Un hombre camina frente a la estación Olivos de la Línea 12 del metro de Ciudad de México, el 2 de mayo de 2022.José Méndez (EFE)
Ocho de los diez imputados por la tragedia de la Línea 12 del metro de Ciudad de México ya han sido vinculados a proceso. Así lo ha decidido este miércoles un juez de control, que ha encontrado suficientes elementos de prueba para iniciar un juicio contra los señalados por lesiones, homicidio doloso y daño a la propiedad. El fallo se ha producido más de 400 días después del colapso de un tramo elevado de la llamada línea dorada, en el que murieron 26 personas y más de un centenar resultaron lesionadas el 3 de mayo de 2021. El caso entra ahora en una fase de investigación complementaria, en la que la Fiscalía y los acusados pueden presentar nuevas evidencias y testimonios antes del inicio formal del juicio.
Este periodo de investigación intermedia tiene una duración prevista de varios meses, pero es prorrogable a petición de los involucrados. El arranque del juicio, según fuentes cercanas al proceso judicial, puede demorarse varios años porque no puede iniciar hasta que se agoten todas las instancias de apelación y recursos legales, como amparos, de cada uno de los acusados.
La vinculación a proceso se ha dado después de una audiencia maratónica, que empezó el martes por la mañana y se extendió hasta las primeras horas del miércoles. El juez ya había determinado la semana pasada que se formulara la imputación contra los acusados. Se trata, en su mayoría, de exfuncionarios de la Administración de Marcelo Ebrard (2006-2012) en Ciudad de México que estuvieron involucrados con la contratación y construcción de la Línea 12. Entre los vinculados a proceso está Enrique Horcasitas, ex director del Proyecto Metro, la entidad creada por el Gobierno de la capital para gestionar la inauguración de la línea. Horcasitas dijo hace unos días que estaba “absolutamente tranquilo” y que confiaba en que quedará probada su inocencia.
Los otros exfuncionarios de Proyecto Metro que fueron vinculados a proceso son Moisés Ponce, ex director de construcción de obras; Enrique Baker, subdirector de estructuras e ingeniería; Juan Antonio Giral, director de diseño de obras civiles. Otros acusados son Ricardo Pérez, encargado de estructuras; Juan Carlos Ramos, residente de obra del tramo que se cayó; Fernando Amezcua, supervisor de la obra civil, y Fernando Lalana, excoordinador de la supervisión de la obra.
La hipótesis del colapso que defiende la Fiscalía de Ciudad de México es que hubo fallas de construcción y de diseño que precipitaron la tragedia. Ninguna empresa involucrada en la construcción de la línea ha sido acusada formalmente. Nueve de cada diez víctimas han firmado acuerdos reparatorios, promovidos por las propias autoridades, que eximen de cualquier acusación a la compañía que construyó el tramo elevado, propiedad del millonario Carlos Slim, a cambio de una indemnización.
Tras la audiencia del pasado viernes, se había impuesto un plazo de 144 horas para que los abogados de los acusados pudieran aportar elementos que tumbaran la imputación. La vinculación a proceso, sin embargo, era el resultado más previsible, incluso por los equipos legales que defienden a los exfuncionarios. Gabriel Regino, representante de cinco imputados, calificó la vinculación como un “mero formalismo”. “Es la crónica de una burla a las víctimas”, declaró. Salvador Herrera, otro de los defensores, ha comentado que en México “la vara está muy baja” para definir la imputación y la vinculación a proceso. El grueso de los imputados reclaman ser “chivos expiatorios”. Las autoridades sostienen que las acusaciones se basan en peritajes con apego a la ley y a los estándares técnicos.
La semana pasada se determinó que los acusados no podrían salir del país y que debían presentarse cada mes en el juzgado para firmar. Las medidas cautelares fueron criticadas por Teófilo Benítez, abogado de más de una decena de víctimas y sus familias, como “vergonzosas”. Originalmente, la Fiscalía buscaba restricciones más duras, como que los imputados portaran brazaletes de localización, pero el juez desechó la solicitud.
Otros dos acusados no pudieron presentarse a las audiencias de esta semana y la pasada. Uno se ausentó por motivos de salud y el otro, porque cambió de abogado. Eso ha creado un desfase con el proceso del resto de los señalados por el siniestro y está previsto que sea hasta mediados de agosto cuando se defina su posible imputación y vinculación a proceso. La audiencia para cumplir este paso en el proceso judicial se había solicitado desde noviembre pasado.
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