Fotografía cedida por la Defensoría del Pueblo de habitantes reunidos con integrantes de la Defensoría del Pueblo en Puerto Leguízamo (Colombia).Defensoría del Pueblo (EFE/Defensoría del Pueblo)
Las diferentes versiones sobre una operación del Ejército colombiano que dejó 11 muertos en un pueblo fronterizo con Ecuador tiene puestas todas las miradas de organismos nacionales e internacionales de derechos humanos. La ONU, Human Rights Watch, la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría han pedido un “esclarecimiento” del operativo que el Gobierno de Iván Duque presentó como un logro de seguridad, pero sobre el que hay muchas dudas.
A comienzos de la semana tanto Duque como el ministro de Defensa, Diego Molano, anunciaron que operaciones de la Fuerza Pública “neutralizaron 11 integrantes de disidencias de las FARC y la captura de cuatro criminales más en Puerto Leguízamo (Putumayo)”. Sin embargo, rápidamente se alzaron voces de la comunidad, ubicada al sur del país, y de organizaciones sociales que aseguraron que los muertos eran civiles y denunciaron el hecho como un “falso positivo”, como se llama en Colombia a las ejecuciones extrajudiciales de civiles a manos de militares.
A la alerta se sumó la Defensoría del Pueblo que confirmó que entre las 11 personas había varios civiles, incluidos líderes sociales reconocidos en la comunidad, como el presidente de la junta de acción comunal, Divier Hernández y su esposa, Ana María Sarria; el gobernador del pueblo indígena de El Bajo Remanso, Pablo Panduro Coquinche, y Brayan Pama, de 16 años. El resto de los nombres no han sido divulgados.
“Yo estuve con mi hijo hasta unos 15 minutos antes de la masacre y me ofreció comida. Era un festival de veredas que llevaba varios días para recoger dinero para obras y había gente bailando y tomando trago. Yo me despedí, me fui para la finca y cuando llegué, escuché las bombas la explosión”, contó a EL PAÍS Argemiro Hernández, padre de Divier, horas después de las exequias. “Inmediatamente cogí el motor (lancha) y regresé por el río pero ya el Ejército nos impidió el paso. Tenían a más de 60 personas detenidas en la plaza”, narró.
Su relato coincide con el de otros testigos que hablan de la llegada de soldados “disfrazados de negro”, de disparos a corta distancia y armas puestas cerca de los cuerpos, lo que recuerda el fantasma de los falsos positivos, la práctica que dejó al menos 6.402 civiles asesinados entre 2008 y 2008 en el país.
El señor Hernández afirma que, después de casi ocho horas de espera, se rebeló contra los soldados y accedió al lugar donde yacía su hijo. “Lo alcancé a ver muerto y lo abracé. Tenía tiros de gracia en la cara. Es una ofensa que el Gobierno venga a pasarlos como si fueran disidencias de la guerrilla”, denuncia. Según su relato, un vecino que se salvó al lanzarse al río intentó auxiliar a la esposa de Didier, quien también fue alcanzada por los disparos. “Ella profesaba una religión y cargaba la biblia en su bolso. Pero en su lugar le pusieron un radio”, dijo.
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Mientras varios de los familiares reclamaban los cuerpos en distintos departamentos del sur del país, el Gobierno respondía a las críticas a través de Twitter. El ministro de Defensa, Diego Molano ,difundió videos en los que se ve a un grupo de hombres armados e insistió: “Operativo no fue contra campesinos, sino disidencias FARC. No fue contra inocentes indígenas, sino narcococaleros. No fue en bazar, sino contra criminales que atacaron soldados”, escribió el ministro en respuesta a un tuit del candidato presidencial Gustavo Petro, y agregó un video en el que habla un soldado herido. “A los ‘inocentes civiles’ se les incautó arsenal de guerra. granadas, fusiles, proveedores, cartuchos, entre otros”, difundió.
No es la primera vez que el ministro Molano está en medio de un escándalo por la legitimidad de un operativo. En marzo de 2021, cuando apenas llevaba un mes, la denuncia de que el Ejército había bombardeado en Guaviare un campamento de las disidencias guerrilleras con menores edad lo obligó a responder ante el Congreso. Él, que antes había sido director del del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), justificó la operación. “La discusión aquí no es la legitimidad de nuestra fuerza pública para desarrollar estas operaciones, sino cómo las disidencias de las FARC siguen reclutando a estos jóvenes y los convierten en máquinas de guerra”, dijo en su momento.
Los escándalos de corrupción, espionaje ilegal a periodistas, así como casos de violaciones a niñas indígenas por parte de militares han marcado al Ejército en la actual administración. También las denuncias sobre operativos. Guillermo Botero, el primer ministro de Defensa del Gobierno de Duque, renunció a su cargo después de que el senador Roy Barreras revelara que el ministro y el Ejército habían ocultado la muerte de ocho menores en un bombardeo contra disidencias de las FARC. “El de esta semana fue un ataque indiscriminado que viola las normas del Derecho Internacional Humanitario, pero además, de nuevo se informa a los colombianos como si fuera un éxito militar lo que en realidad es un falso positivo”, dijo Barreras.
Por esos antecedentes, la Procuraduría acaba de pedirle al ministro Molano que este viernes le entregue copia de la “orden de operaciones”, el informe sobre el despliegue militar en Putumayo y detalles sobre los muertos, heridos y capturados durante el operativo. Y la ONU hizo un llamado a las autoridades a que “se investigue y esclarezca lo ocurrido, garantizando derechos a debido proceso y acceso a justicia”.
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