El Gobierno italiano continúa su batalla contra las ONG que rescatan a migrantes en el Mediterráneo, pero la pugna ha entrado en una nueva fase menos agresiva para evitar el choque directo con Bruselas y sus socios europeos, como ocurrió hace unas semanas. El Ejecutivo de la ultraderechista Giorgia Meloni aprobó en la noche del miércoles un decreto para limitar la actividad de los barcos humanitarios. La nueva normativa, que aún no ha sido publicada al completo, no impide el desembarco de los migrantes rescatados, pero lo complica considerablemente.
Entre otras cosas, introduce un código de conducta que las ONG tendrán que seguir en las operaciones de rescate y que, según el ministerio de Interior italiano, está alineado con la normativa internacional sobre salvamento marítimo y migraciones, como la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar.
En primer lugar, una vez que hayan rescatado a migrantes en el mar, los barcos humanitarios de estas organizaciones tendrán que notificarlo inmediatamente a las autoridades italianas, que les asignarán un puerto de desembarco. Las embarcaciones deberán dirigirse al lugar indicado sin demora “para completar la operación de rescate”. A diferencia de lo que ocurre ahora, los buques tendrán que acudir después de cada rescate al puerto asignado, sea cual sea, aunque no sea el más cercano a su posición. El objetivo es impedir que las naves humanitarias permanezcan más tiempo en la zona de búsqueda y rescate y puedan realizar varios salvamentos consecutivos.
Italia lleva días ensayando este nuevo sistema que en la práctica obstaculiza considerablemente la labor de las ONG. A todos los barcos que han rescatado recientemente a migrantes en el Mediterráneo se les han asignado puertos muy alejados de la zona en la que habían efectuado los rescates, lo que les ha obligado a aumentar los costes de navegación. Es el caso del Ocean Viking, de la ONG francesa SOS Méditerranée, que lleva a más de 100 migrantes rescatados y al que las autoridades asignaron este miércoles el puerto de Rávena, al noreste del país, a una distancia de unos cuatro días de navegación desde la posición de la embarcación, que se encontraba cerca de Sicilia.
La nueva norma especifica que los barcos de las ONG no podrán realizar “rescates múltiples” a menos que estén autorizados por Italia. Es decir, no podrán rescatar a otros náufragos que encuentren en su camino ni trasladar a bordo a los migrantes rescatados por otros buques. Si no cumplen estas normas, no podrán entrar en los puertos italianos y el capitán podrá ser multado con hasta 50.000 euros. Además, las autoridades podrán imponer la inmovilización de la embarcación hasta un máximo de dos meses. Si las infracciones se repiten, las embarcaciones podrán ser confiscadas.
Más muertes
Únete para seguir toda la actualidad y leer sin límites.
Suscríbete
Las ONG han protestado contra esta nueva normativa que cerca su actividad. “Nos veremos obligados a dejar desprotegidas las zonas de rescate en el mar Mediterráneo, con un inevitable aumento del número de muertos”, ha señalado Marco Bertotto, jefe de operaciones en Italia de Médicos Sin Fronteras, en una entrevista con el diario La Stampa. Y ha lamentado la ausencia de un sistema estatal de salvamento, “un vacío que hemos intentado llenar en los últimos años”. “Pero si nos dificultan la tarea, cuando no la hacen imposible, ¿quién irá a salvar vidas?”, ha reprochado.
Con este movimiento, Italia mantiene el pulso contra las ONG que hace unas semanas le valió un enfrentamiento con Francia, pero rebaja el tono respecto a la provocadora política de puertos cerrados con la que desafió a Europa y que fue ideada por Matteo Salvini, entonces ministro de Interior y ahora ministro de Infraestructuras, con competencias sobre los puertos. El líder de la Liga aún tiene una causa judicial pendiente en los tribunales por impedir durante varios días el desembarco en agosto de 2019 de un centenar de inmigrantes rescatados por el barco humanitario de la ONG española Open Arms.
Desde que el nuevo Gobierno tomó posesión en octubre dejó claro que la gestión de los flujos migratorios y en particular la acogida de los migrantes rescatados en el Mediterráneo cambiaría completamente respecto al anterior Ejecutivo de Mario Draghi. En un primer momento, el gobierno de la coalición de derechas aplicó una política de “desembarcos selectivos”, para permitir desembarcar solamente a los menores, y a los adultos que se encontraran en condiciones precarias de salud. Este planteamiento recibió muchas críticas, también de otros socios europeos, y Meloni terminó abandonándolo.
Hasta el 28 de diciembre han llegado por mar a Italia más de 102.000 migrantes, según los datos del ministerio de Interior. Atendiendo a los cálculos del Instituto para los Estudios de Política Internacional (ISPI), los desembarcos de las ONG representan solo cerca del 10% del total de llegadas.
Sigue toda la información internacional en Facebook y Twitter, o en nuestra newsletter semanal.