Roberto Méndez, profesor de la Escuela de Gobierno de la Universidad Catolica de Chile, posa en su oficina de Santiago el 29 de julio de 2022.Cristian Soto Quiroz
Chile celebrará en un mes el plebiscito donde más de 15 millones de personas deberán pronunciarse a favor o en contra de la propuesta de nueva Constitución. Fue presentada al país a comienzos de julio tras un año de trabajo de una convención constituyente. El 4 de septiembre habrá dos opciones en la papeleta: Apruebo y Rechazo. El texto define a Chile como un Estado social y democrático que garantiza derechos económicos y sociales, con un fuerte énfasis en la igualdad entre hombres y mujeres. Al mismo tiempo, termina con el Poder Judicial con sus características actuales y con instituciones como el Senado, entre otros de los asuntos que generan mayor inquietud.
Aunque el referéndum ha sido catalogado como el proceso electoral de mayor importancia de las últimas décadas, “no se ve a la gente marchando o especialmente entusiasmada, como si se estuviera eligiendo el mal menor”, describe Roberto Méndez, uno de los máximos especialistas en opinión pública del país y profesor de la Escuela de Gobierno de la Universidad Católica (UC). “En Chile hay un nivel de pesimismo muy grande y de incertidumbre respecto al futuro”, explica, que afecta sobre todo a los más pobres.
Los sondeos evidencian índices muy bajos de confianza en los consumidores y los empresarios. Para Méndez, se trata de un momento de “gran cansancio”, porque a diferencia del resto del mundo, Chile enfrentó la pandemia en 2020 con un estallido social muy fresco, el de octubre de 2019. “La vida cambió, hay una incertidumbre tremenda —económica, sanitaria, política— y esta situación no terminará con el plebiscito del 4 de septiembre”, analiza en su oficina de la zona de El Golf, en la zona oriente de Santiago de Chile. Méndez se refiere a los escenarios que se han constituido en Chile en las últimas semanas: sea cual fuere la alternativa ganadora, parece evidente que el proceso constitucional deberá continuar luego del referéndum.
Lo muestra, por ejemplo, la encuesta Ipsos-Espacio Público, recientemente difundida. De ganar la opción de quienes quieren aprobar el texto, un 84% cree que debe tener modificaciones posteriores. Si se rechaza la propuesta, en tanto, un 86% estima que la Constitución vigente deberá reformarse.
Para Méndez, por lo tanto, el 78% que en octubre de 2020 votó por una nueva Constitución en el plebiscito de entrada se mantiene intacto. Se explaya: “El único consenso que tenemos hoy, lo que parece reunir a todos los sectores, es la idea común de tener una nueva Constitución. Los sectores extremos, que quieren aprobar la propuesta tal y como está y los que quieren rechazar para quedarse con la actual Constitución sin hacer modificaciones, son una minoría”. Lo que no tiene consenso es el texto propuesto. “Fue una convención peculiar, inesperada, con un lenguaje, estilo y estética sorpresiva, que hizo crecer el temor. El proyecto de Constitución, por otra parte, no ha sido explicado ni promovido”, reflexiona Méndez sobre estos altos y bajos en el entusiasmo chileno.
De acuerdo a la misma encuesta Ipsos-Espacio Público, la incertidumbre que provoca el proceso constituyente ha subido de 31% a 38% entre febrero del año pasado y hoy. La esperanza, en tanto, ha caído de 52% a 38% en el mismo período. Para Méndez, este asunto se explica por el proyecto de nueva Constitución, pero también por un componente comunicacional. “Los sectores que apoyan el nuevo proyecto –como el propio Gobierno del presidente Gabriel Boric– han sido muy claros en indicar contra qué están: contra una élite, contra un sistema económico, contra ciertos privilegios, pero no han defendido el proyecto que están proponiendo. ¿Por qué sería mejor un Chile donde imperará un Estado de derechos, por ejemplo? La gente no sabe por qué tendrá que votar y, al revés, aparecen temores por elementos que no se comprenden, como la plurinacionalidad”, opina.
Los temas que más preocupan a quienes rechazan la propuesta son el sistema de salud único, la educación y la plurinacionalidad, de acuerdo al sondeo Cadem difundido el domingo. Méndez explica, a su vez, que “las encuestas muestran sistemáticamente la ventaja de la opción de quienes rechazan por sobre los que aprueban. Es bastante clara: de 10 puntos, ocho puntos, 12 puntos de diferencia”. Según el mismo sondeo de Cadem —el único que se publica semana a semana—, los que apoyan la nueva Constitución están en el 38%, mientras que los que no la respaldan llegan al 48%. La aprobación presidencial, en la línea con quienes votarían por aprobar la propuesta, está en el 37%.
“Veo muy difícil que algún otro evento logre dar vuelta la tendencia. Hay una alta probabilidad de que quienes rechazan se impongan”, estima Méndez porque, a su juicio, ya se han producido los dos hechos políticos de mayor importancia que podrían haber inclinado la balanza: la declaración de sectores de centroizquierda que estarán por rechazar la propuesta —”rechazar no implicará aliarse con la derecha—, y la irrupción de la expresidenta Michelle Bachelet que está a favor de aprobar la propuesta. Según Méndez, la llegada de la socialista a Chile causó ya un efecto —produjo que se apretara la distancia entre ambas opciones—, pero difícilmente logre modificar las tendencias.
El rechazo gana entre los más pobres
Méndez, que analiza cada encuesta, observa la composición de quienes están por una u otra opción. “Llama la atención que cuando uno estudia la estructura de quiénes están aprobando y quienes están rechazando no corresponde a la votación tradicional izquierda versus derecha”, asegura. Por nivel socioeconómico, explica, los estratos altos son los que más respaldan la nueva Constitución, seguidos por las capas medias. Mientras, los grupos de bajos ingresos son los que menos están por una nueva Carta Fundamental.
En Santiago, el Apruebo goza de mayor fortaleza que en las regiones, cuenta Méndez, porque es fuera de la capital donde el Rechazo es fuerte. “Y luego, hay una profunda cuestión generacional. Este Gobierno y la propuesta constitucional —están amarrados el uno al otro— es un proyecto juvenil, de la nueva generación. Independientemente del nivel socioeconómico, los jóvenes están más a favor del Apruebo. En Chile se libra un conflicto de generaciones más que de izquierdas y de derechas. Los más viejos, al margen de su nivel socioeconómico, tienden a ser más ajenos y lejanos a este proyecto de nueva Constitución, que no entienden y los atemoriza”, dice.
A juicio de Méndez, estos datos muestran que el Gobierno y los sectores a favor del Apruebo han fracasado en presentar el plebiscito como el clásico enfrentamiento político entre uno y otro sector, reeditando el plebiscito de 1988 que selló la suerte de la dictadura de Augusto Pinochet. “Han aparecido otras dimensiones que me hacen pensar que es difícil que cambie mucho la tendencia en los tiempos que quedan”, dice el experto, que asegura que el hecho de que el plebiscito sea obligatorio favorecería al Rechazo. “Que esta elección sea obligatoria y que más gente vaya a votar hace que lleguen a las urnas los sectores no politizados, que están en torno al 40%, donde el Rechazo se ha mantenido muy por encima del Apruebo”, dice Méndez, que calcula una participación récord, en torno al 60%.
En cualquier caso, sea cual fuere la opción ganadora, el especialista en opinión pública augura un resultado estrecho, lo que considera una muy buena noticia: “Aquí el nivel de polarización que se ha producido es de tal magnitud que un triunfo holgado del Rechazo o el Apruebo sería perjudicial. Es bueno que lo que pensemos al día siguiente del plebiscito sea que hay un sector muy importante que confió en este proyecto de la Constitución, pero que quiere reformarlo, y que hay un sector muy importante que lo rechazó, pero no está por mantener la nueva Constitución. Que ninguno tiene el poder absoluto y que estamos obligados en la otra etapa a ponernos de acuerdo para buscar una nueva alternativa”, dice Méndez.
El analista observa problemas de fondo en el actual Gobierno de izquierda, que el próximo día 11 cumplirá cinco meses en el poder. “El proceso constitucional ha dañado al Ejecutivo que lidera el presidente Boric, porque lo ha amarrado y le ha impedido desplegar su propuesta. Quizás el mandatario pudo haber optado desde el comienzo por presentar una propuesta independiente del proceso constitucional, aunque tuviera una mirada positiva sobre él. Es donde radica la mayor falla estratégica que ha tenido el Gobierno, que ha sido muy costosa y lo va a seguir siendo en el futuro”, concluye el experto.
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