En la actualidad, poseer un smartphone Android tiene un problema principal: a los fabricantes no les interesa actualizar sus dispositivos. Esta problemática crea enormes agujeros de seguridad en la mayor parte de los teléfonos inteligentes que se usan actualmente, pero también tiene efectos sobre el medioambiente. Debido a esto, la Unión Europea está estudiando obligar a los fabricantes a que actualicen sus móviles, tabletas y otros productos similares durante cinco años.
El borrador que ha creado la Comisión Europea propone que los dispositivos que funcionen con Android tengan la obligación de ofrecer hasta cinco años de actualizaciones de seguridad y hasta tres años de actualizaciones del sistema operativo. El objetivo principal de la institución es reducir los desechos electrónicos y el impacto ambiental que estos producen al planeta, entre otros.
Existen algunas marcas, como realme y Oppo, cuya vida útil promedio es de entre 2 y 3 años. Asimismo, fabricantes como Samsung sí que cumplen con la normativa que se plantea, con 4 años de actualizaciones del sistema operativo y 5 de seguridad, exclusivamente en sus modelos de gama alta (Galaxy S y Z). De esta forma, Samsung y Google serían las únicas compañías de móviles que prometen esos cinco años de seguridad que Europa obligará a cumplir; por lo que si el borrador se llega a aplicar finalmente, dichas empresas no serán las únicas que tengan en cuenta estos requisitos.
La Comisión Europea ha llevado a cabo un proceso de investigación, tras el cual se han detallado las nuevas medidas, como extender la vida útil de los dispositivos hasta un año. Esto mitigaría el efecto que los aparatos electrónicos tienen en el medio ambiente hasta un 25%. A través de estas medidas de concienciación al consumidor, la UE cree que se podría reducir otro 20% la huella de carbono provocada por la basura electrónica. Por otro lado, mejorar la eficiencia material de los dispositivos provocaría que la materia prima de consumo que se usa impactase un 30% menos.
En el borrador, la Comisión también pide a los fabricantes que realicen pruebas para asegurarse de que las actualizaciones no “muestren un impacto negativo en el rendimiento”. Por lo tanto, los teléfonos no deberían ir más lentos con las actualizaciones, como ocurre en muchas ocasiones. Desafortunadamente, algunos expertos señalan que la propuesta es inviable, ya que los principales fabricantes que funcionan con Android son móviles asequibles cuyo modelo de negocio no es compatible con lo que se exige en el borrador.
Por último, estas medidas también obligarían a mejorar el estándar de durabilidad de las baterías. Por ejemplo, se obligaría a que tuvieran que retener un 83 % de su carga máxima tras quinientos ciclos de carga y un 80 % tras mil ciclos, presentando una mejora considerable.