Ha sido una semana negra para el Gobierno chileno que, entre los múltiples desafíos que enfrenta, debe hacer frente a la compleja situación que se vive en el sur del país, específicamente en La Araucanía y las regiones aledañas. Zona histórica de reclamo de tierras indígenas, la demanda se ha complejizado en los últimos años con una escalada de violencia que incluye asesinatos, atentados incendiarios, robo de madera, narcotráfico y gran poder de fuego, con un Estado que en ocasiones parece ausente.
El presidente Gabriel Boric, que se había resistido a contar con la ayuda de los militares, finalmente tuvo que ceder y aplicar un estado de emergencia “acotado”, que en la práctica les permitirá a los uniformados controlar los caminos. En las horas previas a esta decisión tomada a contrapelo de algunos sectores de su coalición política, sin embargo, el mandatario ha dado señales contradictorias que dejan a La Moneda en un mal pie para controlar la compleja situación que se libra en el sur del país.
La semana pasada, el líder de la Coordinadora Arauco-Malleco, una organización mapuche dedicada a impulsar la violencia política, hizo un llamamiento a “preparar fuerzas, a organizar la resistencia armada” contra el Estado chileno. El Gobierno anunció que presentaría una querella, como lo explicó el domingo la ministra Jeanette Vega, de la cartera de Desarrollo Social. En las horas sucesivas, sin embargo, la ministra del Interior, Izkia Siches, y el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, descartaron la querella y abrieron un nuevo camino: incorporar los antecedentes a causas judiciales ya abiertas contra Llaitul en el Gobierno pasado.
El presidente Boric, sin embargo, cerró de golpe el asunto al señalar que su Gobierno “no persigue ideas ni declaraciones, persigue delitos”, con lo que la querella contra Llaitul quedó descartada en medio de un conflicto que tiene a la población de la zona en una situación extrema de inseguridad, incluso para trasladarse de un lugar a otro.
Fue la propia Fiscalía la que se vio empujada a contradecir a La Moneda. El vocero de la Fiscalía Regional de La Araucanía, Luis Torres, confirmó que el Ministerio Público no puede iniciar una investigación de oficio por los dichos de Llaitul sin una acción del Gobierno. “Se tratan estas últimas declaraciones de hechos nuevos que pueden configurar delitos contemplados en la Ley de Seguridad Interior del Estado, por lo tanto, la Fiscalía no puede investigarlos de oficio ni tampoco incorporarlos a investigaciones vigentes, salvo que el titular de la acción penal –que en este caso es el Gobierno–lo haga, lo que hasta el momento no ha ocurrido”, dijo el portavoz.
De acuerdo a la Ley de Seguridad del Estado, el ministerio del Interior debe interponer una denuncia que permita a la Fiscalía investigar. En Chile, luego de que el presidente Boric calificase las palabras de Llaitul como ideas o declaraciones, se ha abierto un debate intenso entre especialistas, pero impera la convicción de que los llamados a las armas y las amenazas contra el orden público configuran delitos tipificados en la legislación chilena, sobre todo cuando el levantamiento armado ya se está produciendo.
Diferencias internas
En una coalición oficialista que tiene diferencias internas profundas sobre la estrategia que desplegar en la zona, el Gobierno ha dado señales erráticas que hacen difícil comprender su objetivo. En paralelo al decreto del estado de excepción “acotado” para asegurar el libre tránsito, ha lanzado un plan intersectorial que contempla la compra de tierra para comunidades indígenas, construcción de caminos y observadores internacionales en una de las regiones más pobres del país. Lo denominó plan Buen vivir.
Fue ese el contexto en que el presidente Boric decidió el jueves destituir al militar que estaba a cargo de aplicar el estado de excepción , el contraalmirante Jorge Parga Balaresque. Lo hizo solo 48 horas después de que fuera nombrado por el propio Gobierno, en una propuesta de la ministra de Defensa, Maya Fernández Allende.
La decisión de Boric se produjo luego de hacerse pública una carta enviada por la familia de un joven, Manuel Rebolledo, que durante el estallido social de 2019 murió atropellado por un infante de marina que reprimía un saqueo. La misiva hacía referencia al papel de Parga, que antes de que se conociera la sentencia respaldó al acusado y señaló: “La Armada va a defender a sus funcionarios porque tenemos la convicción que él es absolutamente inocente”. Luego, el infante fue condenado por cuasi delito de homicidio con una pena de 540 días.
La portavoz del Gobierno, Camila Vallejo, ratificó el jueves que fue la carta la que impulsó a Boric a sacar al contraalmirante: “Ante los antecedentes que pone la familia de Rebolledo, consideramos que es importante actuar rápidamente y hacer esta modificación y el presidente así lo ha establecido”, aseguró.
Este segundo incidente dejó al Gobierno en una mala posición, porque aparece revirtiendo una decisión propia. Complica, de paso, al ministerio de Defensa, las relaciones con la Fiscalía y a la propia Marina que, desautorizada, vivirá este sábado su fiesta institucional del 21 de mayo, donde Chile decreta feriado por las Glorias Navales.
Pero no han sido las únicas expresiones contradictorias que dejan en evidencia que La Moneda ha tomado a contrapelo la decisión de hacer ingresar a los militares a la zona. La ministra Siches dijo a mitad de semana que no querían ser el Gobierno que terminara con un comunero mapuche muerto, como ocurrió en la Administración de Sebastián Piñera (2018-2022), pero luego aseguró que si las Fuerzas Armadas son atacadas “van a tener que responder y defender su vida”.
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