España no puede permitirse la más mínima sombra de duda sobre el funcionamiento de sus servicios de inteligencia y su correcto acomodo a los estándares que impone un sistema democrático. De ahí que resulte tan necesario tomar en serio las noticias acerca del espionaje que han sufrido algunos políticos catalanes para afrontar esta cuestión sin aspavientos, pero con la seriedad y madurez que la situación requiere. No ha sido este, sin embargo, el enfoque adoptado por un Gobierno partido en dos y a la espera de que la realidad informativa hiciera decaer la atención sobre el tema. Resulta sorprendente observar cómo, en estas circunstancias, unos han aprovechado la ocasión para escandalizarse y cargar contra compañeros del Consejo de Ministros; y los otros han preferido entregarse a las explicaciones tautológicas. Estrategias todas ellas pésimas para taponar la vía de desconfianza abierta.
Con el fin de dimensionar la verdadera magnitud del problema, conviene partir de lo conocido y plantear, a continuación, aquello que todavía se ignora. Así, de lo publicado hasta la fecha parece claro que España adquirió el sistema de escuchas conocido como Pegasus. También que un número muy significativo de políticos catalanes del entorno independentista ha sido objeto de escuchas indiscriminadas. No es tampoco un detalle menor tomar en consideración que tales escuchas han tenido lugar en un espacio de tiempo alejado de aquella amenaza secesionista que las fuerzas independentistas materializaron en Cataluña. Pero, además de lo sabido, ¿qué ignoramos? Realmente casi todo. De ahí la necesidad de conocer los detalles que permitan valorar en su justa medida el problema al que nos enfrentamos y, en su caso, depurar responsabilidades.
El contexto descrito es, en suma, lo suficientemente inquietante como para exigir que la respuesta del Gobierno no reste gravedad a la información, a la par que se formule un compromiso encaminado a ofrecer las oportunas explicaciones en el lugar adecuado: la Comisión de secretos oficiales del Congreso de los Diputados. Atendiendo a que dicha Comisión está pendiente de constitución, cabe preguntarse qué circunstancias impiden ahora hacerlo. La respuesta es obvia: 210 votos y un veto. La mayoría necesaria viene impuesta por la normativa aplicable; el veto a Bildu parece ser una condición del PP. No me gustan los vetos y creo, honestamente, que no admiten justificación democrática. Con todo, en las circunstancias descritas podría ser un coste político asumible si con ello se facilita la pista de aterrizaje para garantizar todas las explicaciones que permitan entender lo ocurrido. Lo expuesto no toma en consideración otras consecuencias que la situación puede llegar a provocar, especialmente en lo que afecta a la sostenibilidad de la relación futura con los socios de investidura.
Y por pedir que no quede. A la vez que se explica el espionaje, quizás no estaría de más que alguien aclarara también qué sentido tiene que Unidas Podemos siga formando parte de un Gobierno cuando, salvo honrosas excepciones, la principal acción política de sus miembros parece estar orientada a erosionarlo. La situación no puede resultar más grotesca.
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