La Asamblea Nacional (Parlamento) convocó para el próximo martes a los legisladores para una sesión en la que se desarrollará el juicio político contra el jefe de Estado, Guillermo Lasso, a quien la oposición lo acusa de presunto peculado.
Con base en la Ley Orgánica de la Función Legislativa y por disposición del presidente del Parlamento, Virgilio Saquicela, la Secretaría General de la Asamblea convocó a la sesión 872 del Pleno, que tendrá lugar a las 10:00 hora local del martes, en la sede de la Función Legislativa, en el cantón Quito.
De acuerdo con la convocatoria realizada este domingo, el primer punto del día es el Himno Nacional de Ecuador y el segundo, el “juicio político en contra del Presidente Constitucional de la República, Guillermo Alberto Santiago Lasso Mendoza”.
Según la oposición, Lasso incurrió en un supuesto peculado al tener conocimiento de presuntas irregularidades en un contrato firmado por la empresa estatal Flota Petrolera del Ecuador (Flopec) y la firma privada Amazonas Tanker y no haber actuado para evitar mayores perjuicios para el Estado.
En cambio, la defensa del presidente sostiene que los contratos fueron firmados bajo la anterior administración del expresidente Lenín Moreno (2017-2021) y que bajo el mandato de Lasso se pidió una revisión a la Contraloría (Tribunal de Cuentas) para renovarlos bajo las condiciones y observaciones realizadas por ese organismo.
El pasado martes, con 88 votos a favor, 23 en contra y 5 abstenciones, el Legislativo aprobó entrar en la última fase del proceso, donde habrá una interpelación a Lasso, que deberá defenderse ante la Cámara de mayoría opositora, que mantiene el control de la Asamblea, a tenor de las elecciones desarrolladas este domingo.
El ministro de Gobierno, Henry Cucalón, ya había adelantado que el gobernante asistirá a la convocatoria para ratificar “que no ha cometido ilícito alguno”.
Lasso “no ha cometido peculado alguno. Hasta el momento no existe prueba alguna, no la han podido demostrar porque no existe”, aseguró el pasado miércoles Cucalón al anotar que el juicio político “jurídicamente no tiene ni pies ni cabeza”.
“La posición del jefe de Estado es que, a pesar de todo esto, él va a acudir a la Asamblea Nacional a defender su posición y a demostrar la verdad”, dijo el ministro.
El funcionario opinó que el proceso contra Lasso “nació, se ha desarrollado y terminará sin prueba alguna, sin argumentación alguna y con muchísimos vicios, pero el presidente de la República, a pesar de eso, le debe un mensaje a su pueblo”.
En la Cámara, el gobernante ratificará que “no existe peculado alguno por parte del presidente, ni siquiera en la vía de la omisión, que no existe en materia penal el delito contra la administración pública, en el caso denominado Flopec”, anotó.
Una fuente de la Asamblea Nacional confirmó este domingo a EFE que, según la ley, en una primera sesión habrá la intervención del presidente y de los interpelantes. Además, la réplica y el debate.
“Se suspende la sesión por cinco días y luego va la votación”, apuntó.
Aunque el pasado martes solo estuvieron presentes en la sesión del pleno 116 de los 137 asambleístas, los votos favorables a continuar con el proceso fueron sólo cuatro menos de los 92 que necesita la oposición para alcanzar su propósito de destituir al mandatario, equivalentes a dos tercios de la Asamblea.
Entre los partidarios de enjuiciar a Lasso están varios grupos parlamentarios como Unión por la Esperanza (Unes), afín al expresidente Rafael Correa (2007-2017); el conservador Partido Social Cristiano (PSC), antiguo socio electoral de Lasso; el movimiento indígena Pachakutik y algunos independientes.
De esta forma, la oposición se manifestó en contra del informe que recomendaba archivar el proceso por falta de pruebas contra Lasso, elaborado por la Comisión de Fiscalización, que el pasado sábado no logró aprobar el documento y pasó al pleno de Legislativo.
En caso de que la oposición lograra los votos suficientes para la destitución del presidente, debería asumir la Presidencia el actual vicepresidente, Alfredo Borrero.
Lasso ya logró salvar en 2022 una situación similar en junio de 2022, cuando en medio de una oleada de protestas lideradas por el movimiento indígena la Asamblea votó una moción para destituir al presidente por grave conmoción local que reunió 80 votos.
Ahora el mandatario ha sido incluso quien ha deslizado la posibilidad de, llegado ese escenario límite, recurrir a la denominada “muerte cruzada”, una figura constitucional que permite al presidente disolver la Asamblea y convocar elecciones generales anticipadas para gobernar hasta entonces mediante decretos.
Esa posibilidad podría generar, según han advertido varios movimientos sociales, un estallido de protestas de grupos que aseguran haber sido golpeados por políticas neoliberales de Lasso.
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