El asesor jurídico del exdirector de Pemex entre 2017 y 2018, Carlos Alberto Treviño Medina, presentó una denuncia de hechos contra el fiscal general de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero, y el fiscal de Control Competencial de la FGR, Juan Ramos López, por presunta tortura, tratos crueles y degradantes en contra de Emililo Lozoya Austin y sus familiares.
La denuncia presentada ante la Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos, a cargo de Sandra Irene Herrerías, señala que derivado de la tortura, Emilio Lozoya, también exdirector de Pemex entre 2012 y 2016, presentó falsos testimonios contra Treviño, los cuales fueron utilizados por la FGR para iniciar un proceso penal por los delitos de asociación delictuosa y lavado de dinero.
En la denuncia, Treviño Medina, a través de su abogado Oscar Augusto Zamudio Campos, señala que el titular de la FGR, Alejandro Gertz, y el fiscal Juan Ramos, presionaron a Emilio Lozoya y a sus familiares para que firmara la denuncia en la que acusó a Carlos Treviño del presunto desvío de recursos públicos, imputación por la que existe una orden de aprehensión en su contra.
La defensa de Treviño Medina argumenta que se trata de un caso fabricado, por lo que pretende demostrar la tortura en contra de Emilio Lozoya y así invalidar la denuncia de hechos que dio pie a las imputaciones en contra del propio Treviño, exdiputados federales como Ricardo Anaya y exsenadores como Jorge Luis Lavalle Maury.
Como es del conocimiento público, la FGR ofreció beneficios indebidos y a la vez presionó a EMILIO RICARDO LOZOYA AUSTIN a través de amenazas, acusaciones y presiones contra él y sus familiares para lograr que firmara una denuncia de hechos falsos de manera ‘voluntaria’, lo que se demuestro a partir de la omisión de todas las autoridades de aplicar la Ley para la Protección a Personas que Intervienen en el Procedimiento Penal.
En el recurso legal también se acusa a Gertz Manera de obligar a Emilio Lozoya a cambiar a su abogado de confianza, el exfiscal antidrogas Javier Coello Trejo, por otros defensores que le impuso el fiscal.
Además, se les obligó a revocar y cambiar al defensor de su confianza y a desistirse de demandas de amparo que se habían presentado los propios negociadores EMILIO LOZOYA THALMANN y su hijo JUAN JESÚS LOZOYA AUSTIN ante el temor de ser detenidos.
La defensa de Treviño argumenta que el proceder de la FGR y la violación a los derechos humanos de Emilio Lozoya son independientes de las acusaciones que enfrenta por recibir presuntos sobornos en los casos Odebrecht y Agronitrogenados.
Este proceder y violaciones graves a los derechos del señor EMILIO LOZOYA, sin perjuicio de su responsabilidad por los sobornos recibidos exclusivamente por él, ha sido catalogado como tortura a la luz de los criterios de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que derivaron de lo resuelto en el Amparo Directo en Revisión 807/2020.
Los criterios invocados por los abogados de Treviño en el citado amparo sostienen que cualquier declaración ministerial que sea producto de una coacción o tortura, fisíca o psicológica debe ser invalidada, ya que el objetivo de las declaraciones puede ser incriminar a terceras personas en actos delictivos, violando así los derechos humanos.
Para que la denuncia prospere, el propio exdirector de Pemex tendría que ratificar las acusaciones y posteriormente rendir una nueva declaración, pero fuentes ministeriales descartaron que esto vaya a ocurrir, ya que obligaría a Emilio Lozoya a retractarse de todas sus imputaciones.
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