Es natural que el presidente Pedro Sánchez expresase el jueves, tras la convalidación del plan contra la crisis por 176 votos a 172, “una satisfacción” que podía haberse quedado en una frustrante suspensión de las medidas adoptadas desde el 1 de abril contra los efectos de la crisis causada por la guerra en Ucrania. Ha de ser necesariamente agridulce esa satisfacción porque volvió a ponerse de manifiesto la extrema volatilidad de sus apoyos en el Congreso, a menudo poniendo en riesgo medidas que van más allá de su sesgo ideológico y benefician a toda la población. Cualquier Gobierno, de cualquier color, tiene como primera obligación proteger a la población contra los efectos profundos en términos de poder adquisitivo y empobrecimiento que tanto la inflación como la invasión rusa de Ucrania están generando a escala global. Más allá de la discusión sobre las posibilidades de mejora del plan, la situación de emergencia es social e indiscriminada: la inmensa mayoría de los ciudadanos sufre las consecuencias de la crisis y los más vulnerables, de manera vital. Y a todos benefician las medidas aprobadas el jueves. Los continuos lamentos por la desafección de la política por parte de los ciudadanos se compadecen mal con la impresión de que algunos portavoces en el Congreso están desconectados de la vida cotidiana de sus votantes o han dejado de percibir lo que todos ellos sí saben: Europa vive una guerra en su interior cuya duración nadie puede prever, pero cuyas consecuencias en la economía diaria, a corto y medio plazo, maltrata sobre todo a quienes tienen un colchón de protección más frágil o directamente inexistente.
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