El gobierno de España extendió la oferta de nacionalidad española a los 94 ciudadanos nicaragüenses que acaban de ser declarados apátridas por las autoridades judiciales de su país, entre ellos la defensora de derechos humanos Vilma Núñez y el escritor y político Sergio Ramírez.
El ministro español de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, informó de esta oferta al propio Ramírez, quien a su vez se dirigió por carta al presidente Pedro Sánchez, según informó este viernes el Ministerio en un comunicado oficial.
Esta oferta se suma a la realizada el 10 de febrero por Sánchez a las 222 personas expulsadas Nicaragua y a las que se retiró la nacionalidad.
La propuesta del gobierno de España se hace extensiva “a cualquier ciudadano de Nicaragua que en el futuro pueda quedar en situación de apátrida por las decisiones” del Ejecutivo de Daniel Ortega.
Nicaragua expulsó aa 222 presos políticos
El pasado 9 de febrero, las autoridades nicaragüenses expulsaron a Estados Unidos a un grupo de 222 presos políticos por “traidores a la patria”.
En ese grupo se encuentran siete personas que intentaron disputar la presidencia del país a Ortega en 2022 y cinco sacerdotes, a quienes inhabilitaron de por vida para ejercer cargos públicos o de elección.
Además, el día 15 las autoridades de Nicaragua despojaron de su nacionalidad a otros 94 nicaragüenses.
En esa lista figuran, diplomáticos, exfuncionarios de Estado, defensores de derechos humanos, disidentes sandinistas, opositores, periodistas, académicos, estudiantes, empresarios, comerciantes y religiosos.
Retirar nacionalidad a disidentes busca “erradicar” a la oposición: AI
Amnistía Internacional (AI) condenó la retirada de la nacionalidad a disidentes nicaragüenses, una medida que, según la ONG, busca “amedrentar, castigar y erradicar cualquier forma de oposición política” en Nicaragua.
La directora para las Américas de AI, Érika Guevara Rosas, indicó que, con estas acciones, el gobierno de Daniel Ortega, quiere “sustituir la prisión injusta de quienes levantan la voz y defienden derechos por el exilio forzado”.
Según AI, esta “nueva ola de violaciones de Derechos Humanos” despoja “cruelmente” de derechos a cientos de nicaragüenses, reforzando así la “política de terror y represión” del gobierno para “aniquilar cualquier disidencia”.
“La valiente e implacable labor de defensa de los Derechos Humanos que Vilma Núñez ha ejercido, junto con otras personas defensoras y organizaciones de la sociedad civil nicaragüense, hoy es la única prueba con la que el Gobierno de Daniel Ortega pretende justificar la aplicación de leyes confeccionadas para criminalizarles y perseguirles”, añadió. (EFE y Europa Press).
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