Urge una discusión a fondo sobre las políticas cinematográficas: Estrada

Curiosa e inopinadamente, las cinco sátiras políticas producidas y estrenadas en fila en las décadas recientes por el cineasta Luis Estrada, de inconfundible y personalísimo toque —además con un preciso timing para ofrecernos una crítica incisiva y poderosa contra los gobiernos y regímenes políticos en turno, como también sobre la sociedad mexicana misma—, comparten algunas características poco comunes: ocurren no sólo en las pantallas sino fuera de ellas, en ese fuera de campo cinematográfico que es la nación entera; pero, particularmente, han forzado que el poder, en sus distintas formas, haga infructuosos intentos para que el público no tenga un acceso amplio a ellas.

Con sus fabulescas historias, el cineasta ha cumplimentado un ejercicio no sólo mordaz sino despiadado contra los usos y costumbres del peor de los Méxicos posibles, pero también con sorprendentes resultados altamente taquilleros.

Así, en el principio, la maquinaria gubernamental se dirigió contra La ley de Herodes (México, 2000), un clásico inmediato de la cinematografía nacional en el que se diseccionaba con asombrosa precisión al imparable aparato corruptor priista en el sexenio de Miguel Alemán, que provocó, primero, un burdo intento de censura desde la Secretaría de Gobernación al retirar la película del Festival de Cine Francés de Acapulco; y, luego, intentando un estreno exprés en la Cineteca Nacional, en una conspiración que involucró además a los Estudios Churubusco y al entonces Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta), hasta que por la fuerte presión de los medios tanto nacionales como internacionales, llegó la orden presidencial de Ernesto Zedillo para entregarle la película a Bandidos Films, compañía productora del cineasta, para su distribución privada en febrero de 2000 con la empresa Artecinema en 240 salas del país y con una recaudación de 40 millones de pesos.

Este éxito taquillero coincidió, unos meses más tarde, con la derrota del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en las elecciones presidenciales del 2 julio de aquel año.

Este hito inesperado —además de la crisis económica conocida como el “error de diciembre”, que prácticamente lo dejó quebrado—, le hizo alejarse del cine de ficción y de géneros como el de aventuras, el thriller, el western o el fantástico que Estrada había transitado previamente desde su debut en Camino largo a Tijuana (México, 1988) y las posteriores Bandidos (México, 1991) y Ámbar (México, 1994), para luego asumirse como el termómetro fílmico de la política y la sociedad mexicana con una casi exacta regularidad sexenal.

“Fue tan fuerte el madrazo después de Ámbar, que en algún momento pensé en dejar la dirección y dedicarme a la producción (porque no sé hacer muchas otras cosas), y quizás a escribir. Y, sumado a mi depresión, este país estalló, literalmente. El sueño salinista, muy comprado por todos, porque de pronto sí hubo un momento en el que estaban pasando cosas que antes eran impensables, todos sabemos cómo acabó. Además, la crisis del famoso error de diciembre personalmente me pegó muy feo —como a todo México—, porque yo tenía unos ahorros que, evidentemente, se hicieron cagada y estaba endeudado, como todo mundo”, explica el realizador, expulsado en su momento del Centro Universitario de Estudios Cinematográficos (CUEC ahora ENAC) de la UNAM.

Así, ya con la decepción del sexenio foxista a cuestas, Estrada entregaría Un mundo maravilloso (México, 2006), en el que un habitante de los pauperizados llanos de Santa Fe —vecino, además, del espectacular desarrollo financiero con rascacielos construido sobre los basureros— es rescatado por los banqueros y economistas neoliberales para intentar ocultar un poco la enorme desigualdad de las políticas globalizadas con la inesperada consecuencia de que despiertan la ambición en otros menesterosos, situación que termina por resultar incontrolable. La fugaz distribución de la cinta, a cargo de la 20th Century Fox de México, no tuvo tanto espacio entre los estrenos hollywoodenses y la cinta se despidió de la cartelera esta vez con una recaudación discreta y menor.

En pleno sexenio de la guerra contra el narcotráfico, y entre las paupérrimas (anti) celebraciones del Bicentenario de la Independencia, es que apareció el despiadado cuanto sangriento retrato del dominio del crimen organizado en el territorio mexicano que es El Infierno (México, 2010), toda una enciclopedia de la violencia y un abecedario de las variantes del asesinato y del secuestro con un personaje que se volvió parte de la cultura popular: el Cochiloco (Joaquín Cosío). Aunque de inicio se le negaron los apoyos y subsidios públicos, acabó siendo patrocinada por el propio Estado en un fondo conmemorativo del Bicentenario mismo, estrenó con Alfhaville Cinema y, pese a una clasificación B15, que es restrictiva, atrajo a más de 2 millones de espectadores.

De los montajes a las esperanzas vacuas

El regreso del PRI a la silla presidencial fue motivo de otra crítica acerba y ácida: esta vez la connivencia del poder político con el mediático en La dictadura perfecta (México, 2014), una metáfora sobre la manera en que Televisa había construido la candidatura presidencial de Enrique Peña Nieto (con un Sergio Mayer idéntico en el papel de El presidente) y la construcción de montajes noticiosos para construir una noción ficticia de la realidad (con un Saúl Lisazo también igualito a cierto conductor de Milenio Televisión), justamente filmada con una exención fiscal proveída por Televisa y con fondos públicos del propio Estado Mexicano y que, tras su estreno el 16 de octubre de 2014, con distribución de Alfhaville Cinema, se mantuvo por 10 semanas en cartelera recaudando 189 millones 218 mil 720.53 pesos gracias a sus 4 millones 186 mil 721 espectadores, lo que la convirtió en la novena película más taquillera en los registros recientes.

Ahora, en el sexenio de la autonombrada Cuarta Transformación, no podía sino esperarse otra aguda farsa sobre las promesas de la corrupción ya terminada casi por acto de magia y por la pura voluntad presidencial de Andrés Manuel López Obrador, en el seno de una familia disfuncional que mira siempre de lejos, siempre con hambre, siempre con esperanzas vacuas, la posible riqueza de una mina que hereda el único miembro que logró escapar del pueblo La Prosperidad, en la zona minera de San Luis Potosí, para vivir con su familia en la zona residencial de Paradise Hills & Riverdale, Pancho Reyes (Alfonso Herrera), un administrador especialista en recortes de personal, que ha de regresar al seno familiar que abandonó dos décadas después para ser el heredero único de los terrenos y de las vetas familiares.

Con una puesta en escena coral; con personajes arquetípicos que forman un verdadero juego de incorrecta lotería; con la arriesgada apuesta por darles tres personajes tanto a Damián Alcázar (el ambicioso minero Rosendo, el curita pederasta Ambrosio y el corruptazo presidente municipal Regino Reyes) como a Joaquín Cosío (el tontazo minerito Rosendito, el policía represor Rosendito y el abuelo revolucionario don Francisco Reyes) —tal y como lo hiciera don Ismael Rodríguez con Pedro Infante en 1948 con Los tres huastecos—; con un abundante lenguaje empleado en las conferencias de prensa mañaneras e incluso la Cartilla Moral; y con la polarización de la población (de la familia, en este caso) como tema central y principal —más que una crítica mordaz al Presidente, como nos quiere hacer creer la publicidad—, ¡Qué viva México! (México, 2023) llegará a la cartelera nacional con distribución de Sony Pictures, en alrededor de 3 mil 200 pantallas —el 42.5 % de las 7 mil 537 instaladas en el país—, el próximo jueves 23 de marzo.

Pero, continuando la tradición, esta reciente comedia de enredos de Estrada no podía llegar a las salas cinematográficas sin contar con una tortuosa historia previa de dificultades y de obstáculos. Primero porque la productora del filme, la poderosa plataforma audiovisual Netflix, tenía la intención de programarla en unas pocas salas el 3 de noviembre de 2022, dos semanas antes de estrenarla en línea el 16 de ese mismo mes; empero, Estrada se inconformó y en un acto de aventurada rebeldía le compró los derechos de exhibición de la película de 3 horas con 9 minutos de duración, empeñando prácticamente su patrimonio con la esperanza de que el público acuda masivamente a los cines, lo que prácticamente no ha ocurrido con ninguna producción nacional tras el confinamiento por la pandemia de la Covid-19.

Pero antes de todo ello, claro está, se encuentra la tortuosa relatoría de las cinco ocasiones en que las autoridades culturales y cinematográficas le negaron —o bien, le redujeron— los apoyos con recursos públicos tanto para el desarrollo del guion como para la producción de esta ambiciosa cinta.

En las líneas que siguen, el recuento de los hechos.

Con los respectivos sellos que confirman su recepción, el viernes 3 de marzo de este 2023 el cineasta Luis Estrada y su compañía Bandidos Films S.A. de C.V. presentaron una denuncia ante la oficialía de partes tanto de la Secretaría de la Función Pública (SFP), por posibles faltas administrativas, y una queja por hechos presuntamente violatorios de los derechos humanos ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), contra los miembros del Comité Interinstitucional del Estímulo Fiscal a Proyectos de Inversión en la Producción y Distribución Cinematográfica Nacional (Eficine), misma que incluye, en el caso de la SFP, a tres funcionarios del Instituto Nacional de Cinematografía (Imcine): su directora general, María Novaro; su coordinador general, José Miguel Álvarez Ibargüengoitia; y la coordinadora ejecutiva de Eficine Producción, Yuria Goded Garzón.

Este par de recursos legales han sido interpuestos por el realizador luego de solicitar en tres ocasiones la exención fiscal del Eficine para filmar su quinto largometraje de sátira política, ¡Qué viva México! (México, 2023), sólo para que en las dos primeras ocasiones le recortaran el monto solicitado en 95.2 % y en 38.7 %, lo que consideró insuficiente para emprender el rodaje, por lo que para la convocatoria siguiente, correspondiente al primer semestre de 2021, volvió a inscribir su carpeta sólo para ser notificado que, esta vez, el proyecto no había sido autorizado en lo artístico por el Consejo de Evaluación del Eficine.

Esto se suma al par de intentos para solicitar su ingreso como Creador Artístico en la rama de Dirección en Medios Audiovisuales y en la disciplina de Dirección en Cine y Video en el Sistema Nacional de Creadores de Arte (Fonca), en las convocatorias de junio de 2017 y de marzo-abril en 2020. En ninguna de ellas apareció como uno de los 200 artistas elegidos, así como tampoco entre los siete ni los once cineastas seleccionados en cada emisión, respectivamente.

“Cada vez que Andrés Manuel López Obrador se ha presentado a un cargo de elección popular, he votado por él. E incluso seré más temerario: si los candidatos a la presidencia fueran los mismos de 2018, volvería a cruzar la boleta a su favor. Pero esta preferencia política no me impide decir y señalar la enorme decepción que ha causado en muchos aspectos, que no en todos. Lo que convierte a este país en un infierno es que todo mundo adopta un extremo y nadie se fija en las zonas de grises, en qué está bien y mal, en cómo mejorar las cosas; ahora mismo es: estás conmigo o contra mí”, explica el realizador en sus oficinas en los Estudios Churubusco.

Estrada es directo: “No tengo dudas de la decepción que ha provocado en el mundo de la cultura y el cine… En el cine es muy dramático lo que me ocurrió porque, literalmente, desde las instituciones culturales y cinematográficas del país trataron de impedir que yo hiciera esta película”.

Al encontrar cerradas estas puertas, acabó por aceptar la oferta que la plataforma audiovisual Netflix le había hecho insistentemente, desde años atrás, para producirle un proyecto, pues los tres largometrajes que se encuentran actualmente en su catálogo: La Ley de Herodes, El Infierno y La dictadura perfecta, gozan de bastante éxito. Así que sin subsidios ni otro tipo de apoyos públicos, aceptó la oferta de la plataforma de streaming pero negociando absoluta libertad en sus decisiones creativas de la película, desde el guión hasta la edición y último corte.

“Y, oh sorpresa, me dijeron que sí y lo respetaron hasta el último minuto y lo siguen haciendo. Y eso no tiene precio”, puntualiza el realizador.

En julio de 2020, prosigue Estrada su relato, recibió un oficio del Comité Interinstitucional del Eficine para informarle que aunque el proyecto cumplía con la Ley del Impuesto Sobre la Renta (LISR), las Reglas Generales del estímulo fiscal y con los méritos artísticos, culturales y cinematográficos para ser beneficiado, era “preciso ajustar el monto solicitado”, ya que uno de los contribuyentes aportantes: Cinépolis de México S.A. de C.V., no cumplía con el artículo 32-D párrafo quinto del Código Fiscal de la Federación con corte al primero de junio de 2020, pues aparecía como no localizado en el Registro Federal de Contribuyentes (RFC), y un segundo: Betterware de México S.A. de C.V., no incluía los nombres completos de los firmantes en algunos documentos y no se tenía la certeza de que fueran las mismas personas morales “y no había manera de probar que era la misma persona” (algún contrato fue signado por Luis Estrada Rodríguez y no por Luis Antonio Estrada Rodríguez, un tecnicismo, pues). Por esa causa, sólo se le autorizaron 2 millones 80 mil pesos de los 15 millones de pesos solicitados. En esa emisión se autorizaron estímulos fiscales a 34 filmes por un total de 325 millones de pesos, el total autorizado para esa primera emisión de 2020.

Para el segundo periodo de ese año, ¡Qué viva México! recibió un monto mayor, 7 millones 920 mil pesos de los 12 millones 920 mil pesos que completarían los 15 millones solicitados en aquel primer periodo, pero ahora fue la empresa Betterware de México S.A. de C.V. la que aparecía como no localizada en el RFC. Las cantidades eran insuficientes para la película, que tendría un costo total de 69 millones, 470 mil 610 pesos. En esa emisión se autorizaron exenciones fiscales para 21 filmes por un total de 188 millones, 770 mil 935 pesos (quedando sin ejercer 161 millones 229 mil 65 pesos, el 58.08 %, ya que el tope anual de Eficine Producción es de 650 millones de pesos).

Para el primer periodo del Eficine Producción 2021, tanto Estrada como Bandidos Films solicitaron nuevamente el estímulo fiscal, ahora por 20 millones de pesos, pues el filme tenía ya un costo de 80 millones 24 mil 562 pesos, pero esta vez el Consejo de Evaluación no lo autorizó en lo artístico —con tres votos a favor y dos en contra, de acuerdo al testimonio de uno de los jurados—, opinando que en esta comedia negra se repetían los anteriores trabajos del director y coguionista, además de que la carpeta no explicaba las acciones que se implementarían para crear un ambiente respetuoso en la filmación para contar con un espacio de trabajo “libre de abuso y violencia”. Y no fue todo: otra justificación que le dieron fue que el presupuesto presentado no guardaba coherencia con la propuesta cinematográfica.

En este tercer intento, el proyecto fue calificado con 65 puntos de 100 posibles y se le negó su viabilidad, cuando la primera vez había recibido 87 y la segunda 89 puntos. El problema, advierte Estrada, es que la regla III inciso 11 de Eficine Producción ya se había modificado y permitía que aquellos recomendados en el listado de proyectos susceptibles de autorización en las convocatorias pasadas pero que no hayan sido beneficiados de la aplicación del estímulo fiscal, podían enviar nuevamente su solicitud, con vigencia “en el periodo en que se emita y el inmediato siguiente”, sin tener que ser calificados en lo artístico sino directamente ante el SAT para los documentos fiscales y legales.

Este documento, fechado el 22 de marzo de 2021, le fue entregado a Estrada y a Bandidos Films meses después, el 15 de junio de 2021, luego de sostener una llamada con María Novaro y Yuria Goded, el 21 de abril, y tras enviar dos cartas consecutivas para solicitarlo, el 8 de junio y el 12 de julio del 2021, aunque las reglas de Eficine mandatan entregarlas a los 15 días de publicados los resultados.

Más allá del resultado de este par de procesos lo que urge es una discusión “seria y a fondo” sobre las políticas cinematográficas nacionales, puntualiza el realizador, pues mientras las instituciones presumen sus números, “como si fueran tecnócratas”, y advierten que estamos en el mejor momento porque en 2021 se produjeron 259 películas mexicanas y se ganaron 124 premios internacionales, en realidad estamos en el “peor momento”.

“Nadie les pregunta ¿dónde están?, ¿quién las vio?, ¿cuántas y dónde se estrenaron?, ¿cuántas están guardadas desde hace años en sus cajones?, ¿qué pasa con lo que había de industria? Hay una autocomplacencia y un cinismo. Lo único que veo es a unos burócratas que sólo quieren cuidar sus sueldos y privilegios, además de quedar bien con su amo y patrón. Por eso inventan historias de que el cine está mejor que nunca. La desaparición de los fondos fue un escándalo al que no se le puso la suficiente atención ni le damos la dimensión, si hubo rateros o abusos por qué esa gente no está en la cárcel, cuántas denuncias hay. Esos fondos a mí, y a muchos otros, nos dieron una carrera y al país una presencia que no tenía hace muchos años”, concluye.