Con las relaciones entre Rusia y la UE al borde del abismo energético, Bruselas se enfrenta a una semana de decisiones casi existenciales, que marcarán un antes y un después en el suministro de carburantes a Europa, y muy probablemente cambiarán su rumbo para siempre. El debate comunitario se ha ido calentando en los últimos días por dos conductos que discurren en paralelo: el gas y el petróleo. Rusia amenaza con el corte del gas que llega a la UE, tras haber cerrado la semana pasada la manija de las tuberías que surtían de este carburante a Polonia y Bulgaria. Y ahora Bruselas valora cómo proceder con el siguiente paquete de sanciones económicas para impactar donde más puede dolerle al Kremlin: decretando un embargo al petróleo ruso, cuya venta supone, en tiempos de paz, cerca de 48.000 millones de euros anuales al régimen de Vladímir Putin, según Eurostat.
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“No podemos aceptar ese tipo de maniobras”, ha protestado, en referencia a los cortes de gas impuestos por Rusia, Barbara Pompili, ministra de Transición Ecológica de Francia, justo antes de entrar en el Consejo de Ministros de Energía de la UE, convocado de forma extraordinaria en Bruselas.
Este lunes los socios europeos se han citado de urgencia para discutir planes de contingencia, mecanismos de solidaridad comunitaria y fórmulas alternativas de aprovisionamiento. Entre las medidas discutidas se encuentran la nueva regulación de almacenamiento de gas propuesta por la Comisión Europea, que obligará a llenar las reservas hasta el 80% antes de noviembre; o el esquema de compra conjunta de combustible, con el que Bruselas quiere poner en valor su poder de compra global, como ya hizo con las vacunas durante la pandemia.
Pompili, cuyo país ejerce la presidencia de la UE este semestre, ha denunciado la decisión “unilateral y brutal” del gigante Gazprom, de cerrar de forma repentina los flujos hacia Sofía y Varsovia cuando se negaron a pagar los suministros de gas en rublos, como exige Rusia desde el 31 de marzo. También ha defendido que los clientes de la gasista sigan saldando su deuda en euros o dólares, tal y como está estipulado en el 97% de los contratos de la UE, según fuentes de la Comisión Europea. El Ejecutivo comunitario, además, considera que pagar en rublos supondría violar las sanciones financieras impuestas por Occidente contra Moscú.
Mientras tanto, la Comisión Europea ultima ya su propuesta definitiva para dejar de importar crudo ruso, el dardo con el que Bruselas pretende agujerear las arcas con las que Moscú financia en gran medida su guerra en Ucrania. Pero en esta pugna los Veintisiete caminan sobre un alambre. La política del presidente ruso, Vladímir Putin, amenaza con ahondar las grietas del bloque comunitario, mientras planea la oscura sombra de un escenario de cortes y racionamiento de combustible sobre las capitales europeas, algo que fuentes del Ejecutivo comunitario consideran ya más que probable de cara al próximo invierno.
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SuscríbeteLa ministra de Transición Ecológica de Francia, Barbara Pompili, en su comparecencia ante la prensa previa a la reunión en Bruselas el lunes de los ministros de Energía de la UE. JOHN THYS (AFP)Chantaje político
En Bruselas hay un temor creciente a que los primeros cortes hayan sido solo un aviso del Kremlin. El nuevo sistema de pago exigido por Moscú de forma unilateral, que tanto Varsovia como Sofía se han negado a cumplir, equivale a una herramienta de chantaje político que Putin puede usar a discreción para dividir a los Veintisiete.
El último golpe de Moscú a Polonia y Bulgaria también ha acelerado la negociación del sexto paquete de sanciones económicas contra Rusia. Fuentes comunitarias aseguran que es necesario dar una respuesta contundente. La propuesta de la Comisión está ya casi cocinada, después de una discusión diplomática de alto nivel llevada a cabo a lo largo del fin de semana. Y está previsto que el colegio de Comisarios europeos, bajo la batuta de su presidenta, Ursula von der Leyen, valore las medidas en su reunión mañana martes. Luego, solo quedaría el visto bueno final de los Veintisiete para que las sanciones queden definitivamente aprobadas.
Dentro de la UE hay socios muy reacios a llevar más allá las sanciones, como Hungría, cuyo Gobierno, próximo al régimen de Vladímir Putin, se ha cerrado en banda a sancionar el sector energético de Rusia, después de que en el último paquete aprobado por la UE se incluyera un embargo total al carbón. El jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, uno de los responsables de alicatar el nuevo paquete de sanciones, ha llegado a asegurar que ve inviable, por el momento, lograr la unanimidad que requiere el corte total; pero, asegura, los países podrían avanzar de forma voluntaria hacia la desconexión energética de Rusia.
Las líneas maestras del nuevo plan, de momento, se parecen mucho a lo que ha reclamado Berlín. Así, Bruselas, por ahora, pretende activar un embargo progresivo, pero no inmediato al crudo de Moscú, con un período que dé un margen suficiente para preparar suministros alternativos.
“Alemania no está en contra de un embargo al petróleo de Rusia”, ha asegurado en Bruselas este lunes el ministro alemán de Economía y Acción Climática, Robert Habeck, antes del Consejo de Energía. “Por supuesto, supone un lastre importante, pero estamos dispuestos a hacerlo”, ha añadido, asegurando que no cree que el embargo pueda ser decretado de forma inmediata, ya que algunos socios aún no están en disposición de acometerlo y podría suponer una catástrofe económica.
Habeck ha hecho referencia al enorme esfuerzo en la reducción del consumo de crudo ruso realizado por Alemania, que ha pasado del 35% de antes de la guerra al 12% actual, pero ha explicado que existe un problema localizado que lastra el proceso. La refinería de Schwedt, en el Estado oriental de Brandeburgo, funciona con el tipo de crudo que exporta Rusia. Además, la propiedad mayoritaria de Schwedt está en manos de la petrolera estatal rusa Rosneft. “Ayudaría si tuviéramos más tiempo, unas semanas o meses, para hacer las preparaciones técnicas”, ha concluido el alemán.
Berlín lleva semanas asegurando que solo podría hacer frente a finales de año a un embargo del gas. Pero una desconexión paulatina, tal y como está esbozada en estos momentos, no convence a los socios más beligerantes del club comunitario, que buscan ir más rápido para poner sin dilación un freno a una de las grandes partidas económicas con las que el Kremlin sigue financiando la guerra en Ucrania. “Creo que lo que está planteado es un período demasiado largo”, dice una fuente diplomática de alto rango, conocedora de la negociación. Opina que un retraso en la desconexión no suena demasiado a una tajante imposición de sanciones.
La ministra de Clima de Polonia, Anna Moskwa, ha sido una de las más duras en su comparecencia previa al Consejo. Ha reclamado un veto inmediato tanto al petróleo como al gas ruso. Y ha reclamado una tasa, similar a la impuesta a las emisiones de CO₂, contra los países comunitarios que no quieran sumarse a las sanciones energéticas: “Este dinero se puede usar para apoyar a Ucrania y para diversificar y financiar las infraestructuras europeas”, ha propuesto Moskwa.
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