En seis meses, la “operación militar especial” de Putin se ha cobrado la vida de al menos 5.000 civiles, según los últimos datos del alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. El uso de armas explosivas con amplias áreas de impacto, como artillería pesada, misiles o ataques aéreos, ha causado la mayoría de las muertes registradas.
El organismo advierte además que las cifras podrían ser “considerablemente superiores”, dado que les falta información de las zonas donde las hostilidades han alcanzado mayor intensidad, como Mariupol, Izium, Lisichansk, Popasna y Severodonetsk.
Éxodo forzado
Desde que comenzó la invasión, casi un tercio de los ucranios se han visto obligados a abandonar sus hogares, según datos de ACNUR. Los que siguen dentro del país se enfrentan a la escasez de recursos básicos como agua, comida o medicinas; y en muchos casos carecen de infraestructuras fundamentales como hospitales –con más de 100 centros sanitarios destruidos por completo hasta finales de julio, según el Ministerio de Salud ucranio–, o suministro eléctrico.
En este contexto, más de 6 millones de ciudadanos han dejado Ucrania buscando protección en otros países. En las primeras fases del conflicto se distribuyeron sobre todo en los países vecinos, especialmente en Polonia, donde continúa casi un 20% de los desplazados. Con el paso de los meses y con la flexibilización de las políticas migratorias en el resto de Europa, los refugiados han alcanzado los países nórdicos, el Mediterráneo e incluso Estados Unidos o Canadá.
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Antes del conflicto, España tenía censadas 107.000 personas con ciudadanía ucrania, el 60% repartidos entre Madrid, Cataluña y la Comunidad Valenciana. Desde el 24 de febrero hasta el pasado miércoles (último dato disponible) han llegado al país más de 133.000 refugiados.
Una mujer sube con su hija a un tren que va a Dnipró y Lviv desde Pokrovsk, en la región de Donetsk, en pasado 18 de junio.GLEB GARANICH (REUTERS)La batalla de las sanciones
Antes del inicio del conflicto y con la anexión de Crimea como punto de partida, la Unión Europea y otros países y organismos internacionales comenzaron a imponer sanciones sobre Rusia. El uso de estas medidas por parte de los Veintisiete se triplicó tras la invasión: en estos momentos la lista incluye 1.129 individuos y 11 entidades sancionadas. Entre ellos figuran oligarcas, militares, políticos, empresas e instituciones como el banco central ruso. El objetivo es lastrar la economía rusa y el margen de acción de quienes pueden contribuir al avance de la invasión.
Tras una primera oleada de inmovilizaciones de activos de los oligarcas rusos por todo el mundo y el bloqueo de las relaciones comerciales de Rusia con el exterior, las sanciones más discutidas han sido las dirigidas al papel del país en el mercado energético global. Además de la imposición de barreras a la importación de maquinaria de este sector, clave para la economía rusa, se ha establecido un bloqueo a la compra de crudo del país que entrará en vigor el próximo año y para el que el conjunto de Europa ya se está preparando. A la crisis ocasionada por estas medidas y sus efectos sobre los precios contribuyen también los recortes de la propia Rusia al suministro de gas para el continente europeo.
Además de las medidas de este estilo, que también forman parte de la estrategia de Reino Unido, Estados Unidos o Canadá, entre otros, más de 1.000 empresas extranjeras han abandonado o limitado su actividad en Rusia desde febrero, según un recuento de la universidad de Yale.
Un granero global, reducido a escombros
La guerra ha bloqueado la participación de Ucrania en un mercado donde era fundamental. El país, que emplea siete de cada diez hectáreas de su superficie como tierra de cultivo y dedicaba a las exportaciones un 70% de su producción, choca ahora con una línea de costa llena de minas capaces de volar por los aires sus embarcaciones, el robo de cargamentos por parte de Rusia y daños millonarios sobre sus granjas, campos de cultivo e incluso instalaciones de almacenamiento.
Según una reciente estimación de la FAO, la destrucción de infraestructuras agrarias ha provocado pérdidas entre 4.300 y 6.400 millones de dólares y la producción de este año podría rebajarse a un 60% de la obtenida el año pasado. Pero incluso esa cosecha mermada podría quedarse, no ya fuera del mercado internacional, sino de los silos en los que tendría que esperar a ser importada. En mayo, un 14% de las instalaciones de almacenamiento de cereal habían sufrido daños.
La creación de un canal seguro para el tránsito de barcos de grano desde los puertos ucranios ha permitido comenzar a vaciar lentamente esas reservas. El pasado 9 de agosto, doce embarcaciones habían logrado sacar unas 370.000 toneladas de maíz, soja y semillas de girasol. Tres millones aún esperaban en los muelles y se estima que el conjunto del país aún acumula otros 20 millones de la producción del año pasado a los que tendría que sumarse la cosecha ahora en curso.
Fuera de Ucrania, estos obstáculos han dejado a países con menos recursos como Túnez, Libia o Egipto sin un proveedor clave para sus abastecimientos, y, a nivel global, han disparado los precios de productos como aceites, legumbres y harinas, que se traduce en el encarecimiento de los productos que llevan estos ingredientes.
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