El obispo nicaragüense Rolando Álvarez, en Managua en mayo pasado.Jorge Torres (EFE)
El régimen de Daniel Ortega ha oficializado la captura del obispo Rolando Álvarez con la presentación de los cargos de conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional y propagación de noticias falsas en perjuicio del Estado y la sociedad nicaragüense. El poder judicial, controlado por el oficialismo, admitió formalmente las acusaciones de la Fiscalía, decretó arresto domiciliario, le asignó un defensor de oficio y programó la próxima audiencia para el 10 de enero. En la misma causa también está acusado el sacerdote Uriel Antonio Vallejos, quien se encuentra en paradero desconocido. La resolución supone la enésima embestida del sandinismo contra la Iglesia católica y certifica el objetivo de Ortega y su esposa, Rosario Murillo, de perseguir a todas las voces críticas, incluso a los religiosos.
Álvarez es el obispo más crítico con el régimen y su deriva. Fue capturado el pasado 19 de agosto en su ciudad, Matagalpa (la séptima más grande del país, en el centro), tras cinco días de cerco policial a la curia donde se encontraba en cautiverio con ocho sacerdotes y colaboradores. Después, fue trasladado al domicilio de unos familiares bajo el control del Gobierno. Permaneció privado de libertad sin acusación formal durante casi cuatro meses.
El pasado mes de octubre, Ortega arremetió duramente contra la Iglesia católica, acusando a la institución de ser una “dictadura” y practicar una “tiranía perfecta” e incluso de haber utilizado a sus obispos en Nicaragua para conspirar y dar un golpe. Esos ataques coincidieron con la captura de Enrique Martínez Gamboa, el undécimo religioso católico que el régimen había apresado en menos de seis meses. Álvarez es, por el momento, el representante religioso de más alto rango en ese grupo.
El estado policial instaurado por Ortega y Murillo no se ha limitado en los últimos meses a la detención de sacerdotes, sino que ha boicoteado también procesiones y actividades católicas, como en la ciudad de Masaya, una de las más golpeadas por la represión paramilitar en 2018. A pesar de ello, la Conferencia Episcopal de Nicaragua (CEN) ha sido especialmente tibia en responder al acoso. El 20 de agosto fue la única ocasión que el órgano católico expresó su acercamiento y “profundo dolor” por la situación de monseñor Álvarez. Un mes después, el papa Francisco confirmó que había un diálogo con Nicaragua, pero hasta ahora el régimen ha dinamitado todos los puentes tendidos por la comunidad internacional.
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