El Gobierno ha utilizado el real decreto ley de medidas urgentes en respuesta a las consecuencias de la guerra para intentar regularizar los suelos contaminados por radiactividad debido a accidentes nucleares y a actividades industriales, que llevan en un limbo legal desde hace décadas. El Ejecutivo da este paso —que supondrá reformar la Ley de Energía Nuclear, de 1964— después de que la Comisión Europea haya abierto un expediente de infracción a España y tras la denuncia interpuesta por Ecologistas en Acción para que la Administración acometa la limpieza de Palomares, la pedanía almeriense afectada por la caída de varias bombas termonucleares en los años sesenta.
En España hay al menos seis áreas contaminadas por radiactividad, según un recuento que hizo público en 2018 el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), y en algunas zonas no existe medida alguna de restricción de acceso al público. Esas áreas están contaminadas, pero no están declaradas así legalmente, porque las diferentes leyes de residuos que se han ido aprobando durante la democracia han soslayado de forma explícita este tipo de contaminación. Ahora el real decreto ley de medidas económicas urgentes —de 160 páginas, publicado el miércoles en el Boletín Oficial del Estado y que debe ser refrendado por el Congreso en el plazo de un mes— modificará la ley franquista de energía nuclear para incluir la definición de “suelo o terreno contaminado radiológicamente” y de “suelo o terreno con restricciones de uso” por estar afectados por este tipo de polución.
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Esta modificación deja claro que será el Ministerio para la Transición Ecológica el responsable de declarar oficialmente los terrenos contaminados o con restricciones, además de establecer las limitaciones “de uso del terreno” mediante una resolución. Este departamento será el encargado de determinar “si es necesario realizar actuaciones para proceder a su restauración, estableciendo los términos, condiciones de ejecución y, en su caso, plazos para la misma”. El mismo ministerio, a su vez, será el responsable de declarar “que el suelo o terreno ha dejado de tener tal consideración” de contaminado.
Advertencia de Bruselas
Una directiva europea de 2013 ya fijaba la obligación de los países miembros de poner en marcha estrategias de control y seguimiento de las zonas contaminadas por radiactividad, y de establecer medidas de descontaminación o restricción de los usos. Pero España no traspuso esta obligación a sus normas nacionales. Este incumplimiento, y el limbo legal en el que se encuentran este tipo de terrenos, salió a la luz pública en 2018, cuando EL PAÍS desveló la existencia de un conjunto de zanjas a lo largo del canal de riego del Jarama en las que se enterraron lodos radiactivos contaminados procedentes de una fuga en 1970 desde un reactor experimental situado en Madrid. El franquismo ocultó el accidente y esos enterramientos, que todavía hoy siguen sin descontaminarse, ni están señalizados y ni vallados.
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Tras las informaciones publicadas por este periódico, el CSN admitió la existencia de estas zanjas y de al menos otras cinco áreas contaminadas por radiactividad en el país. Pero reconoció que estas zonas estaban en un limbo legal que impide que sean declaradas oficialmente contaminadas; o descontaminadas tras un proceso de limpieza. En junio del pasado año, Bruselas envió al Gobierno un dictamen en el que amenazaba con llevar a España ante el Tribunal de Justicia de la UE si no cumple con la directiva que obliga a los países miembros a tener estrategias de control y seguimiento de los terrenos afectados por radiactividad. Y el pasado verano el CSN también envió al Ejecutivo una carta recordando la necesidad de modificar la ley de 1964. Este organismo pidió lo mismo a principios de la década pasada al Gobierno del PP, que en 2014 llegó incluso a redactar esa reforma pero que tampoco la aprobó.
Palomares
El caso más conocido, sin duda, es el de Palomares, la pedanía del municipio de Cuevas de Almanzora donde todavía permanecen suelos contaminados por las bombas nucleares que cayeron en 1966 tras un accidente aéreo en el que se vieron involucrados dos aviones del Ejército de EE UU. Han transcurrido 56 años de aquel accidente, pero varias parcelas del municipio siguen contaminadas por plutonio. El Gobierno de España trata desde hace años que Estados Unidos se comprometa a llevarse las tierras contaminadas, pero los diferentes Ejecutivos de PP y PSOE no lo han logrado.
Ecologistas en Acción, de la mano del abogado medioambiental José Ignacio Domínguez, presentó una demanda en la Audiencia Nacional en la que pedía al CSN que descontaminara ya Palomares, al margen del hipotético acuerdo al que se podría llegar con EE UU. Pero los magistrados de la Audiencia rechazaron esa petición al entender que el órgano competente no era el CSN. Así que el abogado se dirigió al Tribunal Supremo para que aclare de quién es la competencia; este tribunal admitió su recurso y lo está estudiando.
Durante el proceso para presentar este recurso, Domínguez se dirigió a varios ministerios y entes estales, como el CSN o el Ciemat (Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas), y ninguno declaró ser el responsable de los terrenos afectados por el accidente de Palomares ni de su limpieza. Ahora, en la disposición incluida en el plan de medidas económicas por la guerra se señala que el Gobierno “regulará la declaración” de los “suelos o terrenos como contaminados o con restricciones de uso” además de su inventario y “los sujetos responsables de la descontaminación y restauración”. También se incluirán “los mecanismos” para ejecutar la descontaminación.
Decreto y sanciones
Una vez aprobada la modificación de la Ley de Energía Nuclear se necesita que el Gobierno elabore otro real decreto en el que se concreten los detalles técnicos sobre los suelos contaminados, los procesos de descontaminación y la responsabilidad en la limpieza de estas zonas. Fuentes del CSN explican que este organismo está ya en contacto con el Ministerio para la Transición Ecológica para el desarrollo de este texto. Quién debe descontaminar las zonas dañadas —y pagar por ello— es una de las cuestiones más importantes en varios de los casos que se conocen en España de suelos afectados por la radioactividad.
En la modificación que ha incluido el Gobierno en el real decreto ley se incluye también otro cambio importante: las sanciones. Se señala que se considerará como una infracción muy grave que los propietarios de los suelos incumplan las “obligaciones de notificación, registro y restauración ambiental” de los suelos contaminados o con restricciones de uso “cuando se derive un peligro grave para la seguridad o salud de las personas o daño grave a las cosas o al medio ambiente”. Las infracciones muy graves se puede sancionar con hasta 30 millones de euros.
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