La lucha contra los impactos ecológicos de construir el Tren Maya en la península de Yucatán ha tomado una nueva dimensión este jueves. Grupos conservacionistas de la región como Moce Yax Cuxtal, Jaguar Wildlife Center y Sélvame del Tren han presentado una queja ante la comisión para la cooperación ambiental del tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá, el T-MEC, en la que acusan al Gobierno mexicano de incumplir con sus propias leyes al haber deforestado decenas de hectáreas de selva para abrir paso al tren antes de contar con los permisos ambientales necesarios. La comisión ahora tiene 30 días para decidir si admite o no la petición, que podría llevar a abrir un expediente de hechos sobre el asunto.
“A pesar de la innegable fragilidad e importancia ambiental, histórica y cultural de la zona por donde se pretende construir el tramo 5 sur del Tren Maya, las prisas del Gobierno federal por ‘terminar a tiempo’ las obras insignias antes de que acabe el sexenio, conllevaron a que desde las mismas arcas institucionales se violente e incumpla el marco legal ambiental en México”, dice el documento, firmado por algunas de las personas y organizaciones que más han levantado la voz desde principios de año en contra de la construcción del ferrocarril en la selva, donde se encuentran especies en peligro de extinción como el jaguar y un complejo sistema de ríos subterráneos, cuevas y cenotes que forman parte del acuífero maya, la mayor reserva hidrológica del país.
La queja hace énfasis en dos puntos: que el Gobierno empezó a talar selva bien conservada antes de contar con los estudios y permisos ambientales correspondientes, y que el proceso de evaluación y autorización ambiental no está aplicando “de manera estricta lo consignado por la normatividad ambiental federal e internacional”. Precisamente la falta de autorización previa al inicio de la obra llevó en abril pasado al juez Adrián Fernando Novelo a ordenar la suspensión de los trabajos en el tramo 5. Tras meses con la obra parada, este lunes el director de Fonatur, Javier May, anunció que la construcción se reanudaba argumentando que se trata de un proyecto “de seguridad nacional”.
Si la comisión para la cooperación ambiental (CCA) del T-MEC estima que la petición presentada este jueves cumple con todos los requisitos, el organismo la estudiará y podría pedirle a México que responda a las acusaciones. Y, si la respuesta de México no es satisfactoria, se podría llegar a abrir un expediente de hechos, explica a este diario Paolo Solano, director de asuntos legales de la CCA. La apertura de un expediente buscaría “transparentar información y ponerla a disposición del público”, pero ese mecanismo no tiene facultados para imponer una sanción por el incumplimiento de los acuerdos ambientales del tratado.
“La realización de un expediente de hechos podría favorecer a aclarar los procesos de la aplicación de la ley en México y que la ciudadanía pueda obtener una rendición de cuentas sobre las decisiones ambientales de las autoridades”, dicen los ecologistas en su queja. “Lo que acontece con el tramo 5 sur del Tren Maya (…) puede tomarse como caso de estudio sobre lo que no debe ocurrir, y las lecciones aprendidas pueden replicarse para mejorar la efectividad de la legislación ambiental en México y evitar que se siga destruyendo su riqueza natural, en perjuicio de los derechos humanos de sus habitantes”, concluye el escrito.
El Gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha defendido que el proyecto busca llevar desarrollo económico a una región del país históricamente marginada de la inversión pública federal. El presidente ha destacado que tendrá un costo de 180.000 millones de pesos (unos 9.000 millones de dólares) y creará unos 110.000 empleos. Sin embargo, quienes han levantado la voz en contra del proyecto afirman que esos miles de millones de pesos siguen invirtiéndose en el modelo de turismo masivo que ha llevado a la depredación ecológica de la península de Yucatán.
Esta no es la primera vez que se solicita a esa comisión del T-MEC investigar a México por incumplir con sus leyes ambientales. En abril pasado, también a petición de grupos conservacionistas, esa comisión recomendó abrir un expediente de hechos para investigar el desplome en la población de la vaquita marina, el mamífero marino más amenazado del planeta.
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