Cinco años después de la firma del acuerdo de paz, Colombia se asoma a la dolorosa verdad judicial de la guerra, cada vez con mayor decisión. En particular, al esclarecimiento de uno de los peores crímenes del conflicto armado, los falsos positivos, el eufemismo con el que se conocen los asesinatos de civiles por parte de militares para presentarlos como guerrilleros caídos en combate. En un nuevo hito de la justicia transicional, una decena de militares imputados por crímenes de guerra y de lesa humanidad sostuvieron por primera vez este martes una desgarradora audiencia de reconocimiento, cara a cara ante sus víctimas. “Asesinamos personas inocentes, campesinos”, admitía uno de los máximos responsables en la primera de dos jornadas dedicadas al fenómeno en la región del Catatumbo.
El presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el magistrado Eduardo Cifuentes, declaró que “ningún momento nos había acercado tanto a la verdad y a la posibilidad de impartir justicia”, en un mensaje transmitido al comienzo de la audiencia. “La tragedia a la que nos arrastró la guerra no debe repetirse, si la justicia brilla, y si su brillo es la verdad”, señaló. Fue el preámbulo de una avalancha de testimonios de víctimas, intercalados con los reconocimientos de los victimarios. Los relatos, sobrecogedores, se sucedieron uno tras otro. Coincidieron en quejarse de la estigmatización de los campesinos como guerrilleros. El evento, por petición expresa de las víctimas, se trasladó hasta un auditorio del municipio de Ocaña, en el departamento del Norte de Santander, donde viven la mayoría de los familiares.
“Mi hermano, Javier Peñuela, fue un hombre sacado de una tienda, fue secuestrado, fue torturado, fue robado de su casa”, se desahogó Sandra Barbosa, una agricultora de la región quien lleva 14 años en busca de recuperar su buen nombre, y relató las múltiples vicisitudes para reclamar el cuerpo. “Yo sí quiero que cambien las tácticas de entrenar a nuestro ejército, no los tenemos allá para que nos maten y nos asesinen, los tenemos para que nos cuiden y nos protejan”, les reclamó sobre la tarima a los comparecientes.
El intercambio con Néstor Guillermo Gutiérrez, un suboficial retirado, imputado como uno de los máximos responsables y considerado por la JEP ejecutor directo de varios homicidios, fue uno de los momentos más dramáticos. “Javier Peñuela era un campesino, hoy lo digo acá, en público; como todos sus familiares, gente de bien”, dijo Gutiérrez. Relató que su único “pecado” el día en que el ejército lo capturó para luego asesinarlo fue bajar al pueblo para que le sacaran una muela. Mencionó en varias ocasiones la presión de los altos mandos por resultados, habló de alianzas con paramilitares y de las listas negras de supuestos colaboradores de la guerrilla, que en realidad no lo eran. “Asesinamos personas inocentes, campesinos. Y uno de mis compromisos cuando yo me reuní con las víctimas fue aclararlo acá ante la opinión, ante el mundo, ante el país”, admitió. “Pido perdón a dios”.
En otro inusual caso, Villamir Rodríguez, un jornalero sobreviviente, contó en un video cómo se salvó gracias a que los uniformados creyeron que estaba muerto después de dispararle, nunca perdió el conocimiento, y se pudo escapar arrastrándose por el campo, a pesar de sangrar profusamente de un brazo. “Yo quiero saber porque iban a hacer conmigo ese falso positivo”, les reclamó a los militares. “Usted nunca fue ningún combatiente, ni ningún delincuente. Vengo a limpiar su nombre”, declaró después Daladier Rivera, para la época capitán del ejército. “Yo elaboré falsos documentos de inteligencia”, admitió.
Las primeras decisiones de fondo de la JEP son inminentes. La inédita audiencia de reconocimiento, la primera dentro del sistema, activa una nueva etapa judicial en la que los imputados deben reconocer su responsabilidad y aportar verdad. Corresponde al subcaso en el que la Sala de Reconocimiento ha acusado a 11 personas –entre ellos un brigadier general, dos coroneles, dos tenientes coroneles, un mayor, un capitán, dos sargentos y un cabo, así como un civil– por su participación en las muertes de por lo menos 120 personas indefensas en Catatumbo, en Norte de Santander, una región fronteriza con Venezuela, entre enero de 2007 y agosto de 2008.
Los llamados falsos positivos, perpetrados mayoritariamente durante los dos mandatos de Álvaro Uribe (2002-2010), han sido una fuente constante de conmoción en una sociedad que busca doblar la página de la violencia en medio de la polarización que ha caracterizado al país desde la negociación de paz. Sus ramificaciones se produjeron a lo largo y ancho de Colombia. Como parte del caso 03 la JEP ha documentado por lo menos 6.402 “asesinatos y desapariciones forzadas presentados como bajas en combate por agentes del Estado”. Los ocurridos en el Catatumbo son emblemáticos por varias razones.
Las 120 víctimas en Norte de Santander, que tenían un perfil semejante y obedecen a un patrón sistemático, buscaban satisfacer el indicador oficial de éxito militar en el marco de la política del conteo de cuerpos, ha detallado el tribunal en su imputación. Los incentivos incluían felicitaciones, medallas, permisos y vacaciones. Allí hubo dos modalidades criminales. En la primera, eran hombres jóvenes de entre 25 y 35 años, habitantes del área rural del Catatumbo, en su mayoría agricultores, comerciantes y transportadores informales. En esa etapa se concentró la jornada de este martes.
JEP (EFE)
Cuando las denuncias de la población del Catatumbo comenzaron a acumularse, los militares comenzaron a asesinar a jóvenes provenientes de otras regiones, engañados para ser trasladados con el mismo propósito de presentarlos como bajas en combate. Fue así como el país se enteró en 2008 del relato de las madres de Soacha, en las inmediaciones de Bogotá, que buscaban a sus hijos desaparecidos y terminaron hallándolos en una fosa común en Ocaña, después de que miembros del ejército los reportaron como muertos en combate. En ellas se concentrará la jornada del miércoles. Las víctimas en la audiencia vestían camisetas con la imagen de altos mandos militares y el mensaje que ha popularizado el movimiento de madres de Soacha: “¿Quién dio la orden?”.
El proceso por los falsos positivos es uno de los dos grandes procesos –o macrocasos– más avanzados en el tribunal de paz, junto al que imputa a la cúpula de las extintas FARC por una serie de delitos asociados al secuestro, que tendrá su audiencia de reconocimiento en Bogotá a partir del 31 de mayo. Si los comparecientes reconocen su responsabilidad durante las audiencias, además de aportar verdad plena, detallada y exhaustiva, las primeras resoluciones de conclusiones se deben producir en los próximos tres meses.
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