Tigres en un zoológico de Guerrero, durante un operativo realizado por la Semarnat el 15 de febrero de 2022.Azcarm (RR.SS.)
Se han perdido tres tigres en México y nadie tiene una pista de su paradero, si están con vida o no, si sus cabezas decoran la pared de alguna mansión en Ixtapa. Lo último que se supo de ellos fue por unas fotos donde aparecían tirados en el piso de una jaula en Guerrero, moribundos, flacos como filetes de sardina. Las imágenes son de febrero. Allá, en Guerrero, dicen que murieron de hambre. Acá, en Ciudad de México, dicen que cuando fueron por ellos no encontraron ni el rastro: la jaula estaba limpia como la piel de los mamuts que decoran el nuevo aeropuerto de la capital.
No eran tigres de circo, sus dueños eran presuntamente unos narcos. Si eran mascotas o máquinas de exterminio -si son: están vivos hasta que se demuestre lo contrario- es uno de tantos dilemas que rodean el asunto. Ahora bien, el obispo retirado de Chilpancingo dijo a este medio hace unas semanas que ese presunto grupo de narcos no usaría a unos pobres felinos para desaparecer los cuerpos de sus enemigos. Los Ardillos, así se llaman, emplean otros métodos, ácido sulfúrico, por ejemplo, decía el religioso, todo un experto en el quehacer criminal en la región.
México es un país singular. Los circos tienen prohibido exhibir animales para evitar crueldades innecesarias, pero no es demasiado difícil que cualquiera, un borracho, un criminal o simplemente un ocioso, adquiera un tigre, un puma o un guepardo por el motivo que sea. Según números de la Procuraduría de Protección al Ambiente, entre 2018 y lo que va de 2022, sus funcionarios han decomisado 35 grandes felinos, la mayoría en la capital. Así, Ciudad de México no es solo la gran mancha urbana de Norteamérica, sino la urbe de la extravagancia extrema. Dicho de otra manera: es posible que un domingo cualquiera, Ciudad de México acoja a vecinos paseando con un tigre en un barrio del centro, un concierto masivo de Rosalía y un gran premio de la Fórmula Uno.
Un tigre asegurado por la PROFEPA el 12 de marzo de 2022 en el municipio de Chimalhuacán, Estado de México. Lety Varela (RR.SS.)
Paraíso burocrático, México no encuentra siquiera una explicación a la ausencia de las bestias. Tampoco es seguro que alguien las busque. Se han presentado denuncias, hay abiertas pesquisas, se han realizado diligencias, pero todo acaba en un embudo hecho de papeles y expresiones indescifrables. A la velocidad que avanza el ciclo noticioso, unos tigres perdidos en febrero no pueden competir con tragedias, propias o foráneas, más allá de un par de días. Por eso es interesante la actitud de las autoridades al respecto, un pretendido interés tan atractivo como desconcertante.
Los que mejor lo hacen son los funcionarios de la Procuraduría de Protección al Ambiente, Profepa, que por lo menos han denunciado todo este asunto ante la Fiscalía General de la República (FGR). Un delito contra la biodiversidad. La Profepa está molesta porque la Fiscalía de Guerrero les ha echado el muerto encima -es una forma de hablar- y no están de acuerdo. Todo ocurrió en 10 días de los que no se sabe prácticamente nada, pero sobre los que unos y otros tienen perfectamente claro a quién hay que pedir explicaciones.
Puesta a disposición
El 15 de febrero, la Fiscalía de Guerrero, el Ejército y la Guardia Nacional lanzaron un operativo en el pueblito de Quechultenango, Guerrero, a cuatro horas de la capital. Morada de Los Ardillos, mezcla de caudillos políticos, empresarios y criminales, el municipio parece la versión distópica de la irreductible aldea gala. Llegados los romanos, cientos de pobladores reaccionaron saliendo a las calles, con pancartas, exigiendo la marcha de la autoridad, señalando abusos y robos. El trágico historial de policías y militares en México hace creíble cualquier acusación, pero en este caso parecía más bien una coreografía, Astérix y Obélix en Guerrero.
Militares y policías de la Fiscalía tuvieron tiempo, sin embargo, de registrar varias casas del grupo criminal. En una de ellas encontraron “28 kilos de hierba verde”, un arma, cartuchos, varios vehículos y… los tigres. Afuera, el ambiente se tensaba. La situación era para verla: un puñado de militares y fiscales encerrados con tres tigres en una casa, mientras el pueblo se organizaba en la calle para impedirles salir, reclamando libertad. No hubo forma de que militares y fiscales sacaran a los animales de allí, menos de que personal de Profepa llegara e intentara llevárselos, como ha explicado la dependencia en las respuestas a un cuestionario que elaboró este diario.
Los tigres se quedaron en la jaula y los vecinos retuvieron a militares y fiscales en el pueblo, bloqueando las vías de entrada y salida. Agentes y pobladores negociaron durante horas y acabaron elaborando un documento en que todos acordaron que policías municipales acompañarán de ahora en adelante a los militares que patrullen por la zona. Los Ardillos no divulgaron ningún comunicado de prensa al respecto, pero el acuerdo no parece perjudicarles.
Militares retenidos en Quechultenango, en febrero 2022.
José Luis De La Cruz (EFE)
De los tigres no se habla en la minuta. Dos días más tarde, la Fiscalía de Guerrero informó en un comunicado de que los animales habían quedado “a disposición de la autoridad competente”, esto es, de la Profepa. En sus respuestas al cuestionario, la dependencia niega la mayor y señala que “faltaron acciones aunadas a la emisión de un documento para trasladar la responsabilidad legal y material de una institución a otra”. Esto es, que por mucho que diga la Fiscalía de Guerrero, ellos nunca estuvieron formalmente a cargo de los animales.
La Profepa argumenta que “la puesta a disposición no debe de entenderse como un acto meramente formal, es decir, que se cumpla con la emisión de un documento, porque no se permitiría a las autoridades cumplir con sus funciones. En este caso”, añade, “era necesario que la Profepa en Guerrero realizara la protección y custodia de los animales, constatando su existencia, estado de salud, talla, condiciones en general”. La dependencia concluye que “la puesta a disposición debe comprender tanto la entrega formal, como la física de los ejemplares”.
Preguntado por el significado concreto de la frase “poner a disposición” y sus aplicaciones prácticas en el caso de los tigres, un vocero de la Fiscalía de Guerrero señalaba hace unos días que “poner a disposición es poner a disposición”, evitando entrar en más detalles. “En cuanto tenga información relevante sobre el tema, lo haré de su conocimiento, seguimos en contacto”, zanjó.
Profepa explica que en los días posteriores al rescate fallido, sus trabajadores empezaron a organizar un operativo en condiciones. Encontraron un refugio para los animales en Tezontepec, Hidalgo, de bonito nombre: Las cabañas del Jaguar. “Además, se gestionaron jaulas, vehículos y equipo médico para su traslado y designaron a veterinarios, especialistas e inspectores de su representación en la Zona Metropolitana del Valle de México”, indica la dependencia. El 26 de febrero, el equipo se puso en marcha. Personal de Profepa y de la Fiscalía de Guerrero acudieron a Quechultenango para llevarse a los tigres. Su sorpresa fue que cuando llegaron, la jaula estaba vacía y limpia.
No se supo nada del tema en varios días, hasta que el 4 de marzo trascendieron las fotos de las bestias moribundas, tiradas en el piso de la misma jaula. Inició entonces la fugaz y contenida guerra mediática entre la Profepa y la fiscalía estatal por la responsabilidad de los felinos y el alcance de sus mutuas responsabilidades. Entre el 4 y el 6 de marzo, varios medios informaron del deceso de los animales, citando el testimonio de vecinos de Quechultenango. El diario Reforma citó a un funcionario del Gobierno estatal, que dijo: “Lo que pudo haber pasado es que los dueños de esos tigres regresaron y se los llevaron”.
Nadie ha vuelto a saber de los tigres desaparecidos. La Profepa ha presentado una denuncia ante la Secretaria de Medio Ambiente para que investigue el actuar de sus propios funcionarios, los delegados de la procuraduría en Guerrero. No es que desconfíen. Es, dice una vocera, un procedimiento habitual de la dependencia. La Fiscalía de Guerrero también investiga la desaparición de los felinos. Así, actualmente hay tres investigaciones abiertas por el asunto. A juzgar por los bajísimos datos de efectividad de las fiscalías en México, vergüenza donde las haya, y de la carga de trabajo de todas las dependencias implicadas, la posibilidad de que algún día se sepa algo de los felinos es prácticamente nula.
Suscríbase aquí a la newsletter de EL PAÍS México y reciba todas las claves informativas de la actualidad de este país
Source link