Los archivos hackeados a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) han revelado que desde el Campo Militar No. 1 en la Ciudad de México se ha dado la venta de armas a criminales.
En un informe de inteligencia fechado el 10 de junio de 2019 se detalla que la Sedena tuvo conocimiento de que un militar ofrecía equipo táctico, armas y granadas, además de proporcionar información de movilidad y operativos de fuerzas armadas a una célula de un cártel del narcotráfico que tiene su base en Tejupilco, Estado de México.
“El 31 de mayo (de 2019), el militar ofreció a operadores del grupo delictivo 70 granadas de fragmentación a un costo de 26 mil pesos cada una; la célula delictiva confirmó la compra de ocho de ellas, las cuales fueron entregadas en Atlacomulco, Estado de México”, se lee en el informe militar.
En el análisis de metadatos del equipo telefónico utilizado por el militar, las autoridades confirmaron que la base de operaciones del soldado ligado a criminales está en el municipio de Villa de Almoloya de Juárez, cerca del octavo regimiento mecanizado de la Sedena.
Además, la Sedena reportó en su informe confidencial que el proveedor de armas y equipo táctico es otro presunto integrante del Ejército, a quien los criminales se refieren como “antiguo” y que -según el análisis de su señal telefónica- tiene su base en el Campo Militar No. 1 de la Ciudad de México.
Al momento de elaborarse el reporte de inteligencia se desconocía la identidad de ambos militares.
En otro reporte elaborado el 24 de junio de 2019 se menciona que el militar que abastecía de armas a la célula delictiva es escolta de un mando castrense al que los criminales llaman “nuevo Comandante” y que tiene el rango de Coronel.
En las llamadas interceptadas por la Sedena, el militar informó a un líder del grupo delictivo que desde hacía dos semanas tenía un nuevo jefe y que forma parte de su escolta.
Describió a su superior como un Coronel originario de Tepalcatepec, Michoacán, “que gusta de dinero, bebida y le entra a todo”.
Las llamadas interceptadas refieren que un líder criminal le pidió al militar “dos millares de municiones para fusil AK-47, cinco millares para R-15 y 50 cargadores de cada tipo de rifle”.
Adicionalmente, el militar ofreció colaborar con los delincuentes para la ubicación del fiscal regional en Amecameca, porque supuestamente a petición del líder delictivo se planeaba su asesinato.
Más casos de corrupción
El Centro Nacional de Inteligencia también reportó, en otros informes, la corrupción de autoridades de Jalisco y Estado de México con grupos delictivos.
Uno de los casos descritos, en un informe de enero de 2019, es el de un agente activo de la Fuerza Única de Reacción Inmediata Mixta, asignado a la zona metropolitana de Guadalajara, quien “funge como enlace entre líderes del Cártel Jalisco y autoridades de los tres ámbitos de gobierno (federal, estatal y municipal)”.
Entre otras funciones -añade el reporte- “tiene la encomienda de cooptar a otros funcionarios públicos para incrementar la red de corrupción del cártel”.
Otro informe, también de enero de 2019, menciona que una célula delictiva que opera en el Estado de México, tiene participación en obras públicas de municipios.
Por ejemplo, las intercepciones telefónicas identificaron que el 24 de enero de 2019 se había programado una reunión con dos alcaldes del Estado de México y líderes criminales para hablar de la compra de camiones recolectores de basura.
El reporte militar mencionó que uno de los líderes delictivos tenía interés “por el manejo de recursos públicos de ambos municipios por el financiamiento que recibe para la operación de sus células delictivas”.
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