La magnitud y la violencia de la invasión rusa de Ucrania han llevado a la Unión Europea a aprobar en apenas dos semanas las baterías de sanciones comerciales y políticas que había preparado para responder a un ataque que se preveía mucho más limitado y progresivo. Fuentes comunitarias reconocen que el próximo castigo, el quinto desde que se inició el conflicto, prácticamente agotará el margen de maniobra sancionadora y obligará a plantearse incluso la ruptura energética con Moscú, una opción que se había reservado como arma de último recurso. El debate sobre el corte de las importaciones energéticas rusas alcanzará su punto de ebullición este viernes, durante una reunión de los representantes permanentes de los Veintisiete en Bruselas. Alemania y varios socios se resisten a ese castigo por temor al daño a sus propias economías. Pero fuentes comunitarias indican que la prolongación de la guerra y el continuo aumento del número de víctimas civiles redoblan la presión sobre Berlín para que acepte el sacrificio económico de renunciar a la compra de gas, petróleo y carbón rusos.
El debate sobre el corte de suministro ruso se inició, según fuentes diplomáticas, el pasado lunes en la reunión de los representantes permanentes de los 27 socios en Bruselas. La división sobre una medida impensable antes del ataque de Rusia contra Ucrania complicó incluso la tramitación del cuarto paquete de sanciones. Pero las diferencias quedaron aparcadas y las nuevas sanciones se aprobaron finalmente el martes.
La discusión sobre ese embargo energético, según fuentes comunitarias, se retomará este viernes con una nueva reunión de los 27 representantes de las capitales europeas. Aunque no se espera una decisión todavía, fuentes comunitarias indican que se tratará de una primera prueba de fuego “para testar la voluntad de romper de manera tajante” con la dependencia de Rusia. Y apuntan que la evolución en el campo de batalla “puede precipitar un castigo” que parecía impensable antes de que Putin iniciase la guerra el pasado 24 de febrero.
La presencia del presidente de EE UU, Joe Biden, en la cumbre europea de la próxima semana parece llamada a acentuar la presión sobre los socios comunitarios reacios a cortar los lazos energéticos con el Kremlin. Las fuentes consultadas señalan que si Biden presiona a favor del embargo energético en Europa, la UE podría reclamarle un trato más favorable en las condiciones de venta del gas natural licuado estadounidense con destino a los mercados comunitarios.
Washington, explican fuentes diplomáticas, ha sido una pieza clave en el endurecimiento de las sanciones europeas, sobre todo en la primera ronda, cuando Bruselas todavía confiaba en una agresión rusa mucho menos mortífera. El cálculo se torció desde el primer día de bombardeos. Y la continuación de la guerra y su recrudecimiento por momentos hacen cada vez más insostenible el mantenimiento de las relaciones energéticas con el Kremlin.
Todas las fuentes consultadas, incluso las que no son partidarias de la ruptura energética con Moscú, insisten en que no se puede descartar ninguna opción, ni siquiera la de dejar de importar gas, petróleo y carbón. Las mismas fuentes apuntan a países como Hungría, Italia y, sobre todo, Alemania, como los más reacios a incluir la energía en el paquete de sanciones.
Pero países con mayor dependencia energética que Alemania, como Polonia o los bálticos, ya secundan un embargo al petróleo y al gas ruso aun a sabiendas del grave impacto económico y social que les supondrá. Esa disposición a sacrificarse deja en entredicho la reticencia de Alemania, un país que, según cálculos recientes, sufriría un elevado coste económico pero gestionable. La caída del PIB alemán podría llegar al 3%, según un estudio de este mes de las universidades de Bonn y de Colonia, en el que se recuerda que el batacazo de la pandemia alcanzó el 4,5%.
En cambio, la suspensión de las compras energéticas sería casi el golpe de gracia al régimen de Vladímir Putin, que perdería su principal fuente de financiación para mantener los ataques contra Ucrania. Bruselas calcula que Moscú ingresa unos 700 millones de euros al día por sus exportaciones energéticas. Desde el inicio de la guerra, hace 23 días, el presidente ruso habría amasado, según esos cálculos, unas reservas de más de 16.000 millones de euros.
Corte inmediato
Algunos países quieren actuar de inmediato. Y consideran un error esperar hasta que Putin cometa un acto bélico aun más brutal (como un incidente nuclear) que desencadena las represalias más extremas. “Si quieres hacer algo significativo, este es el momento de asestarle un golpe crítico al régimen y acelerar su colapso económico, no de prolongarlo”, plantea una alta fuente diplomática crítica incluso con anteriores paquetes de sanciones, que prevén largos plazos de implementación, de dos o tres meses, para que los Veintisiete puedan ajustarse. “¿Seguirá existiendo Ucrania en dos o tres meses?”, se interroga esta fuente. “Tenemos el privilegio del tiempo, pero los ucranios no”.
En el bando contrario, en cambio, una fuente europea apunta que el debate debe abordarse con muchísima cautela. “¿De verdad nos interesa provocar un colapso total de la Federación Rusa, con lo que eso supondría de desestabilización para toda la zona?”. La misma fuente recuerda que las sanciones han tenido hasta ahora la unanimidad de los 27 países y el respaldo de todas sus opiniones públicas. Y advierte de que apuntar a los hidrocarburos rusos podría poner en peligro esa unidad y provocar el rechazo entre ciertas poblaciones.
Pero el botín ruso de la energía aumenta día a día al mismo tiempo que Putin lanza misiles contra viviendas, hospitales, teatros e infraestructuras neurálgicas en las principales ciudades de Ucrania. Y para colmo, cuanto mayor es la agresión contra Ucrania más ingresa Rusia porque los precios del petróleo, el gas y el carbón se disparan. El precio del gas ha llegado a ser durante el conflicto un 170% más alto que a principios de año, según datos de la OCDE.
“A medio plazo, los ingresos de Rusia serán la primera víctima, ya que las exportaciones de energía representan al menos un tercio de los ingresos públicos. Pero también la UE se verá dañada a corto plazo con una muy probable escasez de suministro”, apunta Cyrille Bret, investigador del Instituto Jacques Delors y profesor de la universidad francesa Science Po. Y en esta última parte, la de la autolesión en diferente grado, es en la que coinciden todas las fuentes consultadas para esta información.
La Comisión Europea ya está analizando las consecuencias de renunciar total o parcialmente al suministro ruso. Y sus conclusiones, todavía confidenciales, apuntan a un gran golpe para algunos socios de la UE, con posibles reverberaciones para todos, señalan fuentes conocedoras de los informes. Esas mismas voces indican que también se están estudiando planes de contingencia para compensar el golpe.
Fuentes comunitarias indican que el Consejo Europeo, que celebra su cumbre los próximos jueves y viernes en Bruselas, también se plantea invocar el artículo 122 del Tratado de la UE, que contempla la posibilidad de poner en marcha medidas de emergencia “si surgiesen dificultades graves en el suministro de determinados productos, especialmente en el ámbito de la energía”.
Los datos del instituto Bruegel, el mayor centro de estudios de la capital europea, indican que la dependencia energética de Alemania respecto de Rusia alcanza el 27% y la de Italia, el 31%. En países como Letonia o Polonia la dependencia en gas casi total, pero sobre el total de la generación esa fuente solo alcanza el 8% y el 13%, respectivamente, por lo que disponen de mayor margen de maniobra.
Entre partidarios y contrarios de cortar se sitúa un tercer grupo de países, según fuentes diplomáticas, en el que figuran, entre otros, Francia, España y Holanda. Pero la posición de ese bando intermedio podría decantarse de un lado u otro en función del otro debate energético que encrespa los ánimos en la UE: el de contener la factura de la electricidad de hogares y empresas y evitar que el gas marque una escalada de las tarifas como consecuencia del sistema europeo de formación de precios.
El canciller alemán, Olaf Scholz, es el líder a convencer en ambos casos, porque se niega a incluir la energía en las sanciones y a admitir un cambio en el sistema de formación de precios para excluir al gas, tal y como pide el Gobierno de Pedro Sánchez entre otros. La presión para que Berlín cambie de posición no deja de aumentar en uno y otro debate.
Casi un centenar de eurodiputados, prácticamente de todo el arco parlamentario (populares, socialistas, liberales, verdes, izquierda, ultraconservadores y hasta euroescépticos) han firmado una carta reclamando un embargo energético total a Rusia. El texto recuerda que en 2020, con los precios energéticos hundidos por la pandemia, Rusia ingresó 62.000 millones de euros por sus exportaciones energéticas a la UE. Y que con los precios actuales, Putin puede financiar con los ingresos de la venta de gas y petróleo de un solo día la compra de 400 tanques modelo T-72, cuando las fuerzas ucranias habían logrado destruir hasta el 6 de marzo 285 tanques.
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