La Comisión Europea tiene previsto aprobar este miércoles los proyectos legales que abrirán el camino para la confiscación de los bienes rusos congelados por las sanciones europeas. Bruselas espera utilizar esos activos, que ya suman miles de millones de euros, para financiar la reconstrucción de Ucrania tras la invasión del ejército ruso. La reforma pretende ofrecer a los Gobiernos de la UE la base legal necesaria para proceder a la incautación al equiparar la violación de las sanciones con delitos tan graves como el terrorismo o la trata de seres humanos, en los que ya está prevista la confiscación.
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La nueva base legal se recogerá en un proyecto de Decisión del Consejo que “añade la violación de las medidas restrictivas de la Unión a las áreas de delitos señalados en el artículo 86.1 del Tratado de Funcionamiento de la UE”, indica uno de los documentos que tiene previsto aprobar la Comisión y a los que ha tenido acceso .
El artículo 86 enumera los siguientes ámbitos delictivos: el terrorismo, la trata de seres humanos y la explotación sexual de mujeres y niños, el tráfico ilícito de drogas, el tráfico ilícito de armas, el blanqueo de capitales, la corrupción, la falsificación de medios de pago, la delincuencia informática y la delincuencia organizada.
La inclusión en ese listado del delito de violar las sanciones permitirá aplicar la directiva europea sobre confiscación. Bruselas sospecha, por ejemplo, que el Kremlin está intentando eludir las sanciones al exigir a las compañías europeas el pago en rublos del suministro de gas. Si esa elusión se convierte en delito, los Estados europeos estarían facultados para confiscar bienes rusos, incluidas buena parte de las reservas del Banco de Rusia depositadas en entidades financieras europeas.
Los proyectos de la Comisión incluyen también una reforma para endurecer la directiva sobre recuperación y confiscación, una norma de 2007 destinada a privar de activos al crimen organizado pero que, según Bruselas, no es del todo efectiva. “Los sistemas de recuperación de activos de los Estados miembro no están bien equipados para afrontar el complejo modus operandi de las organizaciones criminales”, lamentan los citados documentos.
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El endurecimiento de esa directiva, que ya estaba previsto, ha ganado una nueva dimensión tras la invasión rusa de Ucrania, según reconoce el texto. La revisión de la directiva “fijará normas para permitir el rápido rastreo e identificación de las propiedades que pertenezcan o sean controladas por personas o empresas sujetas a tales medidas [restrictivas], incluida la cooperación con países terceros para detectar, prevenir e investigar delitos relacionados con la violación de las medidas restrictivas de la Unión”.
Hasta primeros de abril, los Estados de la Unión ya habían congelado activos rusos por valor de 29.500 millones de euros como consecuencia de las cinco rondas de sanciones aprobadas hasta ahora, según datos recopilados por la Comisión Europea. Entre los bienes figuran, según el organismo comunitario, yates, helicópteros, propiedades inmobiliarias y obras de arte. La UE y EE UU han congelado, además, las reservas del Banco de Rusia depositadas en entidades financieras occidentales, un tesoro que ronda los 300.000 millones de euros.
La lista de personalidades rusas sancionadas por la UE ya supera el millar, e incluye desde el presidente ruso, Vladímir Putin, y su ministro de Exteriores, Serguéi Lavrov, a parlamentarios, militares de alta graduación o magnates vinculados al régimen del Kremlin.
El pasado mes de abril, un grupo de eurodiputados de los principales grupos políticos del Parlamento Europeo, liderados por el socialista español Domènec Ruiz-Devesa, propusieron la confiscación de esos bienes rusos para financiar la reconstrucción de Ucrania. La idea fue recogida y avalada por el Alto Representante de Política Exterior de la UE, Josep Borrell, quien recordó que EE UU ya había procedido a la incautación de bienes congelados en el caso de Afganistán.
La Comisión Europea ha hecho suya la idea y la plasmará este miércoles, si se cumple la agenda prevista, en proyectos legislativos que permitan ejecutarla si reciben el visto bueno del Consejo de la UE y del Parlamento Europeo. El plan cuenta con el apoyo entusiasta de los países partidarios de adoptar represalias muy duras contra Moscú, como Polonia o los Bálticos; y con la reticencia de otros socios, entre ellos, Alemania.
Pero la elevadísima factura que dejará la destrucción del ejército de Putin en Ucrania podría despejar las dudas de los países europeos que se resistan a la incautación. El Gobierno ucranio cifra los daños en más de medio billón de euros, una cifra llamada a aumentar mientras dure la invasión y se prolonguen los bombardeos rusos. Los países de la UE han debido sufragar, además, la atención y mantenimiento a casi seis millones de ucranios que han buscado refugio en territorio comunitario, una asistencia que costará unos 40.000 millones de euros, según cálculos del centro de estudios Bruegel.
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