Javier Cremades (Ceuta, 56 años), presidente y fundador del bufete Cremades & Calvo Sotelo, es tajante sobre la dirección que llevará la auditoría de la pederastia en la Iglesia que le ha encargado la Conferencia Episcopal Española (CEE): “Iremos hasta el fondo. Hasta que aflore toda la verdad”. Para ello, no duda de que los obispos abrirán sus archivos y se entrevistarán con su equipo cuando indague el encubrimiento. Dice haber contemplado en los ojos de los prelados el deseo de conocer una radiografía del problema y de reparar el daño causado. Insiste, esta vez en contra del discurso de la CEE, que la investigación de EL PAÍS entregada al Vaticano es veraz y rigurosa, que debe tomarse en serio. “Ha sido, en el fondo, un bien para todos y también una ayuda a la Iglesia”, afirma. “Ha ayudado a potenciar la cultura del descubrimiento frente a la del encubrimiento”. Contra las acusaciones de algunas asociaciones de víctimas de no ser imparcial por ser miembro del Opus Dei, el abogado subraya que con este trabajo se juega el prestigio del despacho. “Estaría liquidando mi vida profesional y familiar”, añade.
Pregunta. ¿Qué los ha motivado a hacer este trabajo gratis?
Respuesta. Es un debate que hemos tenido [en el despacho]. Efectivamente, podría parecer como una aportación a la Iglesia. Pero no queríamos hacer un negocio con ese tema, sino que queríamos hacer una aportación a toda la sociedad.
P. Que la Iglesia abra sus archivos para conocer los casos que ha gestionado internamente será esencial para elaborar ese informe de la verdad. ¿La CEE ha puesto algún impedimento para ello?
R. Tenemos una primera reunión de coordinación con la CEE este martes donde queremos empezar a definir el mecanismo. Lo que sí sé es que tenemos su compromiso de facilitar [esa documentación]. Aunque tengo la incógnita de si eso se va a corresponder luego, en cada diócesis concreta, con una apertura radical al acceso a la información. He notado un interés genuino [en la CEE] por que se presente una foto verdadera de lo que ha pasado. La investigación va a implicar el acceso a la documentación, sin eso no va a ser posible emitir una opinión externa. Eso sería un fracaso estrepitoso, que no va a suceder.
P. Si las diócesis se niegan a abrir esos archivos o los obispos no acceden a hablar sobre un posible caso de encubrimiento, el informe sería incompleto.
R. No contemplo ese escenario. No me imagino presentando una chapuza o una cosa ridícula. Ni me imagino a los obispos no dando la cara. Es impensable que podamos emitir una opinión si no tenemos documentación. Sería como si yo soy médico y viene un enfermo para que le haga un chequeo. Y no me deja que le saque sangre, no se quiere quitar el pantalón, no se tumba, no me deja auscultarle. Le diría: “Oiga, yo le quiero curar, pero no le puedo hacer el análisis. No puedo emitir una opinión”.
P. La CEE no puede obligar a las diócesis a abrir sus archivos. En el caso de que haya obispos que no quieran colaborar, ¿lo mencionarán en el informe?
R. Absolutamente. Si tenemos muchas incidencias de ese tipo, la auditoría será parcial y, por lo tanto, será insuficiente.
P. ¿Y si se dan cuenta de que no tienen las condiciones para hacer un buen informe?
R. Estaría liquidando mi vida profesional y familiar. Me estaría suicidando [laboralmente]. Precisamente por eso tengo plena confianza en esto.
La investigación de EL PAÍS ha ayudado a potenciar la cultura del descubrimiento frente a la cultura del encubrimiento, que dominó la vida social y la de la Iglesia en el siglo XX”
P. Hay dos cosas que la Iglesia hasta ahora no ha querido tocar: las indemnizaciones y el encubrimiento. ¿Aparecerán en la auditoría?
R. Claro. Las vamos a incluir. [A los obispos] los he visto necesitados y deseosos de hacerlo.
P. ¿Y no habrá reticencias por parte de la comisión ejecutiva de la CEE? Hay obispos importantes, como Antonio María Rouco Valera, acusados de tapar casos.
R. Tengo la convicción de que vamos a tener acceso a todos los obispos para una conversación directa sobre todos los temas. Me sorprendería que no quisieran hablar con nosotros. Preveo lo contrario: estarán deseando explicar su punto de vista.
P. ¿Qué papel cree que han tenido los medios de comunicación para hacer visible este problema?
R. Sin los medios de comunicación no estaríamos donde estamos. La investigación de EL PAÍS ha puesto de manifiesto que el número de víctimas estaba más extendido de lo que inicialmente se pensaba o sencillamente se desconocía. También ha ayudado a potenciar la cultura del descubrimiento frente a la cultura del encubrimiento, que dominó la vida social y la de la Iglesia en el siglo XX.
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P. ¿Y cómo van a tratar los casos que han salido en prensa? ¿Van a investigarlos uno a uno o directamente van a formar parte de su contabilidad?
R. El miércoles nos reuniremos con los dos socios directores del despacho alemán [que realizó el informe de abusos en la diócesis de Múnich], que nos van a explicar cómo lo hicieron ellos y cuál es su metodología. Su trabajo es el más parecido a lo que vamos a hacer nosotros. No sé lo que nos vamos a encontrar, pero la idea es tener un criterio amplio para que la foto pueda ser verdadera. Todo aquello que nos resulte creíble, que nos resulte fidedigno.
P. Tras aplicar ese criterio de credibilidad, luego auditarán la posible indemnización. ¿Cuál será la metodología para pagar a las víctimas?
R. Es imposible hoy en día aventurar cuál va a ser nuestra propuesta, pero nos vamos a pronunciar sobre la responsabilidad civil [de la Iglesia]. Un daño moral o físico siempre lleva consigo una reparación. Hay que estudiar cómo puede ser esa fórmula.
P. ¿Cree que se puede conseguir una radiografía del problema en un año de indagaciones?
R. Confío en acercarnos a los 12 meses. No quisiera ver ese trabajo demorado mucho más allá. Contamos con la experiencia de las comisiones francesa y alemana. Vamos a ver también, como digo, la montaña de cosas que puede haber. Hay que correr mucho, pero para eso también vamos a contar con un equipo suficientemente amplio.
P. Uno de sus focos son las víctimas. ¿Cómo va a ser el grupo de profesionales que hable con aquellas que les contacten?
R. Hemos creado un equipo de cinco mujeres básicamente para oír y hablar. ¿Para qué? Nosotros no somos ni psicólogos, ni psiquiatras, ni sanadores, para entender y acompañar. Somos meros espectadores recién llegados.
P. Pero, ¿van a contar con la ayuda de especialistas de otro ámbito?
R. Eso es fundamental. Estamos buscando personas que tengan competencia técnica, profesional, y credibilidad en la sociedad, para poder hacer también un informe pericial o de opinión externa de auditoría.
Si la Iglesia no pone de su parte, el despacho no hace su trabajo y la sociedad no tiene la información que necesita, habremos aumentado el dolor de las víctimas”
P. Las asociaciones de víctimas afirman que una investigación encargada por la Iglesia no tendrá credibilidad.
R. Lo comprendo perfectamente y entiendo el recelo. Partimos de años donde la relación no ha sido fácil. Solamente se puede superar con el trabajo que vamos a hacer en el día a día. Creo que hacen bien en ser críticos y en exigir [independencia]. Lo único que está encima de la mesa es nuestra trayectoria profesional: nos dedicamos a esto y sabemos hacerlo.
P. También le acusan de que el ser miembro del Opus Dei le resta independencia al despacho que preside en este asunto.
R. Creo que lo importante no es la cercanía [a la Iglesia], sino la profesionalidad. En Francia pasó exactamente lo mismo. El doctor Jean-Marc Sauvé [que dirigió la investigación que encargaron los obispos galos] es un católico practicante. La sociedad mostró mucha incredulidad e incertidumbre. Comprendo perfectamente [esas acusaciones] y lo vamos a solucionar con un trabajo bien hecho. Solo hay dos opciones: o está bien hecho y ofrece una solución, o está mal y es un fracaso. No hay ninguna opción de hacer algo distinto a lo correcto. Si la Iglesia no pone de su parte, el despacho no hace su trabajo y la sociedad no tiene la información que necesita, habremos aumentado el dolor de las víctimas y la dimensión social del problema.
P. ¿De qué manera colaborará la Iglesia con las autoridades civiles?
R. Dentro de lo que nos permita la protección de datos, [la colaboración] será total. Absoluta. Estamos en una fase muy preliminar [sobre cómo será la comisión pública]. Cuando hablé con Ángel Gabilondo [el Defensor del Pueblo, que el Ejecutivo ha propuesto para presidir una comisión independiente], ambos lo veíamos claramente: hasta que no tenga una encomienda no lo sabremos.
Si conoce algún caso de abusos sexuales que no haya visto la luz, escríbanos con su denuncia a abusos@elpais.es
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