Indígenas del estado mexicano de Michoacán, oeste del país, exigieron este miércoles reabrir una investigación contra el exgobernador Silvano Aureoles por el asesinato de cuatro purépechas ocurrido el 5 de abril del 2017, en una irrupción policial en el poblado de Arantepacua.
El Consejo Comunal de Arantepacua, comunidad enclavada en el municipio de Nahuatzen, informó este día que a seis años de la masacre “no hay ningún detenido”.
Esto pese a que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió un pronunciamiento en el que documentó “violaciones graves a los derechos a la vida, a la libertad, a la seguridad e integridad personales -por actos constitutivos de tortura-, de reunión, al interés superior de la niñez y a una vida libre de violencia, en agravio del poblado indígena”.
Como parte de esta exigencia, un centenar de indígenas de Arantepacua, apoyados por profesores de educación básica y activistas, marcharon este miércoles en la ciudad de Morelia, capital de Michoacán, y en su protesta vandalizaron dos vehículos patrulla de la Policía Auxiliar y una torre móvil de vigilancia.
Foto: EFE
Además, los inconformes también destrozaron los ventanales del Palacio de Gobierno, ubicado en el Centro de Morelia y sede del Gobierno de Michoacán, donde plasmaron pintas en contra de Aureoles y de Adrián López Solís, exsecretario de Gobierno, segundo cargo en importancia, solo detrás del gobernador, y actual Fiscal General de Michoacán.
Cabe mencionar que la irrupción policial fue autorizada por el entonces gobernador la mañana del 4 de abril de 2017, esto en busca de liberar un centenar de vehículos de carga que los indígenas de Arantepacua mantenían retenidos para protestar por un conflicto de posesión de tierras que se disputan con purépechas del poblado vecino de Capácuaro, en el municipio de Uruapan.
Fue el 5 de abril cuando agentes de la policía estatal y los indígenas se enfrentaron en el acceso de Arantepacua, dejando como saldo cuatro purépechas muertos a balazos -entre ellos un menor de edad-, 31 heridos por golpes o balas y 38 detenidos.
La CNDH también documentó que la Policía del gobierno de Silvano Aureoles cateó ilegalmente 56 viviendas de los indígenas.
A seis años de estos hechos, el Consejo Comunal de Arantepacua exigió a la Fiscalía General de la República (FGR) la atracción de la investigación.
Esto, al considerar que López Solís, actual Fiscal de Michoacán, es “juez y parte” al desempeñarse como secretario de Gobierno en la administración de Aureoles, quien actualmente lleva a cabo una gira por diversos Estado de México, en busca de ser el candidato de la oposición a la presidencia en 2024.
Los indígenas también exigieron investigar a Juan Bernardo Corona Martínez y Carlos Gómez Arrieta, exsecretario y exsubsecretario de Seguridad Pública de Michoacán, quienes encabezaron el operativo en Arantepacua.
Gómez Arrieta fue detenido en septiembre del 2020, acusado de presuntos actos de tortura durante la investigación por el caso de la desaparición forzada de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, en el estado de Guerrero. El exmando policial obtuvo su libertad condicional en mayo del 2022.
(Con información de EFE)
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