La guerra en Ucrania está derribando varios tabúes en la Unión Europea. Este jueves ha sido el turno de la acogida masiva de personas que huyen de una catástrofe. El marco legal, en forma de directiva, estaba listo desde hace más de dos décadas. Pero nunca hasta ahora se había activado, ni con la llegada masiva de refugiados de Siria en 2015. Ahora lo han hecho los ministros del Interior de la UE, al dar el visto bueno a la propuesta que les hizo la Comisión Europea el día anterior, según ha anunciado el titular francés de Interior, Gérald Darmanin, que posteriormente ha comparecido junto a la comisaria europea del ramo, Ylva Johansson. La Unión abre así las puertas de par en par al masivo éxodo ucranio.
Accord historique à l’occasion de la réunion des ministres de l’intérieur 🇪🇺 : l’Union européenne accordera une protection temporaire à ceux qui fuient la guerre en 🇺🇦.
L’Union européenne est unie et solidaire !
— Gérald DARMANIN (@GDarmanin) March 3, 2022
No hay precedentes de una decisión así. Al igual que ha ocurrido con la financiación de los envíos de material bélico a Ucrania o con la contundencia de las sanciones, la UE se adentra en caminos inexplorados en su severa respuesta a la agresión rusa a la antigua república soviética.
La decisión persigue no solo facilitar la llegada de cientos de miles de ucranios asediados por los bombardeos del presidente ruso, Vladímir Putin, sino también que puedan permanecer en la UE durante al menos un año, plazo renovable si fuera necesario. La directiva de 2001 se aprobó con la memoria reciente del conflicto en los Balcanes. “Los casos de afluencia masiva de personas desplazadas que no pueden volver a su país de origen han aumentado considerablemente estos últimos años en Europa”, justifica el texto, que cumplirá 21 años en agosto. En él se garantiza un amplio abanico de derechos a quienes huyen de algún tipo de catástrofe. Y en estas calamidades se incluye, por supuesto, una guerra como la que estos días sufre Ucrania. La norma comunitaria contempla ofrecer protección a los que lleguen en ámbitos como los permisos de residencia y trabajo, el acceso a la vivienda, la asistencia social y médica. Los menores también tienen derecho a educación.
El alcance de la medida es amplísimo, ya que no hay restricción alguna para los ucranios que salgan o hayan salido de su país desde el 24 de febrero, cuando comenzó la guerra. Tampoco para quienes residan en el país del este y tengan el estatus legal de refugiados. La situación cambia para quienes vivieran en Ucrania por trabajo o estudios. En estos supuestos, la directiva de protección temporal no se les aplica, y se deja en manos de los Estados miembros y de sus legislaciones. No obstante, la comisaria Johansson ha señalado en su comparecencia que sí se les permitirá la entrada y se les dará ayuda, aunque tendrán que volver a sus países de origen.
El número de personas que salen de Ucrania por la guerra se cuenta por centenares de miles diarios. Cuando la Comisión redactó su propuesta hace unos días, lo cifraba en 650.000. Al aprobarse la activación de la directiva, este jueves, el volumen total ya supera el millón de personas. ACNUR, la agencia de Naciones Unidas para los refugiados, estima que, si el conflicto se alarga, podrían llegar a superar los cuatro millones, un desplazamiento masivo de un volumen desconocido en Europa desde la Segunda Guerra Mundial.
Suspicacias de los países
La aprobación de la iniciativa de la Comisión, sin embargo, no ha sido tan sencilla como parecía al comienzo del día. Las suspicacias de varios países han puesto en riesgo la activación de la medida. Fuentes comunitarias detallan las reticencias de varios países del este y centro de Europa, entre ellos algunos de los que han abogado por acciones más contundentes en otros campos, como las sanciones económicas o los envíos de material bélico. Polonia, Eslovaquia, Lituania, Rumania, República Checa y Hungría han pedido más tiempo para analizar la propuesta de la Comisión, según estas fuentes.
Las personas que gocen de esta protección temporal podrá moverse libremente por cualquier Estado de la UE y tendrán garantizados esos derechos durante un año, un periodo que podrá prorrogarse por seis meses dos veces. No obstante, el Ejecutivo comunitario podrá proponer que se acorte el plazo, “siempre que se pasara a una situación en Ucrania que permitiese un retorno seguro y duradero de las personas a las que se concede la protección temporal”, apuntaba la Comisión el miércoles. Bruselas también podría reclamar una prórroga de un año de esta protección especial. Este estatus de protección no supone, sin embargo, considerar como refugiados a los que llegan a través de este mecanismo. Ellos deben solicitarlo si quieren pasar a esa situación y corresponde a los Estados decidir si conceden la petición o no.
En la propuesta de la directiva, no se especifica cuánto dinero podría destinarse a aplicar esta decisión porque “debido a la naturaleza de esta propuesta, no es posible estimar a priori el impacto presupuestario”. Lo que sí aclara es que los fondos saldrán de remanentes destinados a migración, asilo y fronteras contemplados en los periodos presupuestarios 2014-20 y 2021-27.
Varios países de la UE ya estaban aplicando a las personas procedentes de Ucrania muchos de los contenidos previstos en la norma de 2001. Este ha sido otro de los argumentos esgrimidos por los países más remisos a aplicarla. Sin embargo, la Comisión defiende que con la directiva se establece un suelo mínimo de derechos en toda la Unión para los ucranios que salgan de su país. De esta manera, pueden moverse libremente por los 27 Estados miembros con unas garantías mínimas en todo el territorio comunitario.
Uno de los problemas que se están encontrando los refugiados ucranios al salir de su país está en el cambio de moneda. Muchos no pueden cambiar su divisa por la moneda del país al que llegan. Esto ha provocado que un grupo de eurodiputados envíen una carta a la presidenta del BCE, Christine Lagarde, para pedirle que establezca una línea con el Banco de Ucrania que facilite estos cambios de divisa y que apoye a los bancos centrales de Polonia, Hungría, Rumania, República Checa y Eslovaquia. De esta lista, solo este último país está integrado en la zona euro.
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