CHICAGO — Las ciudades estadounidenses que pasan apuros para albergar a miles de migrantes han solicitado asistencia federal y que los republicanos pongan fin a la politiquería en el tema de la inmigración, ya que les preocupa que el previsible aumento en la llegada de personas al país cuando se levanten las restricciones implementadas durante la pandemia causen problemas a sus presupuestos y recursos.
Chicago se ha comprometido desde hace tiempo a acoger a los migrantes. Pero que su número se multiplicara por 10 en los últimos días ha mermado sus recursos.
Los migrantes que aguardan una cama en los albergues administrados por la ciudad están durmiendo en el piso de estaciones de policía y en aeropuertos. Y dependen de donaciones para recibir alimentos, medicamentos y ropa.
Cuando los cruces fronterizos aumentaron a mediados del año pasado, los gobernadores republicanos de estados fronterizos enviaron a migrantes hacia ciudades gobernadas por demócratas, como Chicago, Nueva York y Denver, con el argumento de que sus propias urbes estaban saturadas.
El gobernador republicano de Texas, Greg Abbott, anunció esta semana que reanudaría un programa para enviar en autobús a los recién llegados a Chicago y otras ciudades.
Más de 8,000 migrantes han llegado a Chicago desde agosto, según funcionarios de la ciudad. Algunos vinieron en autobuses pagados por estados fronterizos; otros compraron sus propios boletos de avión o tomaron un vuelo pagado por grupos de asistencia.
El número de nuevas llegadas disminuyó durante el invierno a unas 10 personas por día. Pero hacia finales de abril aumentó a entre 75 y 150 personas por día.
La decisión se toma a días de que termine el Título 42 con la intención de proteger la frontera.
“Nuestro sistema rebasó su capacidad”, dijo el viernes Brandie Knazze, comisionada del Departamento para la Familia y Servicios de Apoyo de Chicago ante funcionarios locales. “No se equivoquen, estamos en un aumento y la situación no ha alcanzado aún su punto máximo”.
Las principales ciudades estadounidenses ya se preparan para la llegada de miles de personas más cuando el 11 de mayo expire una normativa que deniega el asilo con el argumento de impedir la propagación del COVID-19.
Pero el incremento ha comenzado más pronto de lo que esperaban las autoridades de Chicago, y temen que el traslado de migrantes desde Texas pueda causarles una mayor saturación.
“Sencillamente no tenemos más albergues, espacios, ni recursos para acomodar un incremento en los individuos a este nivel”, dijo el domingo la alcaldesa demócrata Lori Lightfoot en una carta dirigida a Abbott.
Abbott respondió también en una carta, en la que prometió enviar más autobuses de migrantes. Reiteró su exhorto a que la alcaldesa apremie al presidente Joe Biden para que impida los cruces de migrantes en la frontera, y subrayó que las llegadas han puesto en aprietos la capacidad de Texas.
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“Como alcaldesa de una autodeclarada ciudad refugio, es irónico escuchar que usted se queje sobre las dificultades de Chicago para atender a unos cuantos miles de inmigrantes ilegales, que son una fracción de los números récord que enfrentamos en Texas de manera regular”, escribió Abbott.
Si bien los migrantes tienden a permanecer poco tiempo en las ciudades fronterizas estadounidenses en su camino hacia sus destinos finales, la demanda de albergue temporal, alimentos y transporte ha aumentado. El Paso, Laredo y Brownsville declararon sendos estados de emergencia en antelación al levantamiento de las restricciones vigentes durante la pandemia previsto para la próxima semana.
Los migrantes que se albergaron en estaciones policiales esta semana dijeron que querían encontrar trabajo y mantenerse por su cuenta, pero necesitan albergue temporal y asistencia para movilizarse en un nuevo país. Sin embargo, se han visto atrapados en las dificultades de la ciudad para brindar albergue a tantos.
Una de esas familias ha estado viviendo en el piso de una estación policial en la parte noroeste de la ciudad durante ocho días, durmiendo sobre mantas delgadas facilitadas por una iglesia local y aseándose en el lavabo del baño de la estación mientras esperan que haya espacio en un albergue.
Las medidas incluyen reunificación familiar para Guatemala, Honduras y Colombia y la extensión del parole humanitario para cubanos, venezolanos, haitianos y nicaragüenses.
“Todos los días llamamos y todos los días nos dicen que hay que esperar”, manifestó el lunes Ibo Brandelli, que salió de Venezuela con su esposa y dos hijas en enero.
Después de que se entregaran a las autoridades fronterizas y consiguieran su ingreso en Estados Unidos a finales de abril, la familia se comunicó con una organización comunitaria que les facilitó boletos de avión y eligió Chicago por recomendación de conocidos.
El alcalde de la ciudad de Nueva York, Eric Adams, pidió el mes pasado al gobierno federal que concediera a la ciudad más asistencia financiera y agilizara los permisos de trabajo para las personas que han solicitado asilo.
La ciudad ha gastado $817 millones hasta ahora en alojamiento, atención médica y servicios para los migrantes, a un costo promedio de $380 por familia por día, según el director de presupuesto de la ciudad.
Más de 50,000 migrantes internacionales han llegado desde la primavera de 2022, aumentando las dificultades a un sistema de albergue ya sobrecargado. De acuerdo a la ley local y fallos judiciales, la ciudad está obligada a proporcionar albergue de emergencia a quien lo necesite.
Lo hicieron pese a las advertencias de personal de seguridad.
La ciudad ha intentado soluciones creativas, como arrendar hoteles completos en Manhattan y establecer albergues temporales durante el invierno en una terminal de cruceros.
En Denver, funcionarios anunciaron este mes que únicamente los inmigrantes que hayan solicitado formalmente permanecer en Estados Unidos podrán acceder a los albergues de emergencia.
La mayoría de los que han llegado a Denver desde el verano pasado podrían cubrir dicho requisito, pero grupos defensores de los inmigrantes aseguran que la política aumentará el número de personas que viven en las calles. Denver ha gastado casi $13 millones en albergue y ha apoyado a más de 6,000 migrantes.
Victoria Aguilar, una portavoz de Servicios Humanos de Denver, que ahora dirige cuatro albergues de emergencia para migrantes, atribuyó el cambio a una “falta de financiación, falta de política, falta de orientación de nuestro gobierno federal para poder responder a esta crisis de manera adecuada”.
Chicago administra ocho albergues dedicados a nuevos migrantes. Funcionarios municipales dijeron que han tenido dificultades para encontrar nuevos espacios con capacidad para albergar a más de 250 personas y aseguran que necesitan asistencia federal y estatal.
Mientras tanto, las familias migrantes están encontrando albergue donde les es posible.
Otra familia venezolana durmió en el piso de una estación policial en el sector noroeste durante casi dos semanas.
“Lo que queremos es estabilidad para nuestras hijas, estabilidad para nosotros, para que mis niñas vayan a la escuela”, dijo Yessica Chirino, quien salió de Venezuela con sus hijas de 15 y 5 años hace siete meses.
Chirino dijo que cruzó la frontera hacia Texas el 11 de abril. Una organización en Texas le ayudó a que viajara en avión a Chicago.
Chirino llama a diario a un teléfono que no es de emergencias en Chicago para preguntar si hay albergue disponible.
“Ya no sabemos en qué creer”, comentó.
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