El gobernador de Baja California, Jaime Bonilla, en una conferencia en Ciudad de México, el 16 de octubre de 2019.Luis Cortes (Reuters)
El gobernador de Baja California, Jaime Bonilla, terminará su mandato en las elecciones del 6 de junio de 2021 con una nueva polémica. Tras fracasar en su intento por permanecer en el cargo cinco años, tres más de los admitidos por ley, Bonilla ha sumado una última disputa con un nuevo golpe a la política antes de abandonar su puesto. El Diario Oficial del Estado de Baja California ha anunciado que expropiará un club de golf de 80 hectáreas en Tijuana para construir un complejo interactivo campestre. “El perjuicio a la propiedad privada del Club Campestre es menor al beneficio que genera en favor de la sociedad”, sentencia el documento publicado el pasado martes. El gobernador ha justificado la decisión en los adeudos en impuestos de los propietarios de las instalaciones y en la necesidad de optimizar las zonas verdes existentes.
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En el periódico oficial de la entidad federativa, el Gobierno de Baja California subrayaba la inminente necesidad de expropiar el Club Social y Deportivo Campestre de Tijuana. “Se determina que los terrenos que son objeto de la presente Declaratoria, ubicados en el campo de golf del denominado Club Campestre de Tijuana, son los más apropiados, son idóneos y son insustituibles para llevar a cabo la construcción y habilitación del proyecto Complejo Interactivo Campestre”, señala el documento. Las 80 hectáreas ubicadas en el sur de la ciudad reúnen los servicios y dimensiones para proporcionar “un espacio cultural, de recreación y actividad física y mental en beneficio de la sociedad”. Unas características que el Gobierno local asegura que no se repiten en ninguna otra área del territorio. En la declaratoria se especifica que la expropiación es un “tema de justicia social” para permitir que el complejo sea disfrutado por todos los ciudadanos de la ciudad y no solo por “un reducido grupo de familias”.
El terreno del campo de golf fue cedido en 1829, cuando el gobernador José María Echeandía concedió las hectáreas a Santiago Arguello. El sitio web de la empresa asegura que esto sucedió cuando “era común que se repartieran tierras gratuitamente a favor de personas que se aventuraban a buscar nuevos horizontes en regiones apartadas y despobladas”. Tras el anuncio de Bonilla, los socios propietarios de las instalaciones recurrirán a un amparo legal para demostrar que no hay causa de utilidad pública para justificar la expropiación.
Bonilla ya había amenazado con expropiar el terreno a finales del pasado enero y argumentó que los propietarios de las instalaciones tenían deudas con los servicios de agua. El anuncio provocó varias reacciones entre la oposición mexicana a uno de los más fieles defensores del presidente, Andrés Manuel López Obrador. Cuando todavía era un reconocido empresario de los medios de comunicación en Baja California, Bonilla le prestó toda la artillería de radios, televisiones abiertas y por cable de su emporio para la campaña del partido en un Estado tradicionalmente dominado por la derecha. En la primera amenaza de enero, el presidente nacional de la Confederación Patronal de la República Mexicana, Gustavo de Hoyos, acusó al partido de querer llevar al país hacia el comunismo y de atacar la propiedad privada.
En esta ocasión ha sido la secretaria de Economía, Tatiana Clouthier, quien ha manifestado su rechazo a las intenciones del gobernador. “En relación con la expropiación de un terreno de propiedad colectiva en Tijuana, rechazamos medidas de esta naturaleza, recordando que deudas tributarias no ameritan expropiación”, ha escrito en sus redes sociales.
Bonilla ya había levantado ampollas en 2019 con la reforma para alargar su mandato. Entonces, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) admitió a trámite cuatro acciones de inconstitucionalidad contra la medida. Mientras, el Instituto Nacional Electoral (INE) anunció una campaña “para salvaguardar la democracia” coronada por otro recurso ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial. Dentro de Morena, Clouthier, quien entonces era coordinadora de la campaña presidencial, calificó la medida de “aberración” y el presidente de la Cámara de Diputados Porfirio Muñoz Ledo llegó a proponer incluso la desaparición de poderes en el Estado norteño. El presidente reaccionó con tibieza y respondió alegando incansablemente que él no se presentaría nuevamente a la presidencia.
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