 60% a la deuda pública, nivel al que hay que volver a un ritmo imposible para un país que tiene un pasivo público total en torno al 140% de su PIB.
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Si hay un elemento por el que la crisis ucraniana puede llegar a impactar en la UE, es la energía. El aumento del precio de los hidrocarburos y por esta vía a la inflación se da casi por descontado. La Comisión lo advertía en sus previsiones al señalar los riesgos, y estos se han materializado. Y esto ha reforzado mucho la posición del Gobierno español, que lleva tiempo reclamando una regulación que “desacople” los precios eléctricos que pagan hogares y empresas de la cotización en los mercados de materias primas, como ha señalado la vicepresidenta Calviño. La ministra española también ha aprovechado la reunión para pedir compensaciones para los sectores que más puedan sufrir las sanciones, como el agroalimantario, que ya en 2014 sufrió la respuesta rusa al castigo que le impuso la UE por invadir Crimea.
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