Las normas de etiquetado actuales son “el acto de corrupción más profundo en daños a la salud pública”, afirmó Alejandro Calvillo tras dictarse sentencia.
La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) negó la protección de la justicia federal a la organización El Poder del Consumidor, que se inconformó contra el etiquetado de alimentos y bebidas al considerar que favorece a la industria en detrimento de la salud pública.
Este martes de discutió en la Segunda Sala de la Corte un proyecto presentado por la ministra Yasmín Esquivel Mossa, que proponía dar la razón a la Comisión Federal de Protección a Riesgos Sanitarios (Cofepris), dependencia que presentó una queja contra la sentencia del juez Fernando Silva García, quien decidió amparar en 2016 a El Poder del Consumidor ante los lineamientos de etiquetado, por considerarlos contrarios a las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS), entre otras causas.
El proyecto de Esquivel Mossa, favorable a la Cofepris, afirma “categóricamente” que las reglas de etiquetado vigentes atienden a las recomendaciones internacionales, incluidas las de la OMS, y por ningún motivo pueden considerarse contrarias a la Constitución.
La propuesta de la ministra de más reciente incorporación a la Corte obtuvo los votos a favor de la propia Esquivel Mossa, de Alberto Pérez Dayán y de Eduardo Tomás Medina Mora Icaza. En contra votaron los ministros Javier Laynez Potisek y José Fernando Franco González Salas.
En un comunicado posterior, El Poder del Consumidor anunció que acudirá ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en donde se espera que el caso sea recibido para ser discutido de nuevo con base en los argumentos que dieron los ministros Laynez Potisek y Franco González Salas; la organización espera que se tenga una resolución en los próximos dos años.
“A pesar de que la resolución de sentencia del caso sobre etiquetado favoreció el proyecto que se discutió el día de hoy en la SCJN, la Cofepris y la Secretaría de Salud (SS) han anunciado la revisión del actual etiquetado el cual ha quedado claro que no es entendible para la población y representa un riesgo a la salud. Se espera que la autoridad sanitaria responsable de esta regulación, tome en cuenta la contundente evidencia de los organismos internacionales de Naciones Unidas (FAO, OPS/OMS y Unicef), el Instituto Nacional de Salud Pública (INSP), el Comité de Expertos Académicos Nacionales del Etiquetado Frontal de Alimentos y Bebidas”, añadió El Poder del Consumidor.
El director de la organización, Alejandro Calvillo, expresó en una entrevista, al finalizar la sesión en la Corte, que la sentencia se basa en falsedades, pues los propios organismos internacionales han dicho que no respaldan los criterios de etiquetado actuales, a diferencia de lo que indica el proyecto aprobado por mayoría de votos.
“La administración anterior hizo un etiquetado que, podemos decir, es el acto de corrupción más profundo en daños a la salud pública porque durante cinco años hemos tenido un etiquetado que la gente no entiende y que induce al consumo de altas cantidades de azúcar en un país que tiene los niveles más altos de obesidad y diabetes en el mundo”, afirmó Calvillo.