La Comisión Europea no está dispuesta a facilitar una rebaja en la sanción que ha propuesto contra Hungría por desplegar plenamente las medidas anticorrupción a las que se comprometió en septiembre. Después de mucho pensarlo, Bruselas decidió estrenar con el Gobierno de Viktor Orbán la herramienta que permite restringir fondos y ahora se mantiene firme en su decisión. El comisario de Presupuestos, Johannes Hahn, ha enviado una carta y un informe a la presidencia del Consejo de la UE, en manos checas este semestre, en los que le informa de que los últimos avances de Budapest “no cambian” la evaluación que publicó el último día de noviembre en la que proponía como castigo la suspensión en la entrega de 7.500 millones de euros de Fondos de Cohesión correspondientes al país magiar. La decisión deja en manos del Consejo Europeo, es decir, los Estados, decidir si finalmente ratifica la propuesta del Ejecutivo comunitario, la rebaja o la anula.
Esta semana ha quedado bastante claro en Bruselas que cuatro expedientes que, en teoría, no están vinculados, sí que lo están en la práctica: la sanción a Hungría por violar el Estado de derecho; la aprobación del plan de recuperación húngaro (5.800 millones); la luz verde al acuerdo internacional que conlleva la tasa mínima efectiva del 15% en el impuesto de sociedades; y la ayuda de 18.000 millones a Ucrania para que pueda financiar sus gastos corrientes como Administración en medio de la invasión rusa. Los dos últimos llevan tiempo varados por el veto de Budapest. Ya en junio el Gobierno de Viktor Orbán impidió el desarrollo del pacto que fraguó la OCDE para asegurar una tributación mínima de las empresas.
El martes, en principio, los cuatro puntos estaban en la agenda del Ecofin, el órgano que agrupa a los ministros de Finanzas de la UE. La medida fiscal se cayó del orden del día antes incluso de que comenzara el encuentro. Y la ayuda al país invadido no salió adelante porque Budapest la vetó. Sin embargo, tampoco hubo dinero para Hungría: se aplazó también la decisión sobre el plan de recuperación, con las duras condiciones impuestas por el Ejecutivo europeo; y la amenaza de sanción propuesta por no luchar contra la corrupción sigue pendiente. En Bruselas nadie habla abiertamente de un chantaje de Viktor Orbán. Pero cuando no hay micrófonos delante, fuentes diplomáticas sí que lo admiten.
A los Estados miembros les habría facilitado la decisión que la Comisión hubiera dulcificado la evaluación de las 17 medidas anticorrupción que el Gobierno húngaro se comprometió a desplegar en dos meses, a contar desde el 19 de septiembre. Los ministros de Finanzas más partidarios de esto apuntaban el martes pasado a la entrada del Ecofin que desde el 19 de noviembre hasta el 6 de diciembre Hungría había seguido desarrollando lo que había acordado con el Ejecutivo de Ursula von der Leyen. Y, por eso, el Ecofin resolvió pedirle a la Comisión una evaluación de esos últimos pasos.
La respuesta ha llegado este viernes. Hahn ha concluido que todavía hay riesgo para el presupuesto comunitario. Esta es la idea clave, puesto que el mecanismo de condicionalidad, nombre técnico de la herramienta que permite sancionar a los Estados que violan o degradan el Estado de derecho, parte de que haya probabilidad de daño para el dinero comunitario. Esta fue la conclusión en noviembre y “no ha cambiado a la luz de los últimos cambios legislativos adoptados en Hungría”, explica la carta de Hahn.
El comisario austriaco remite, además, al informe adjunto que acompaña su misiva. En él se despliega un cuadro con los detalles de “los nuevos elementos desde el 19 de noviembre de 2022″. En la columna correspondiente al resultado de esos “nuevos elementos” se puede leer mayoritariamente “no cambia la evaluación de la Comisión”.
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Tras este resultado, ahora depende de los Estados miembros decidir qué hacen con la propuesta de sanción a Budapest. Si finalmente se inclinan por mantenerla, la situación económica en Hungría puede deteriorarse rápidamente. La situación fiscal en el país centroeuropeo ha empeorado mucho a lo largo de este año. Orbán disparó el gasto público antes de las elecciones legislativas de abril y ahora tiene un grave problema con el déficit presupuestario. Sobre esta losa, cae la devaluación de su divisa y una inflación que supera el 22%. Todo esto se ha convertido en una tormenta financiera perfecta sobre el Tesoro húngaro, que ha visto como su prima de riesgo ha llegado a los 800 puntos básicos.
En este contexto, que fluyan hacia Hungría los 13.300 millones que ahora tiene en su mano el Consejo de la UE es vital para que el Gobierno de Orbán pueda mantener la inversión pública y evitar que su economía se frene en seco. Para entenderlo, basta con tener en cuenta que esa cantidad de dinero equivale al 20% del presupuesto húngaro en 2019.
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