El revuelo creado por la llegada del presidente ucranio, Volodímir Zelenski, a Bruselas este jueves ha permitido pasar a hurtadillas por una fecha bochornosa para la capital de la Unión Europea: hoy se cumplen dos meses desde la oleada de detenciones y registros de domicilios de altas figuras relacionadas con el Parlamento Europeo el 9 de diciembre, incluida la entonces vicepresidenta Eva Kaili, que supuso el pistoletazo de salida del Qatargate, el escándalo de sobornos de países como Qatar o Marruecos que ha sacudido a las instituciones europeas. Coincidiendo con este aniversario, la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, ha consensuado con los grupos políticos las 14 medidas iniciales para mejorar la transparencia y la “integridad” de la Eurocámara.
Dos meses más tarde de que saliera a la luz el escándalo, y tras las primeras promesas de reformas rápidas, algunas voces, tanto dentro como fuera del hemiciclo, empiezan a alertar de la necesidad de actuar de una vez para no perder el impulso provocado por el shock de las revelaciones y de las acciones de la justicia belga (Kaili, su pareja y asistente parlamentario Francesco Giorgi y el exeurodiputado Pier Antonio Panzeri siguen en prisión preventiva desde diciembre). “Va siendo hora de que pase algo concreto”, insiste el eurodiputado verde alemán Daniel Freund, uno de los mayores instigadores de reformas profundas de las reglas para aumentar la transparencia de la institución.
Algunos incluso temen que todo quede en declaraciones de intenciones sin interés real alguno en cambiar de verdad las prácticas de una Eurocámara que, según ha quedado en evidencia en las últimas semanas, tiene, si no deficiencias estructurales —término que rechazan no pocos eurodiputados—, al menos sí normas demasiado laxas que han llevado a que fuera posible que eurodiputados y exeuroparlamentarios acabaran con maletas llenas de dinero en efectivo a cambio, presuntamente, de influir en decisiones parlamentarias que afectan a terceros países.
En un intento de demostrar que no se barrerá el problema debajo de la alfombra, la presidenta de la Eurocámara, Roberta Metsola, ha querido dar una señal de acción: en una reunión celebrada durante la noche del miércoles con los presidentes de los grupos políticos del Parlamento, se consensuaron los “primeros pasos” de una reforma parlamentaria que busca “reforzar la integridad, independencia y rendición de cuentas” de la Eurocámara. Son 14 medidas de aplicación relativamente rápida, aunque algunas requerirán algunos cambios en las reglas internas del Parlamento y de su código de conducta. No obstante, la mayor parte podrían ser implementadas en un “par de meses”, según consta en el documento de trabajo, al que ha tenido acceso .
Se trata, dijo la política conservadora maltesa en un comunicado, de “primeros pasos para reconstruir la confianza en el proceso de toma de decisiones europeas”. “Espero”, agregó, “que logren demostrar que la política es una fuerza para el bien”.
Las medidas son, básicamente, las mismas —pero más detalladas— que las que Metsola anunció en diciembre y presentó oficialmente en enero como “objetivos” iniciales, a la espera de reformas más profundas que requerirán un laborioso trabajo legislativo. Entre ellas, destaca un “periodo de incompatibilidad” obligatorio para antiguos eurodiputados que quieran ejercer labores de cabildeo en el Parlamento Europeo una vez acabado su mandato. No obstante, esta medida queda un tanto deslucida en su versión final, por los tiempos acordados: el periodo de incompatibilidad será de seis meses, un tiempo mucho menor que los dos años que impone por ejemplo la Comisión Europea a cualquier antiguo comisario que quiera hacer lobby ante el Ejecutivo europeo.
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Según las nuevas normas, quedarán además prohibidos los muy cuestionados “grupos de amistad” con terceros países, a menudo promocionados por embajadas extranjeras. También se mirará más quién puede entrar a la sede parlamentaria: se cambiarán los pases ilimitados para exeurodiputados por pases diarios —una medida que ha indignado a algunos parlamentarios, pero que busca limitar la capacidad de cabildeo de antiguos miembros de la cámara— y se ha acabado que puedan entrar con ellos cualquier tipo de personas. Además, todo representante de intereses o de la sociedad civil que quiera participar en algún tipo de audiencia, deberá ingresar antes en el Registro de Transparencia común para todas las instituciones. Mientras que en la Comisión ya estaba estipulado que ningún comisario pueda reunirse con un grupo o representante que no figure en ese registro, en la Eurocámara esto era hasta ahora más laxo. La ONG que Panzeri creó en 2019 y que se considera era la pantalla para su trama de sobornos, Fight Impunity, no figuraba en el Registro de Transparencia y, pese a ello, incluso llegó a organizar en la sede parlamentaria bruselense actos en los que participaron las más altas autoridades del hemiciclo.
Regalos y viajes
Los máximos responsables del Parlamento Europeo también han acordado que los eurodiputados tengan que publicar más detalles sobre sus actividades y que, específicamente, declaren en sus páginas web, bajo una “etiqueta de integridad”, los regalos recibidos o viajes realizados a terceros países que no hayan sido pagados por la Eurocámara. Esto es algo que las normas establecen que ya deberían hacer, pero que, como se ha visto también en estas últimas semanas, en las que algunos diputados han publicado con bastante retraso sus viajes o regalos recibidos, no siempre se hace. De igual manera, tendrán que declarar si tienen un conflicto de interés con temas que se les encargue trabajar.
Las medidas deberían ser solo el primero de varios pasos más profundos para recuperar la imagen —muy dañada por el Qatargate— del Parlamento Europeo. Los propios eurodiputados aprobaron en diciembre la creación de un “cuerpo ético” independiente que vigile la institución, aunque esta es una medida de mayor calado que no solo requiere más estudios, sino que enfrenta por el momento la oposición de parte de la cámara. En cualquier caso, todos son conscientes de que Bruselas debe mover ficha en los próximos meses, si no quieren que el Qatargate se vuelva en su contra en las elecciones para renovar la cámara el año que viene.
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