Las organizaciones que fueron parte de la investigación Ejército Espía se pronunciaron ante el comunicado “Acciones de inteligencia orientadas a atender amenazas y riesgos a la seguridad nacional” de la Presidencia, que intenta desmentir y descalificar la investigación.
Ante la ‘desinformación‘ promovida en el boletín de prensa de la Presidencia de la República, la Red de Defensa de los Derechos Digitales (R3D), Articulo 19 y Social Tic aclararon algunos puntos.
Foto: Gobierno de México
En primer lugar, argumentaron que la Secretaria de Defensa (Sedena) no tiene la facultad ni la autorización judicial federal para recolectar inteligencia De Fuentes privadas, como se ha hecho con Raymundo Ramos, Ricardo Raphael y un periodista de Animal Político.
Por lo que las organizaciones sostienen que las intervenciones a comunicaciones privadas de estas personas “dan cuenta del uso ilegal y arbitrario de tecnologías de vigilancia en contra de periodistas y defensores de derechos humanos”.
En el caso particular del defensor de derechos humanos Raymundo Ramos, las investigaciones que han hecho las organizaciones prueban que el Centro Militar de inteligencia interceptó sus comunicaciones entre el 16 de agosto de 2020 y 26 de agosto de 2020 con periodistas de Televisa, El País y El Universal, y no con “organizaciones delictivas” como se ha sostenido.
La Red de Defensa de los Derechos Digitales, Articulo 19 y Social TIC sostienen que toda la información utilizada para la investigación Ejército Espía está autentificada, y está comprobada por fuentes secundarias y validada por interlocutores.
“Por último, resulta lamentable que la Presidencia intente justificar el espionaje militar en contra de personas defensoras de derechos humanos y periodistas bajo el argumento de que no se ha detenido a ningún actor político, social, persona perteneciente a una organización de derechos humanos, activista u otra persona que no esté relacionada con las organizaciones de la delincuencia organizada”, afirman las organizaciones en su comunicado.
La intervención ilegal de comunicaciones privadas es un delito en México, por lo que las organizaciones lamentan que el comunicado de la Presidencia difunda información falsa e incumpla el compromiso con la transparencia del caso.
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