El Pazo de Meirás vuelve a ser motivo de disputa entre la familia Franco y el Estado. Ahora es el segundo quien ha interpuesto una demanda a la primera para reclamarles 564 bienes que se encuentran en el interior del histórico edificio, propiedad de la organización política nacional desde diciembre de 2020.
Se reclama que «se trata de bienes, documentos y legajos que incluyen bienes de Patrimonio Nacional, bienes del Patrimonio Documental Español y bienes de dominio público, por su afectación al uso del Pazo como residencia oficial del Jefe del Estado». Estos últimos forman parte del Patrimonio Histórico Español por su interés histórico y artístico, vinculado tanto a la figura de la escritora Emilia Pardo Bazán (mandó construirlo) como a la actividad oficial desarrollada durante la dictadura del general Francisco Franco.
En este sentido, hay que recordar que el Parlamento de Galicia aprobó por unanimidad, en mayo de 2021, una proposición no de ley en la que solicitaba el inicio de acciones judiciales para defender la titularidad pública de los bienes muebles que son necesarios para explicar la historia del Pazo de Meirás y que son de titularidad o de dominio público.
El pazo de Meirás en una imagen de archivo / Gtres
El Estado sostiene que esta demanda «tiene como antecedente lógico las dos sentencias dictadas sobre la reivindicación del inmueble en el que se encuentran situados estos bienes, en las que se ha establecido que el Pazo de Meirás se adquirió con fondos procedentes del conjunto de los ciudadanos y de instituciones públicas», así como que desde el primer momento, todas las actuaciones de mantenimiento, conservación, reparación y mejora del Pazo de Meirás se ejecutaron por la Administración del Estado y se financiaron con fondos públicos.
Los precedentes
En abril de 2021, la Audiencia Provincial-ligada a la Junta de Galicia y al Ayuntamiento de Sada (donde se ubica el inmueble) declaró que «el concepto de inmueble por incorporación nunca podría extenderse a mesas, sillas, vajillas, alfombras o cuadros», por lo que reclamó una serie de bienes que entendían formaban parte esencial de la que fuera casa de verano de Francisco Franco, entre los que se encontraban enseres decorativos de piedra o vidrieras.
Carmen Martínez-Bordiú, Jaime Martínez-Bordiú y Francis Franco
Las últimas noticias en torno a este interminable litigio se habían tenido a mediados del pasado mes de julio, cuando el Tribunal Superior de Justicia de Galicia hizo público un auto del Juzgado de Primera Instancia número uno de A Coruña en el que admitía que “todos los elementos objeto de controversia entre las partes pertenecen al inmueble”, circunstancia por la cual no podrán ser retirados. El Estado sólo les dejaba recoger únicamente alfombras pasilleras, las cuales podrán ser recogidas por los familiares en cualquier momento ya que “se colocaron con un fin puramente funcional”. La guerra continúa.
La opinión de Francis Franco
Francis Franco se ha erigido en portavoz de la familia y en palabras exclusivas a este digital ha mostrado su sorpresa al afirmar que «nos hemos enterado de la demanda por la prensa, no hemos tenido notificación». Asegura que se defenderán y opina que el Estado «busca venganza y humillar». Se defiende de quienes les acusan de haberse ido llevado objetos progresivamente: «No nos hemos llevado nada, ni un cenicero». Recuerda que en el Pazo hay objetos suyos personales como trofeos de caza, cuadros pintados por su abuelo.
El nieto del fallecido Francisco Franco ha ido explicando, punto por punto, todo este proceso en LOOK. Una de las últimas veces que contactamos con él mostró su queja porque «Patrimonio dice que son suyas cosas que ni siquiera están inventariadas. No pueden demostrar que sean del Estado porque de ser así estaría fotocopiado e inventariado».
Francis Franco en una imagen de archivo./Gtres
Del mismo modo, aseguró que «la jueza no ha sido capaz de decirnos todavía qué nos podemos llevar y ahora resulta que nos podemos llevar todo», nos dijo en abril de 2021. Al margen de esta demanda, la familia sigue esperando la resolución del Tribunal Supremo para dirimir de una vez por todas este conflicto que se ha convertido en el cuento de nunca acabar.
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