Un juez español rechazó ordenar la detención de un hijo del presidente de Guinea Ecuatorial, Teodoro Obiang, al que investiga por el secuestro de dos opositores con nacionalidad española, si bien acordó el bloqueo de sus bienes en España, tras imponer una fianza de 300 mil euros por cada víctima.
El juez de la Audiencia Nacional española Santiago Pedraz tomó esta decisión el pasado 10 de diciembre, después de que el día 1 de ese mes la Policía le informara de la posible llegada a España de Carmelo Ovono Obiang y de otro de los dos investigados en esta causa, para pasar las fiestas navideñas con familiares residentes en España.
Tras establecer la Policía el día 11 un dispositivo en el aeropuerto de Madrid para la detención del hijo de Obiang, éste finalmente no apareció, pero el 28 de diciembre los investigadores detectaron la presencia del hijo de Obiang en un establecimiento hotelero de Madrid, e informaron de ello a Pedraz.
Al día siguiente, tras acordar levantar el secreto de las actuaciones, el magistrado decidió que los agentes informaran al hijo de Obiang sobre la querella y le requirieran que designara un abogado y un domicilio en España para hacerle las notificaciones.
Así consta en los diferentes oficios policiales y resoluciones judiciales, a los que ha tenido acceso EFE, que se han producido desde la presentación de la querella el pasado octubre por el secuestro de cuatro opositores de Obiang residentes en España, dos de ellos de nacionalidad española, y cuyas pesquisas se han mantenido en secreto todos estos meses.
Según confirmaron a EFE fuente jurídicas, la investigación judicial afecta al secretario de Estado de la Presidencia y jefe del servicio secreto en exterior de Guinea Ecuatorial, Carmelo Ovono Obiang; al Ministro de Estado, Nicolás Obama, y al director de la Seguridad Presidencial, Isaac Ngema.
Las primeras investigaciones policiales apuntan a que los tres iban a bordo del avión presidencial que trasladó desde Sudán del Sur a Malabo a Feliciano Efa y a Julio Obama, dos ciudadanos con nacionalidad española y opositores al gobierno de Obiang, capturados dos años antes en ese país.
La representación de los querellantes y la Policía pidieron la adopción de medidas contra los investigados, dos de ellos -Carmelo Obiang y Nicolás Obama- con “residencia estable y acreditada” en España.
Sin embargo, el juez no vio necesario la detención “judicial” de los investigados, sino que fueran puestos “a disposición judicial”, sin perjuicio de practicar las diligencias necesarias para la toma de declaraciones.
Pedraz, en ese auto del 10 de diciembre, autorizó la intervención de los dispositivos de almacenamiento digital que pudieran tener, en los que se pudieran encontrar pruebas de los delitos investigados en este procedimiento.
Asimismo ordenó el bloqueo de cuentas relacionadas con los investigados, y acordó intervenir las propiedades del hijo de Obiang en distintos puntos de España, tras establecer una fianza de 300 mil euros por cada víctima.
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