Ante la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de invalidar las reformas a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión (LFTyR) que se publicaron en el Diario Oficial de la Federación el 31 de octubre del 2017, el sector de la radiodifusión busca autorregularse y está en contra de los lineamientos emitidos por el IFT en 2017 que dan poder a las audiencias, aseveró Irene Levy, abogada experta en el tema de telecomunicaciones en entrevista con Aristegui en Vivo.
“Lo que quieren los radiodifusores es seguir en esta suerte de autorregulación total en la que ellos decidan hasta dónde los códigos de ética y qué características deben tener los defensores de la audiencias, etcétera”, dijo la litigante y presidenta de Observatel.
De acuerdo con Levy, lo resuelto por la Corte suspende las reformas de 2017 en las cuales se incluye la facultad que se daba a los concesionarios de radio y televisión para autorregularse en materia de ética, publicidad, opinión e información.
La Presidenta de Observatel se pronunció por volver a aplicar el marco normativo de 2014 en donde se obligaba a los concesionarios, entre otras cosas, a distinguir en los programas entre información y opinión y cuidar los derechos de las audiencias. Sin embargo, la SCJN envió una nota informativa en el que afirma no que se reactivara dicha ley, sino que se va a producir un vacío legal que debe corregir el Poder Legislativo.
La abogada indicó que otro tema que molesta a los radiodifusores es la obligación de distinguir entre información y publicidad, además de que en la ley de 2014 se establecen preceptos mínimos con los que deben cumplir en materia de ética.
“(La ley de 2014) tiene sanciones como suspensión preventiva de transmisiones y multas cuantiosas”, dijo Levy, quien detalló que habrá que esperar la sentencia de la Corte en la que se definirá si el Congreso debe, o no, legislar al respecto.
Detalló que actualmente el IFT está debilitado, pues solo opera con cuatro comisionados cuando tendrían que ser siete; sin embargo, recordó que el actual gobierno no ha nombrado al resto y ha apostado al debilitamiento del instituto.
“Es complicado el momento en que se vive”, dijo la experta, quien aseguró que al quedar invalido el decreto de 2017, las cosas vuelven al estado que guardaban; es decir, ley de 2014.
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Al respecto, José Antonio García Herrera, presidente del consejo directivo de la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión (CIRT), señaló que en la LFTyR de 2014, la radio y la televisión están sobrerreguladas. Esto, dijo el también litigante, genera un piso disparejo entre los medios.
Además, García Herrera indicó que es imposible en medios como la radio y la TV distinguir entre opinión e información por la dinámica que hay en ambos medios.
“En la práctica como comunicadores es imposible”, sentenció. “Es un piso disparejo entre los medios de comunicación”, agregó.
En entrevista con este medio, el representante de la CIRT se dijo confiado de que en el engrose de sentencia de la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para invalidar las reformas de 2017 en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, el máximo órgano de justicia del país ordene al Congreso legislar sobre el tema.
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