Las investigaciones en torno a la entrega de bases de datos genéticos a la empresa ADN México deben continuar, pues se debe indagar todo el entramado, afirmó la titular de la Comisión Nacional de Búsqueda, Karla Quintana.
En entrevista con Aristegui Noticias, la funcionaria explicó que ella presentó en agosto de 2019 la denuncia por la filtración de bases de datos genéticos, sin embargo, la sentencia emitida ayer por el juez Felipe de Jesús Delgadillo Padierna en contra del primer Coordinador de Estrategias de Seguridad Pública de la Comisión Nacional de Seguridad, Roberto Cabrera Alfaro, por el delito de ejercicio ilícito del servicio público por la transmisión de 49 mil perfiles genéticos provenientes de familiares de desaparecidos y de bases de datos gubernamentales, es solamente una de las dos carpetas de investigación que existen.
Quintana señaló que este caso está relacionado con un oficio de Cabrera Alfaro emitido en 2017 desde la Comisión Nacional de Búsqueda en favor de la empresa ADN México. En el documento, dijo, el exfuncionario eximía de cualquier delito a la compañía, sin siquiera sin tener facultades legales para ello, lo cual fue sancionado en la audiencia del jueves.
Sin embargo, el mismo funcionario emitió otro oficio similar en 2018, aunque desde la Comisión Nacional de Seguridad.
“Lo que solicitamos expresamente al juez es que se investigue, que le pida a la Fiscalía que en la carpeta que está abierta se investigue a estas personas, no sólo al ex comisionado, sino también a todas aquellas personas que hayan trabajado en diferentes instituciones federales, estatales y que hayan estado involucrados de manera ilegal con esta empresa”, dijo Quintana.
“Este caso se da en un momento de crisis en un contexto de mucho dolor en donde se mercantilizó el dolor. Se tiene que seguir investigando no puede quedar aquí. Hay más personas involucradas, hubo miles de perfiles genéticos que estuvieron dando vueltas, no sabemos en manos de quién y esto a costa de las familias de personas desaparecidas, a costa del dolor, y lo que eserpamos es que esta primera setnencia sea un eslabón de un camino para no solamente saber qué pasó”.
En tanto, el abogado Javier Schütte, quien asesora a la Comisión Nacional de Búsqueda, coincidió en que las investigaciones deben continuar y acusó que se dio mercantilización del dolor y la tragedia de los desaparecidos y sus familiares, que las utilizaron como una parte de su estrategia de ventas, lo que viola la dignidad y los derechos humanos de las víctimas.
“Utilizamos esta palabra de la mercantilización del dolor y la tragedia de personas desaparecidas y sus familiares y esto como una parte de su estrategia de ventas. Se vio esta crisis como una oportunidad de negocio”, opinó.
Schütte dijo que de acuerdo con los testimonios asentados en las audiencias, ADN México tenía acceso a computadoras y bases de datos de la entonces Procuraduría General de la República y a las de fiscalías de Michoacán, San Luis Potosí , Coahuila, Veracruz y Morelos, estados con los que tenía relación comercial.
Al respecto, Quintana dijo que ante la crisis forense y de personas desaparecidas por la que atraviesa México es necesario recurrir a la iniciativa privada, sin embargo esto debe darse de manera legal y ordenada.
La Comisionada Nacional de Búsqueda relató que ella tuvo conocimiento sobre el tráfico de bases de datos genéticos cuando se reunió con familiares de personas desaparecidas y un representante de la empresa ADN México se le acercó con la intención de continuar la misma relación que tenían con Roberto Cabrera Alfaro.
Cuestionada sobre el contenido de los datos entregados a ADN México, Karla Quintana dijo que se desconoce, pues en los registros de las fiscalías no sólo hay información de víctimas, sino también de delincuentes.
“Cuando nos dicen que se pasó información genética que tienen las fiscalías, no sólo las fiscalías tienen información sobre cuerpos y sobre familiares de personas desaparecidas, tienen sobre homicidas, sobre violadores, sobre perpetradores. Víctimas y victimarios es lo que tiene las fiscalías, ahora qué información se pasó, pues no lo sabemos. Son cosas que se tienen que seguir investigando. Esa es la gran pregunta ¿quién se está beneficiando? y poner un alto a que se lucre con el dolor”, insistió.
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