La violencia contra personas defensoras en América se incrementó entre mayo y agosto de este año, con un alto número de asesinatos en varios países de la región, hostigamiento y criminalización por su labor, advirtió la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Tan solo en México, durante el segundo cuatrimestre del año, se reportaron al menos 6 homicidios. En agosto, Rosario Lilian Rodríguez, madre buscadora, fue asesinada en el municipio de Elota, Sinaloa, mientras que en julio, sufrió un ataque letal el defensor indígena Crispín Reyes, en el municipio de San Juan Juquila Mixes, Oaxaca.
Por su parte, los sacerdotes jesuitas Javier Campos Morales y Joaquín César Mora Salazar fueron asesinados el 20 de junio al interior del templo de la comunidad en Cerocahui, municipio de Urique, Chihuahua.
Asimismo, se registró el asesinato del defensor de derechos humanos Jesús Bañuelos Acevedo, en el municipio de Atitalaquia, Hidalgo, y en mayo, el del defensor del territorio Humberto Valdovinos Fuentes, en el municipio de Pinotepa Nacional, Oaxaca.
Durante el mismo periodo, en Brasil se registraron al menos 19 ataques, de los cuales 7 fueron mortales, mientras que en Colombia, la Defensoría del Pueblo verificó 62 casos.
En Guatemala, información pública dio cuenta de al menos 3 homicidios y la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (ACNUDH) documentó dos en Honduras, así como una en Perú.
En materia de criminalización, en Venezuela se seguiría utilizando la legislación antiterrorismo para obstaculizar su labor y detenerlas, advirtió la CIDH.
Ante esto, la CIDH urgió a los Estados a redoblar esfuerzos para protegerlos, así como realizar investigaciones imparciales y exhaustivas de las agresiones, tomando como primera hipótesis su posible vinculación con su labor de defensa. Igualmente, llamó a no someter a juicios injustos o infundados a estos actores.
“La criminalización de personas defensoras promueve el estigma colectivo y envía un mensaje intimidatorio”, subrayó.
“A su vez, el inicio de investigaciones penales o querellas judiciales, sin fundamentos en contra de ellas, tiene un efecto amedrentador en su labor, y adicionalmente puede generar una paralización del trabajo en defensa de derechos humanos”, añadió
Por último, recordó que es obligación de los gobiernos proteger a los defensores, reiterando que cumplen un rol fundamental en el fortalecimiento y la consolidación de las democracias, la protección ambiental y el desarrollo sostenible. Por lo tanto, les instó a adoptar medidas para ello.
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