Con su reforma de las pensiones, el presidente francés, Emmanuel Macron, ha desatado la mayor crisis política y social en Francia desde la revuelta de los chalecos amarillos en 2018. Dos mociones de censura intentarán este lunes derribar a su Gobierno y anular la reforma. Es la respuesta de la oposición a la decisión de Macron, la semana pasada, de imponerla sin voto parlamentario y mediante el artículo 49.3 de la Constitución. Un 70% de franceses se opone a la reforma, que ha provocado manifestaciones masivas, huelgas en sectores clave y, desde el jueves, altercados en las principales ciudades. Los sindicatos se han unido en contra.
Estas son las claves del proyecto:
1. La edad legal de jubilación aumentará de los 62 a los 64 años.
Entre el próximo septiembre y 2030, la edad a la que los franceses podrán jubilarse pasará progresivamente de los 62 a los 64 años. En 2010, la edad de jubilación aumentó de los 60 a los 62 años con el presidente conservador Nicolas Sarkozy.
2. Se adelanta la exigencia de 43 años cotizados para cobrar la pensión plena.
El otro punto clave de la reforma es la aceleración de una medida adoptada en 2014 bajo el socialista François Hollande. Aquella reforma contemplaba que, progresivamente, hasta 2035, se pasase de exigir 41 a 43 años de cotizaciones para cobrar la pensión plena. Ahora acelerará su aplicación hasta 2027.
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La pensión plena representa el 50% del salario anual de referencia.
En el sector privado, la pensión se calcula sobre la base de los ingresos medios de los 25 años mejores de la carrera. En el público, los seis últimos meses de carrera. Esto ya era así y no cambia con la reforma.
La pensión media en Francia es de 1.509 euros brutos, 1.400 euros netos.
3. La edad en la que todo el mundo podrá cobrar la pensión plena será 67 años.
Como ya sucede ahora, a los 67 años los franceses podrán jubilarse cobrando toda la pensión a la que tengan derecho, hayan cotizado 43 años o menos.
El sistema francés combina una edad de jubilación y la exigencia de un determinado número de años cotizados. Esto significa que hay personas que llegarán a los 64 sin haber cotizado los 43 años necesarios. Estas personas deben trabajar más allá de los 64, y máximo hasta los 67, si quieren cobrar toda su pensión.
Hoy, la edad de jubilación legal son los 62 años. Pero ya hay muchos franceses que deben trabajar más hasta que han cotizado los años actualmente necesarios. Por eso, la edad media de jubilación real es algo mayor, 62 años y cuatro meses.
4. La justificación del Gobierno para la reforma.
El Gobierno quiere equilibrar en 2030 las cuentas del sistema público de pensiones. Considera que, si se trabaja dos años más, será posible preservar este sistema sin necesidad ni de reducir las pensiones ni de aumentar las cotizaciones o los impuestos. Francia es, después de Italia y Grecia, el tercer país de la OCDE que más gasta en pensiones, un 14,5% del producto interior bruto (PIB) y el que más gasta en protección social en general, un 31,6%.
Sin la reforma, según los cálculos oficiales y con la hipótesis de un pleno empleo a largo plazo, el sistema entrará en déficit en 2023. En 2030, el déficit será de 13.500 millones de euros. En 10 años, se habrá acumulado un déficit de 150.000 millones de euros.
El Gobierno invoca la demografía para defender la reforma: en 1970, había en Francia más de tres cotizantes por cada jubilado; en 2000, dos por cada uno; hoy, 1,7 y en 2050 se prevé que sea 1,4. También alega que Francia es uno de los países europeos donde más tiempo pasan las personas en la jubilación: 26,7 años de media las mujeres y 22,2 los hombres.
El argumento de fondo es que los franceses deben trabajar más para impulsar la economía, y que el equilibrio de las cuentas públicas es necesario para la credibilidad internacional de Francia. La deuda francesa se eleva al 113% del PIB, el déficit presupuestario fue en 2022 del 5%.
La réplica de los sindicatos, la oposición y de algunos economistas es que el nivel de déficit previsto no justifica la urgencia y que fijar la misma edad de jubilación para las carreras largas y las más cortas es injusto.
5. El problema de quienes empezaron a trabajar más jóvenes.
El aumento a 64 años perjudica a quienes empezaron a trabajar más jóvenes. Imaginemos a alguien que cotiza desde los 19 años. A los 62 habrá cotizado los 43 años estipulados. Sin la reforma, podría jubilarse. Con la reforma, sin embargo, deberá trabajar dos años más.
Imaginemos ahora a alguien que haya prolongado sus estudios y haya entrado en el mercado laboral a los 25 años. Esta persona, con o sin reforma, se jubilará con su pensión completa a los 67 años, aunque solo haya contribuido 42 años.
La reforma, para estos, cambia poca cosa; en cambio, a los que entraron antes en el mercado laboral y han tenido carreras largas les obliga en principio a trabajar más tiempo. Estas personas, además, suelen tener empleos peor remunerados y físicamente desgastantes, lo que agudiza el sentimiento de injusticia.
6. Las soluciones de la reforma a las carreras largas.
Para atenuar el problema de quienes entraron más jóvenes en el mercado laboral, la reforma prevé que, quienes empezaron a trabajar a los 16, pueden jubilarse a los 58; quienes empezaron entre los 16 y los 18, a los 60; entre los 18 y los 20, a los 62. Durante las negociaciones parlamentarias, el Gobierno aceptó que quienes comenzaron entre los 20 y los 21 puedan jubilarse a los 63.
7. La desigualdad entre hombres y mujeres.
En Francia, las mujeres ya se jubilan un poco más tarde que los hombres y cobran pensiones un 40% inferiores. Se explica por el impacto en la pensión de las desigualdades salariales durante la vida laboral y también porque las mujeres tienden más a tener carreras profesionales interrumpidas y, por tanto, tardan algo más en acumular los años de cotización necesarios para jubilarse con la pensión plena.
La reforma no resuelve ninguna de estas cuestiones, pero sí plantea un problema específico. Para compensar las bajas de maternidad, las mujeres pueden ahora contabilizar por cada hijo un año de cotización, lo que en algunos casos permite adelantar la jubilación a los 62 o 63 años, habiendo cumplido todos los años exigidos. Al obligar a trabajar como mínimo hasta los 64, esta ventaja desaparece.
En cambio, las mujeres se verán más beneficiadas que los hombres por la revalorización de las pensiones más modestas, pues entre quienes perciben estas pensiones hay más hombres que mujeres.
8. El problema de los séniores.
Otro problema de la reforma es que obliga a trabajar hasta los 64 años en un país donde la tasa de actividad entre los mayores de 60 años figura entre las más bajas de los países industrializados. Solo un 35% de esta franja de edad están en el mercado laboral en Francia; en Alemania es el 61%, según datos de la OCDE.
La reforma prevé obligar a las empresas de más de 300 empleados a difundir indicadores sobre el empleo de los mayores, así como hacer públicas las medidas que toman para fomentar la contratación de estos trabajadores. Medidas insuficientes, según los sindicatos, y simbólicas, que tendrán poco impacto en la contratación de los séniores.
9. La diferencia con la actual reforma de las pensiones en España.
La contestación social y política con la que ha chocado el presidente francés, Emmanuel Macron, por su reforma de las pensiones contrasta con la aprobación en España de una reforma de las pensiones consensuada con Bruselas, la izquierda y los sindicatos, y sin sobresaltos parlamentarios ni tensión en la calle. Las medidas principales de la reforma española son el aumento de las cotizaciones sociales y la definición de los años de cotización que sirven para calcular la cuantía de la pensión.
La reforma francesa no se ocupa de ninguno de estos parámetros. Pero se parece bastante a la reforma de las pensiones que el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero impulsó en 2011. Como Francia ahora, España decidió aumentar la edad de jubilación, en aquel caso, de los 65 a los 67 años. Y también incrementó los años cotizados que se exigen para cobrar la pensión, de 35 años y tres meses a 38 años y seis meses.
Otra diferencia: la Comisión Europea no ha tenido ningún papel directo en la reforma francesa. Las acusaciones, procedentes sobre todo de la extrema derecha, según las cuales Bruselas dictaba a Macron el aumento de la edad de jubilación, llevaron a la Comisión a reaccionar: “La Unión Europea anima en efecto a Francia a reformar su sistema de pensiones para hacerlo más equitativo y garantizar su viabilidad, pero no lo impone. Y sobre todo, los pagos a Francia de los fondos del plan de recuperación no están condicionados a una reforma del sistema de pensiones”.
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