Francia, con uno de los niveles de desempleo más bajos en una década y media, se dispone a debatir una nueva ley migratoria que permitirá contratar y regularizar inmigrantes sin papeles y demandantes de asilo en sectores con escasez de mano de obra. La ley, presentada este miércoles en el Consejo de Ministros, también agiliza la expulsión de extranjeros con condenas penales, o que representen una amenaza para el orden público.
El llamado Proyecto de ley para controlar la inmigración y mejorar la integración es la segunda iniciativa legislativa de calado del Gobierno francés desde la reelección de Emmanuel Macron a la presidencia el pasado mayo. La otra ley central en el segundo y último quinquenio de Macron es la reforma de las pensiones, que esta semana ha empezado a examinarse en la Asamblea Nacional y despierta un rechazo creciente entre los franceses. El martes salieron a la calle, por segunda vez en menos de dos semanas, más de un millón de personas en contra de aumentar la edad de jubilación de 62 a 64 años.
“Vivimos una situación migratoria que puede parecer preocupante”; dijo al presentar la ley el ministro francés del Interior, Gérald Darmanin. “No se trata de estar a favor o en contra de la inmigración, sino de poder controlar y definir qué tipo de inmigración deseamos”. La líder de la extrema derecha, Marine Le Pen, denunció “una campaña de regularización de clandestinos que tendrá un efecto llamada para una nueva inmigración clandestina que esperará mañana otra regularización”.
Entre la mano dura y las puertas abiertas
La propuesta migratoria, la segunda de Macron desde que llegó al poder en 2017, busca un equilibrio entre la mano dura y las puertas abiertas. La idea es obtener así el apoyo de la izquierda y la derecha en la Asamblea Nacional. El resultado, por ahora, es el contrario. Tanto la izquierda como la derecha se oponen a la reforma. La derecha, por considerarla laxista; la izquierda, por represiva. Sin mayoría absoluta desde las legislativas de junio, el presidente lo tiene difícil para recabar los votos suficientes para se apruebe.
Hay una parte que debería satisfacer a los conservadores. Con esta ley, Francia podría expulsar a extranjeros con residencia legal que hayan cometido crímenes o delitos penados con 10 años de prisión. También permitirá expulsar extranjeros sin papeles que, según las autoridades, constituyan una “amenaza grave para el orden público”. No importará, en uno y otro caso, que tengan vínculos personales y familiares en territorio francés. El proyecto exige un nivel mínimo de lengua francesa para poder convertirse en residente legal en Francia. Ahora la exigencia se limita a asistir a cursos de lengua.
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Otra parte de la ley incluye medidas tradicionalmente progresistas. Sin plantear una regularización general, sí permitiría a inmigrantes sin papeles legalizar su situación en Francia si se dedican a los llamados “oficios en tensión”. Según la Oficina francesa de empleo, las profesiones donde falta mano de obra son las siguientes: techador, ayudante a domicilio y limpiador, farmacéutico, herrero y cerrajero, mecánico y electricista de automóviles, carrocero de automóviles, conductor de autocar, fontanero, enfermero y puericultor, y carpintero. La condición sería que el inmigrante llevase tres años en Francia y ocho meses de actividad en los últimos dos años en uno de estos oficios.
En el tercer trimestre de 2022, había 373.100 empleos vacantes en Francia, un aumento del 3% respecto al trimestre anterior, según el departamento de investigaciones y estadísticas del Ministerio de Trabajo. La tasa de desempleo es del 7,3%. El número de empleos vacantes ha aumentado en un 77% respecto al último trimestre de 2019, justo antes de la pandemia. Las peticiones de asilo aumentaron en Francia en un 31% en 2022 y las expulsiones, en un 15%.
La ley contempla una vía especial de inmigración en Francia para médicos, farmacéuticos y dentistas, entre otras profesiones sanitarias. Es recurrente en Francia el debate sobre los llamados desiertos médicos —regiones con escasos médicos y hospitales— y la falta de profesionales en este sector.
La propuesta ha suscitado críticas por el peligro de que, al atraer talento de países africanos, Francia deje a estos países sin los médicos y profesionales que necesitan. “[El Gobierno] quiere aprovecharse, sin sufragarlo, de los profesionales formados por estos países, lo que tendrá como consecuencia una reducción del acceso a los cuidados de sus poblaciones”, han denunciado, en una tribuna en el Journal du dimanche, varios médicos de renombre y antiguos responsables políticos y de ONG, entre ellos Rony Brauman, expresidente de Médicos sin Fronteras.
“En resumen, se desea transferir nuestros desiertos médicos a los países nacidos de nuestras antiguas colonias. Pero, ¿cómo atraer a los médicos de estos países sin aceptar, a continuación, recibir a sus poblaciones enfermas al haberse quedado sin sus cuidados?”
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