El Congreso peruano aprobó iniciar un proceso de juicio político contra Pedro Castillo, una medida promovida por la oposición que busca, por segunda vez en menos de cuatro meses, la destitución del mandatario izquierdista en medio de acusaciones de corrupción y baja popularidad.
Con 76 votos a favor, 41 en contra y una abstención, el Congreso admitió la apertura del proceso y la jefa del parlamento, María del Carmen Alva, convocó al presidente para que acuda el 28 de marzo y responda las acusaciones de supuestas faltas constitucionales durante sus funciones.
Al margen del proceso de juicio político, el Congreso espera a Castillo el martes para dar un “mensaje” al país, según una solicitud enviada por el mandatario el viernes al parlamento, y que fue aprobado por los legisladores más temprano.
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Castillo confirmó en una región selvática del país su asistencia el martes al Congreso “para decirle qué hacemos y qué vamos hacer por esta patria”.
“Pero me apena también que paralelamente a eso se siga las zancadillas y no se escuche al pueblo, porque acaban de aprobar (…) la moción de la vacancia, pero por eso tenemos que decirle al país que nosotros hemos venido acá no a robarle un centavo y eso lo diremos mañana”, dijo en un discurso público.
El mandatario había superado en diciembre un primer intento de destitución porque no pasó la valla de 52 votos.
Para expulsar a Castillo del cargo, que asumió la presidencia a fines de julio, el parlamento debe reunir al menos 87 votos de los 130 legisladores, un escenario poco probable por las divisiones en la oposición.
El Congreso otorgó la semana pasada su voto de confianza a un cuarto gabinete de ministros de Castillo.
Castillo puede acudir al Congreso junto a su abogado o enviar solo a su defensor para responder las acusaciones.
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Medios peruanos difundieron a fines de febrero declaraciones de la empresaria Karelim López ante la fiscalía, que investiga presuntos actos de corrupción en el Gobierno, en las que vincula a Castillo con supuestos actos irregulares.
López, también sujeto de las pesquisas, busca acogerse a un proceso de colaboración con la justicia a cambio de beneficios.
Castillo “debe dar explicaciones inmediatas al país por sus reiteradas inconductas”, dijo el legislador Jorge Montoya, un marino retirado del partido de derecha Renovación Popular, al sustentar la moción de “vacancia” del presidente.
NIEGA ACUSACIONES
Entre otras faltas, la oposición dice que Castillo habría incurrido en supuesta “traición a la patria” tras plantear una consulta popular para decidir una salida al mar a Bolivia durante una entrevista a la cadena internacional CNN en enero.
La cancillería dijo después en un comunicado que los dichos por Castillo no deben verse como una afectación a la soberanía.
El intento de echar a Castillo es promovido principalmente por tres partidos de derecha, entre ellos el de la excandidata presidencial Keiko Fujimori que perdió las elecciones del año pasado. La oposición alega que Castillo, que niega las acusaciones, tiene “incapacidad moral” para gobernar.
Información de Reuters.
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