Trece largos y dolorosos años ha tardado la justicia en llegar a casa de la familia Lima Buendía. El Poder Judicial del Estado de México ha dado a conocer la sentencia de 70 años para el expolicía Julio César Hernández Ballinas por el feminicidio de Mariana Lima, asesinada en 2010 en Chimalhuacán. En un país en el que el 95% de los delitos no se resuelve, el caso de Mariana Lima se ha convertido en un símbolo contra la impunidad en los asesinatos machistas y a favor de la lucha de las madres por conseguir justicia para sus hijas.
La condena llegó después de una áspera batalla legal y del empeño de Irinea Buendía por conseguir que el nombre de su hija no cayera en el olvido. Mariana Lima, estudiante de derecho, asesinada con 29 años en la casa que compartía con su agresor.
Cuando Mariana Lima fue asesinada, los feminicidios no se sancionaban como delito en México. En aquel año ni siquiera estaba tipificado en el código penal y las autoridades decidieron darle carpetazo al caso fingiendo que todo se había tratado de un suicidio. Una estrategia que se repite en las fiscalías de todo el país para explicar la muerte violenta de cientos mujeres, aunque las cifras de la violencia machista digan lo contrario. Le sucedió a Lesvy Berlín Rivera, asesinada en la UNAM en 2019. A Abigail Hay, en Oaxaca el año pasado. A la doctora Beatriz Hernández, en Hidalgo. A Yolanda Martínez, en Nuevo León. Y a Luz Raquel Padilla en Guadalajara, a la que acusaron de prenderse fuego a sí misma.
Cinco años después del feminicidio, la Suprema Corte otorgó un amparo a Irinea Buendía y ordenó a la Procuraduría del Estado de México rehacer la investigación bajo la hipótesis del feminicidio y aplicando la perspectiva de género. Había que volver a empezar cinco años después. Eso volvió a sacar a la luz cientos de documentos y decenas de cajas repletas de archivos. Al frente quedó una ministerio público que llevó la conducción del caso y que abrió camino para otras investigaciones que llegaron después. Hoy esa mujer, Brenda Celina Bazán, es la fiscal de feminicidios de Ciudad de México. “Al final ellas como víctimas nos ayudan a tener esos abrazos de sus madres, nos enseñan a no rendirnos aún cuando la pérdida es grande, a exigir justicia y luchar contra todo”, dice a este diario la fiscal. Tardó otros dos años volver a construir un caso lo suficientemente sólido para llevar al feminicida ante la justicia, incluida la exhumación de Mariana para realizar una nueva autopsia. Hernández Ballinas fue detenido en 2016.
La defensa apostó por dilatar el proceso. Los abogados del agresor interpusieron amparos durante siete años. Pero las pruebas de que el marido de Mariana Lima la agredía eran tan evidentes —la amenazaba con matarla con un bate, la violaba mientras la encañonaba con el arma, la acusaba de robarle dinero, según los testimonios de sus allegados— que resulta difícil creer que la ceguera de los autoridades fuera involuntaria. Por el camino, Irinea Buendía y sus hijos tuvieron que abandonar su casa. Fueron atacados y amenazados de muerte para que desistieran en su búsqueda de justicia, pero nunca dejaron de exigir castigo para el culpable.
El caso de Mariana Lima abrió el camino de la justicia a otras víctimas y estableció que toda muerte violenta de una mujer en México sea investigada como un feminicidio. “La sentencia es una forma de reparar el daño para la señora Irinea y el señor Lauro [sus padres], para reconocer a Mariana su dignidad y dignificarla. Una deuda histórica de justicia que las autoridades están saldando”, asegura Sayuri Herrera, Coordinadora de delitos de género de la Fiscalía de Ciudad de México. “Es un mensaje poderoso para todas aquellas personas que están buscando justicia, para las madres de que la justicia llega, tarda, pero llega”, apunta Herrera.
Aquel fallo de la Suprema Corte sentó el principal precedente judicial para la lucha contra la violencia de género y cambió la justicia mexicana. Eso en un país donde son asesinadas entre 10 y 11 mujeres al día. “Es una sentencia paradigmática, un parteaguas que tiene que ser estudiado por todos los estudiantes de derecho penal”, dice la abogada Leticia Bonifaz, experta en el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer de la ONU (CEDAW, por sus siglas en inglés).
El caso fue la semilla para que miles de mujeres y sus familias pudieran alzar la voz. “La sentencia plantea criterios para tomar en cuenta los contextos de violencia que viven las mujeres cuando hay una relación sentimental con el victimario y estos tienen algún poder al ser policías o militares”, explicaba María de la Luz Estrada, directora del Observatorio Nacional del Feminicidio, en una entrevista con este diario.
De esta sentencia también surgió una manera diferente de trabajar e investigar los feminicidios. Se crearon fiscalías especializadas en este tipo de delitos por todo el país. “De la unión de estos casos, de estas dos mujeres, Mariana y Lesvy, surgió esta Fiscalía”, señalaba Herrera en una entrevista con este diario. Ella fue la primera fiscal de feminicidios adscrita a la Fiscalía general que dirige Ernestina Godoy. “Ellas fueron semillas de justicia para el resto de las mujeres”. Ahora agrega algo más tras la sentencia: “También es un mensaje poderoso para los agresores que pretendieron en algún momento burlar la justicia, demuestra que para ellos no habrá tregua, ni de las madres, ni de las abogadas, ni de las investigadoras ni de las autoridades”, asegura.
Irinea Buendía pasó de vender jugos en el mercado a convertirse en una defensora de derechos humanos y un referente en México. “Ha recorrido un México que jamás imaginó conocer hablando de su hija, contando su historia, tratando de que no haya otras jóvenes que caigan en una espiral de violencia de la que no van a poder salir vivas”, escribió Bonifaz en un artículo reciente. “El andar de Irinea y su familia ha sido profundamente doloroso y lo sabemos, sin embargo ha resultado aleccionador para el estado y sus instituciones en el Edomex y en el país completo”, explica Aracely Osorio, madre de Lesvy Berlín Rivera.
Además de la sentencia a 70 años de cárcel, el juez ordenó la reparación del daño y el reconocimiento de todos los integrantes de la familia como víctimas. Desgastada tras más de una década en busca de justicia, la familia Lima Buendía tiene previsto dar una rueda de prensa el próximo miércoles. El fallo es definitivo. Las semillas de la justicia han tardado en dar fruto, pero la condena marca el camino para que no vuelva a repetirse un feminicidio como el de Mariana Lima. Y para que las víctimas y sus familias no tengan que esperar 13 años para ver a los culpables tras las rejas.
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