Las protestas que piden desde el jueves el adelanto de elecciones generales y el cierre del Congreso en Perú se han extendido este lunes a 18 de las 24 regiones del país. Han pasado cinco días desde el autogolpe fallido de Pedro Castillo y las protestas no han dejado de aumentar. La represión policial contra las manifestaciones pacíficas y los actos vandálicos han causado siete muertos en el sur, dos de ellos adolescentes y tres de 18 años. El nuevo Gobierno de Dina Boluarte, afín a la mayoría opositora, ha descalificado las movilizaciones desde el domingo, al atribuirlas a azuzadores, personas pagadas por burócratas castillistas o a infiltrados que fueron parte de organizaciones terroristas desaparecidas a fines de los años 90. El desprecio de la clase política hacia los manifestantes ha enfadado a la ciudadanía y a colectivos cuya presencia en las calles crece cada día.
Las razones por las que los peruanos protestan estos días contra el Congreso no son nuevas. Vienen del año 2017, pero han vuelto a despertarse con los últimos acontecimientos.
La mayoría parlamentaria conservadora ―que intentó destituir desde el primer día de mandato a Castillo― tiene un 86% de desaprobación, según un sondeo de fin de noviembre. También eligió un Tribunal Constitucional a su medida y quiso hacer lo mismo con el nuevo Defensor del Pueblo, pero un recurso judicial presentado por el sindicato de esa entidad lo impidió.
El Congreso ha perdido legitimidad porque ha desnaturalizado desde 2017 las figuras constitucionales que permiten el equilibrio y la separación de poderes: la vacancia presidencial por permanente incapacidad moral, la cuestión de confianza y la denuncia constitucional. El abuso de esos mecanismos en batallas por el pequeño poder explica, en gran parte, que Perú haya tenido seis presidentes desde 2016. La fiscal general que asumió el cargo en julio y que ha denunciado a Castillo primero por corrupción en funciones ―y ahora por rebelión y conspiración― es también afín a la mayoría opositora.
En noviembre, el Instituto de Estudios Peruanos sondeó qué debería ocurrir si Castillo era inhabilitado. El 87% de los encuestados respondió que se debían celebrar elecciones generales, por lo que ese Parlamento tampoco debía continuar una vez que el presidente fuera destituido. Es consenso en el país que el Legislativo ha dedicado demasiado tiempo y presupuesto a las fórmulas para echar de Palacio al maestro rural, y que así descuidó el interés público y los problemas que agobian a los ciudadanos.
Castillo ganó las elecciones prometiendo mejores condiciones de vida para los discriminados de siempre, especialmente a la sociedad rural ―de la que él procede― y a los pueblos indígenas. Ofreció además una Asamblea Constituyente. Nada de eso hizo en 16 meses de Gobierno, pero un 27% de los peruanos creía en él y aprobaba su gestión. Quizá se sentían representados porque uno como ellos hubiera llegado a la Presidencia.
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Pero hay otro motivo por el que la protesta crece. Las primeras víctimas de la represión policial contra las manifestaciones en el sur son un escolar y trabajador de 15 años, huérfano de padre; y un campesino de 18 años. La violencia policial ha sido transmitida en vivo y en directo por medios digitales locales y cientos de ciudadanos desde sus ventanas o azoteas han grabado vídeos de la desproporcionada fuerza policial. La indignación aumenta frente a lo que consideran un maltrato de las instituciones que deberían velar por el sistema democrático.
Este martes, la policía registraba a las seis de la mañana 59 carreteras bloqueadas por las movilizaciones. El nuevo Gobierno de Dina Boluarte y el Congreso no leen aún la gravedad de las señales, mientras los analistas y algunos gobernadores regionales sugieren un cronograma electoral que dé un poco de calma a la calle ―pues aún no hay nada oficial aunque la presidenta habló de 2024― y una investigación que dé con los responsables de los muertos.
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