Organizaciones hicieron un llamado a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) para que demande ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) la invalidez del decreto que pide la reconversión de hospitales psiquiátricos en nosocomios generales.
De acuerdo con las organizaciones, la reforma vulnera los derechos humanos y consideran que “va en contra de la progresividad en el derecho a la salud, representa una sobre carga en las tareas de cuidados de las familias, particularmente de las mujeres” y “no otorga salida a las personas inimputables que acabarán en la cárcel”.
No obstante, reconocieron que en las reformas se integrara el consentimiento informado y la prohibición del tratamiento involuntario. Asimismo, destacaron los principios, guías en la prevención y atención de la salud mental consideradas, así como el enfoque de reducción de riesgos y daños como eje rector para la atención de las personas.
Ante la reciente decisión del legislativo de cerrar los hospitales psiquiátricos, diversas organizaciones nos unimos para solicitar de manera urgente que la @CNDH interponga acción de inconstitucionalidad por las siguientes razones👇 pic.twitter.com/uHr7I5b45J
— Organización Comunitaria por la Paz (@ocupa_mx) May 27, 2022
El pasado 16 de mayo se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Salud, en materia de Salud Mental y Adicciones.
Entre los cambios se encuentra la reforma al artículo 74, que establece que se debe “eliminar el modelo psiquiátrico asilar, no se deberán construir más hospitales monoespecializados en psiquiatría”.
Asimismo, “los actuales hospitales psiquiátricos deberán, progresivamente, convertirse en centros ambulatorios o en hospitales generales dentro de la red integrada de servicios de salud”.
Las reformas fueron votadas en la Cámara de Diputados el pasado 5 de abril, con las cuales se busca que incorporan los pacientes con problemas de salud mental y adicciones se atiendan en hospitales generales, sin asistir a un aislamiento dentro de un hospital psiquiátrico.
Con ellas también se establece que el internamiento solo podrá llevarse a cabo de manera voluntaria y cuando aporte beneficiosa la persona.
Frente a esto, el pasado 3 de mayo, el secretario de Salud, Jorge Alcocer, recalcó durante la conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional que la reforma “no desaparece”, sino que “se transforma, se cambia lo que estaba mal”. De acuerdo con el secretario, la reforma busca un tratamiento integral y quitar el estigma.
“Es un camino que en todos lados, en todo el mundo se está tomando. Nosotros no lo hacemos por imitación, sino por convicción de que aquí en nuestro país también no tenemos todavía los lugares donde se atiende en forma con derechos y desde luego con una atención humanista a la gente que tiene problemas en su conducta”, señaló.
Asimismo, informó que los hospitales de segundo nivel “van a tener consulta de psicología y psiquiatría con especialistas”. Además, habrá lugares donde se de un seguimiento diario y haya hospitalización.
Igualmente, el pasado 24 de mayo, Alcocer reiteró que se busca una transformación de salud mental.
“Lo que ha llamado mucho la atención es que ya no hay hospitales psiquiátricos. Voy a tomar esta situación como una decisión, que no solo es en México. Es una decisión que progresivamente desde hace una década se ha tomado como una realidad que paciente, un individuo con alteraciones de salud mental, y más ahora después de la pandemia, requiere una atención integral desde la familia”, declaró.
Sin embargo, distintas organizaciones recalcaron este viernes que dicho decreto vulnera los derechos humanos.
El comunicado, firmado por la Organización Comunitaria Por La Paz (OCUPA), la Fundación Reintegra, Reinserta, la Federación Mexicana de Criminología y Criminalística, y Derechos sin barreras, exige que la CNDH se pronuncie en contra dentro de los 30 días naturales a que se haya publicado el decreto.